La carta, a la que ha tenido acceso Energías Renovables, anuncia a Miguel Sebastián la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria de ASIF para el próximo 19 de enero de 2011, en la que se decidirá “el inicio y el alcance de las acciones legales contra el Real Decreto 1565/2010: recurso directo de ASIF y actuaciones individuales de reclamación”.
El presidente de ASIF, Javier Anta, firma una misiva que concluye mostrando al Ministro de Industria el camino de los tribunales “a la vista de las variadas y preocupantes informaciones que maneja (ASIF) sobre la inmediata publicación de una nueva normativa para la energía solar fotovoltaica, con disposiciones retroactivas muy perjudiciales para el sector fotovoltaico y para la propia seguridad jurídica del país”.
Tres maneras de reducir la tarifa
ASIF considera que Industria sigue sin explorar determinadas vías para disminuir la actual incidencia de la retribución fotovoltaica y critica que no avance por ellas antes de “promulgar otra regulación claramente perniciosa para el tejido empresarial español y para la credibilidad y confianza que España suscita en los inversores”. En concreto recuerda tres propuestas.
En primer lugar menciona la supresión de la prima equivalente a las instalaciones que cobran indebidamente la percepción más alta (la del RD 661/2007). Le pide que vaya más allá de la regularización voluntaria a la que tan sólo se acogieron 64,56 MW (www.energias-renovables.com). ASIF recuerda a Industria que ha vencido el plazo otorgado por la Comisión Nacional de la Energía a los titulares de 955 MW para que le remitieran la documentación que acredita su legalidad (www.energías.renovables.com), “sin que se conozca capitalización de ahorro alguno”.
En segundo térmico, ASIF considera que, dada la escasa potencia fotovoltaica que se ha conectado en los dos últimos años en relación con el cupo autorizado, “es obvio que deberían haberse ejecutado los avales que respaldaban los proyectos adjudicados y no realizados, con los subsiguientes ingresos, sin que se haya noticia de que se haya obrado en consecuencia”. Los promotores de una instalación autorizada dispone de doce meses para ejecutarla, ampliables a otros cuatro. Para garantizar el cumplimiento, los interesados están obligados a depositar un aval de medio millón de euros por MW en la Caja General de Depósitos. Si no realiza el proyecto perdería ese dinero.
Y en tercer lugar, hace meses ASIF puso en conocimiento de Industria que el aumento de la potencia pico de las instalaciones fotovoltaicas ya conectadas sin modificar su potencia nominal podría tener un impacto importante en la tarifa, que pasaría de 2.500 a los 4.000 millones de euros, según los cálculos de la asociación. (www.energias-renobales.com).
Por esos tres motivos la Asociación de la Industria Fotovoltaica pide a Miguel Sebastián que explore esas tres posibles caminos de ahorro antes de adoptar medidas retroactivas que afecten a todo el sector.
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www.asif.org
