Los pagos por capacidad, que aparecen recogidos ya en el artículo 16 de la Ley 54/1997, retribuyen a ciertas instalaciones grosso modo para que estén en guardia -tengan potencia disponible- por si acaso hay puntas de demanda, todo lo cual parece perfectamente lógico en momentos de crecimiento económico y de incremento de la demanda de electricidad. El concepto de pagos por capacidad incluye dos tipos de servicio: el incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo y el servicio de disponibilidad a medio plazo. Según el Boletín Oficial del Estado, el incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo -que es el pago más generoso de los dos- irá destinado "exclusivamente a promover la construcción y puesta en servicio efectiva de nuevas instalaciones de generación", algo que ahora mismo ya no es necesario, según la inmensa mayoría de los expertos, porque España cuenta a día de hoy con potencia instalada más que suficiente como para atender la demanda, cuya tendencia es además decendente desde hace cinco años como consecuencia de la crisis.
De la presunta ceguera administrativa
En esa línea de análisis, Anpier explica en su comunicado que los pagos por capacidad, que "van destinados, esencialmente, a las plantas de ciclo combinado y de cogeneración construidas por grandes eléctricas durante los años 2002-2011" son a día de hoy "absolutamente prescindibles". Y el motivo es el susodicho: hay exceso de potencia instalada en España (hay más de 102.000 MW listos para operar) y ha caído la demanda (el máximo histórico de demanda fue registrado a las 18.53 horas del 17 de diciembre del año 2007). Más aún: la asociación insinúa que la administración debería ser consciente de esa prescindibilidad -derivada del nuevo marco económico/energético-, pues todo apuntaba ya "claramente en esta dirección antes de que se iniciara la construcción de la gran mayoría de estos proyectos, puesto que la crisis económica, y su correlativa caída de la demanda eléctrica, se atisbaba con evidencia en el ejercicio 2007". Desde entonces, sin embargo, han sido instalados miles de megavatios de gas (más de 25.000) que se han acogido a esta ayuda.
"Pagar a cambio de nada"
Prescindible o no, lo cierto es que "el Estado -explica Anpier en su comunicado- ha previsto dichos ingresos [pagos por capacidad] para estas empresas de generación de energía, con un montante estimado para los próximos diez años, que sería de una magnitud superior al conjunto de las partidas presupuestadas por el Estado en 2013 para Sanidad (3.852,27 millones de euros), Educación (1.944,73 millones de euros) y Cultura (721,71 millones de euros)". Así, y según el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, los pagos por capacidad constituyen “una de las cargas más sorprendentes de nuestro sistema eléctrico, puesto que obliga a los ciudadanos a pagar a cambio de nada”. Martínez-Aroca recuerda además que “ninguna empresa española cobra del Estado por no producir nada, ninguna cobra solo por el mero hecho de que pudiera hacerlo". El presidente de la asociación insinúa por otro lado que estaríamos ante un caso de negligencia estratégica -de estrategia empresarial- por parte de unas compañías que ahora el Estado parece querer reparar: "nadie pidió a estas empresas que construyeran las plantas de ciclo combinado que ahora están sin utilizar".
Breve historia de los incentivos a la inversión
El 17 de noviembre de 2011, tres días antes de dejar el gobierno (recuérdese que el PSOE perdió las elecciones el 20N de 2011), el entonces ministro de Industria, Energía y Turismo, Miguel Sebastián, publicó en el Boletín Oficial del Estado una Orden Ministerial -la ITC/3127/2011, de 17 de noviembre- que subía nada más y nada menos que un 30% la cuantía de los denominados "incentivos a la inversión" . El "incentivo a la inversión" es definido por la Comisión Nacional de Energía como "un incentivo de largo plazo destinado a promover la construcción y puesta en servicio efectiva de nuevas instalaciones de generación a través de pagos que facilitarán a sus promotores la recuperación de los costes de inversión". Este incentivo "valía" hasta noviembre de 2011 veinte mil euros por megavatio y año: 20.000€/MW/año... a pagar durante diez años. Pues bien, aquel 17 de noviembre de 2011, tres días antes de que el PSOE dejara el gobierno, la orden de Sebastián subió un 30% el precio del incentivo, hasta los 26.000 euros (véase BOE, página 119540).
Garantizar el suministro
Diluida en mitad de la vorágine de unas elecciones generales que supusieron la mayor derrota histórica del PSOE, la orden, que pasó al principio inadvertida, no tardaría sin embargo en desatar el escándalo. Así, el Partido Popular, con Soria como ministro de Energía, reaccionó... hasta cierto punto. Porque si bien es cierto que rebajó esa brutal subida (30%), no lo es menos que no devolvió el listón a los 20.000 euros, sino que lo dejó en 23.400€/MW/año a percibir durante diez años. La idea que soporta esos pagos -incentivos a la inversión- es grosso modo "vamos a garantizar el suministro, pues no podemos disponer de energías renovables a demanda, dado su carácter variable". ¿Dónde está, pues, la trampa? Pues en que el sistema eléctrico nacional ya tiene potencia de respaldo, garantías de suministro, más que suficientes (entendidas estas por el gas, el carbón y la nuclear*) para evitar problemas de abastecimiento en caso de apagón súbito y simultáneo del sol y todos los vientos que en España son.
El margen de cobertura superaba el 20% ya en 2008
Lo dice la propia Comisión Nacional de Energía (CNE): "el operador del sistema [Red Eléctrica de España] considera que un escenario donde se asegure la garantía de suministro debe contar con un índice de cobertura no inferior a 1,1, o lo que es lo mismo, que presente más de un 10% de reserva de capacidad de cobertura de la punta de demanda prevista". ¿Y qué ocurre? Pues que el margen de cobertura superó el 20% ya en 2008. O sea, que, desde el año 2008, Red Eléctrica de España, la CNE y por ende el gobierno de la nación saben que contamos con un índice de cobertura superior a ese 1,1 (según datos REE de mayo del corriente, ese ratio oscila hoy entre el 1,22 y el 1,34). Bueno, pues a pesar de que todos los organismos lo tenían claro desde 2008, el último Ejecutivo PSOE incrementó en noviembre de 2011 ese "incentivo a la inversión" en un 30% y el actual Ejecutivo PP, aunque corrigió, ha mantenido la subida en un 17%.
Los que pagan las inversiones de las grandes multinacionales
¿Y cuál es la letra pequeña de ese incentivo a la inversión? Pues pongamos un ejemplo: el presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, y el presidente de Endesa, Borja Prado, inauguraron el 30 de marzo de 2011 la central de ciclo combinado Besòs 5, que, según Endesa, "tiene una potencia de 859 MW y ha supuesto una inversión de 436 millones de euros". Pues bien, si multiplicamos 859 MW por 23.400 euros y por diez años, la cantidad obtenida supera los 200 millones de euros, es decir, casi el 50% de la inversión que declara Endesa. ¿Conclusión? Los consumidores están pagándole a Endesa y compañía (Iberdrola, Gas Natural Fenosa...) más de la mitad de lo que cuestan sus instalaciones. Estamos pagándole a multinacionales italianas (Endesa pertenece a la empresa pública transalpina Enel) y cataríes (el principal accionista de Iberdrola es el Fondo Soberano de Catar) multimillonarias inversiones que, además, no pueden ser justificadas por mor de la seguridad del sistema, un sistema que, desde 2008, está sobrado, según saben la CNE, REE y el gobierno de la nación. [En la imagen, central de ciclo combinado de Iberdrola].
*Algunas tecnologías renovables también pueden dar respaldo. Los sistemas de almacenamiento de calor con los que cuentan muchas de las centrales termosolares españolas permiten, cada vez en mayor medida, prolongar la generación de electricidad en períodos sin insolación.
