Los promotores y productores andaluces entienden que decreto ley “no solo ataca retroactivamente la seguridad jurídica de las energías renovables, en general, sino que a la energía fotovoltaica, en particular, le exige un esfuerzo adicional durante los próximos tres años con la imposición de una limitación de horas que en la práctica implicará una pérdida de ingresos de más del 40 por ciento para las instalaciones andaluzas, tan sólo en el periodo de 2011 a 2014”.
En opinión de APREAN, la medida del gobierno central discrimina flagrantemente a Andalucía en particular, y en general a las instalaciones que mejor funcionan y que se encuentran en las localizaciones de España más aptas para la producción de electricidad mediante la tecnología fotovoltaica. Las menos eficientes, las instaladas en las zonas de peor recurso no se ven tan afectadas y la repercusión es mucho menor.
APREAN ha vaticinado que real decreto ley, “que cambia una vez más las reglas del juego a inversiones que ya se han realizado, dejará a muchos ahorradores sin capacidad para hacer frente a los créditos que habían pedido para las instalaciones”. El presidente de APREAN, Mariano Barroso, ha afirmado que “se penaliza, por tanto, a los que invirtieron a largo plazo, a los que apostaron por instalaciones más eficientes, probablemente más caras pero que producirían más y supuestamente darían mayor rentabilidad. En definitiva, se penaliza el buen mantenimiento y la apuesta por la investigación que permite sacar más partido a la energía solar”.
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