La asamblea ha pedido al Ministerio de Industria que retome las negociaciones que mantenía con las asociaciones del sector fotovoltaico, conversaciones que suspendió de forma unilateral, y consensúe con los agentes implicados las medidas que aseguren un desarrollo armonizado de la energía solar fotovoltaica en España.
APPA ha anunciado que estudiará todas las acciones que correspondan para denunciar ante los organismos europeos una legislación que, a en su opinión, atenta contra el espíritu de la directiva europea 2009/28 en la que se establecen una serie de objetivos vinculantes para España. Entre ellos, eliminar barreras. El Ministerio de Industria, dice APPA, no sólo no las erradica, sino que impone nuevas trabas económicas, técnicas y administrativas.
Las reflexiones realizadas durante la asamblea general de socios de la sección fotovoltaica de APPA se explican en un documento articulado en cuatro apartado cuya literalidad es como sigue:
Regulación de espaldas al sector y discriminación a la fotovoltaica
El pasado julio, tras una serie de reuniones mantenidas entre el Ministerio de Industria y el sector fotovoltaico, los representantes del Ministerio emplazaron al sector a continuar las conversaciones después de septiembre. Únicamente tres días después de esta comunicación, el Ministerio envió unilateralmente y sin acuerdo con las asociaciones a la CNE diversos borradores para iniciar la tramitación de la legislación que regulará al sector durante los próximos años. Para el presidente de la sección Fotovoltaica de APPA, “las modificaciones que se plantean en esta nueva regulación, actualmente en trámite, establecen nuevas barreras económicas, técnicas y administrativas para intentar frenar la conexión de nueva potencia fotovoltaica”.
Efectivamente, la fotovoltaica recibe, por parte del Ministerio de Industria, un trato discriminatorio con respecto a otras tecnologías en aspectos como la adaptación a los huecos de tensión o los criterios de calidad. APPA ha elaborado ya alegaciones a esta normativa solicitando el establecimiento de un período transitorio para realizar los cambios requeridos y unas compensaciones para adecuar las instalaciones antiguas.
Otro de los puntos controvertidos, los criterios de calidad, suponen un intervencionismo claro del Gobierno. Un intervencionismo a todas luces anacrónico, que no encaja con la legislación europea, y además innecesario puesto que los requisitos de calidad ya son exigidos por los financiadores de los proyectos. Estos requisitos, exigidos incluso a instalaciones de muy pequeña potencia, vienen a incrementar las barreras administrativas y técnicas que impiden el desarrollo de esta tecnología y vienen a sumarse a los cupos anuales asignados a la fotovoltaica o al prerregistro de asignación. “Además”, señala Javier García Breva, “se restringen los cupos al eliminar la potencia que no se ejecute en cada convocatoria”.
En el caso de la generación distribuida, modelo hacia el que Europa está evolucionando, se deja sin plazo la regulación del autoconsumo lo que viene a añadir aún más incertidumbre al futuro de la fotovoltaica. “La disminución de tarifas, entre un 45% y un 25% para suelo y techo respectivamente, que APPA reclama que se haga de forma escalonada, viene a constatar la voluntad política de frenar al sector fotovoltaico español e impedirá que se alcancen los objetivos marcados para 2020”, destaca García Breva.
Una legislación que atenta contra la Directiva europea
La Directiva 2009/28 establece unos objetivos vinculantes para España en materia de renovables, el 20% del consumo de energía final bruta deberá provenir de energías renovables en 2020, pero también exige que se luche contra las barreras administrativas y técnicas que existan en las normativas nacionales. Esta Directiva deberá estar traspuesta a la legislación española, como muy tarde, en diciembre de este año.
“Los últimos decretos no sólo ignoran esta Directiva, que lleva en vigor más de un año, sino que, en el caso de la eliminación de las barreras antes mencionadas, directamente atentan contra su espíritu”, se lamenta García Breva. “Dar al Ministerio de Industria la discrecionalidad de poder modificar las horas de funcionamiento de las plantas o eliminar la tarifa para las instalaciones a partir del vigésimo sexto año es abrir la puerta a medidas retroactivas y echa por tierra todos los esfuerzos realizados para conseguir un marco regulatorio estable”, destaca el presidente de la Sección Fotovoltaica de APPA.
La nueva regulación, de ser aprobada, sería contraria a la Directiva 2009/28 por lo que desde la Asociación de Productores de Energías Renovables se estudiarán todas las acciones que correspondan para denunciar esta situación ante los organismos europeos. “APPA va a exigir el cumplimiento de la Directiva europea para evitar unas medidas totalmente discriminatorias hacia el desarrollo de la fotovoltaica y que terminarían por hundir el sector nacional”, señala García Breva.
La industria fotovoltaica nacional condenada
La única tecnología que ha cumplido con creces los objetivos marcados para 2010, demostrando su capacidad de implantación y su velocidad de respuesta, ve como en los últimos años se han aprobado decretos casi anualmente para evitar su desarrollo. Existe en España un tejido industrial y profesional que se está perdiendo y será muy difícil de recuperar con posterioridad.
La regulación ministerial, unida a la campaña de desprestigio de esta tecnología, llevada a cabo incluso desde instancias oficiales, ha conseguido reducir la actividad del sector en más de un 90 % en los últimos dos años. Esto ha dado paso a un proceso de deslocalización industrial increíble en un país como el nuestro que necesita con urgencia un cambio de especialización productiva como el que aportan las energías renovables. “Se da la paradoja”, destaca el presidente de la sección Fotovoltaica de APPA, “de de que mientras en nuestro país se desprecia y se expulsa a los posibles inversores con la inestabilidad del marco regulatorio, el sector fotovoltaico está creciendo en todo el mundo a niveles del 40% anuales”.
Este crecimiento está haciendo que la competitividad de la tecnología fotovoltaica sea cada vez mayor y permitirá que en pocos años se convierta en la tecnología dominante en los sistemas energéticos de todo el mundo, tanto en las zonas rurales como urbanas.
Mix energético, externalidades, déficit de tarifa y subastas
La prueba de lo que pretende el Gobierno con respecto a la fotovoltaica queda reflejada en la sensible reducción de objetivos sobre el mix energético en apenas cinco meses. El llamado mix de Zurbano presentado el 1 de marzo fijaba el objetivo de la fotovoltaica para 2020 en 8.300 MW, mientras que el mix presentado a la Subcomisión de Energía del Congreso el 28 de julio reducía el objetivo a 6.700 MW. Si tenemos en cuenta que ya se han instalado 4.000 MW, el resto, 2.700 MW, dividido entre los diez años que restan para alcanzar el objetivo sitúa el mercado español casi la mitad por debajo de los 500 MW anuales establecidos en el RD 1578. “Esto”, resalta García Breva, “vuelve a poner de manifiesto que los problemas de la fotovoltaica en España no han sido generados por la tecnología sino por una pésima regulación”.
APPA exige al Ministerio de Industria el reconocimiento de las externalidades positivas de una tecnología clave, la fotovoltaica, para reducir la dependencia energética, las emisiones de CO2 y la intensidad energética, que son en realidad los problemas más graves de nuestro sistema energético.
El objetivo declarado del Ministerio es la reducción del déficit de tarifa y, a pesar de que se trata de un problema anterior a esta tecnología, ha encontrado en la fotovoltaica un culpable al que señalar. “Aunque mañana desapareciese hasta el último panel fotovoltaico del sistema eléctrico seguiría siendo necesario adecuar la tarifa a los costes de generación y seguiría existiendo el déficit de tarifa. Hoy la fotovoltaica tiene un peso mayor en nuestro mix energético pero eso no implica que sea culpable de los males de nuestro sistema, que ya existían antes de la irrupción de esta tecnología”, concluye el presidente de la Sección Fotovoltaica.
“Aunque se trate de culpar a la fotovoltaica de los problemas de nuestro sistema energético hay que decir claramente que los mayores costes del sistema son los combustibles fósiles. Precisamente, el Gobierno achaca la última subida del recibo de la luz anunciada al encarecimiento del gas y el petróleo que importa España por su gran dependencia energética”, señala García Breva.
La sección Fotovoltaica de APPA rechaza, asimismo, rotundamente la propuesta de subastas de la CNE para el mercado fotovoltaico. Para su presidente, “esto convertiría al sector en un coto cerrado al que sólo podrían acceder unas cuantas grandes empresas, eliminaría el carácter más social de la fotovoltaica e impediría el acceso a este mercado a la inmensa mayoría de ciudadanos”.
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