"Con rentabilidades como las que ha atribuido el presidente del Gobierno, 20-25%, las instalaciones ya estarían amortizadas, puesto que la gran mayoría de ellas datan del año 2008; cuando en realidad se adeudan 18.000 de los 20.000 millones de euros financiados por las entidades bancarias, que no han ocultado su preocupación", indica Anpier en un comunicado. "Rentabilidades de esa magnitud solo podrían haberse alcanzado por alguna instalación eólica aislada y con un ubicación y condiciones muy excepcionales y en manos de una gran empresa que hubiera asumido todos los eslabones precisos para su fabricación, instalación, puesta en marcha, mantenimiento e incluso financiación. Si el Gobierno tiene constancia de alguna instalación concreta con ese nivel de retorno que lo indique, puesto que seguro que ni es fotovoltaica ni pertenece a una familia", añade.
Anpier recuerda que fue el propio Estado el que impulsó estas instalaciones a través de una campaña de captación de ahorros familiares, fijando unas condiciones que se ofrecieron como inmutables y en función de las cuales se estructuraron las inversiones, cuyos retornos llegarían, en la mayor parte de los supuestos, a los diez años y que en ningún caso hubieran llegado, ni en el mejor de los supuestos, a alcanzar los dos dígitos de rentabilidad, puesto que, de acuerdo con la asociación, "las familias estaban al final de la cadena de valor, es decir, adquirían unas instalaciones a los promotores, como el que adquiere una vivienda de buena fe, en donde ya realizaron sus beneficios los fabricantes de paneles, los comercializadores, los instaladores y los promotores, además de los costes financieros propios de las entidades financieras".
La asociación reta también a Rajoy a que demuestre que la actual y futura rentabilidad que percibe el sector alcanza realmente el 7,38 %, afirmación que –asegura Anpier– "no es cierta y prueba de ello es la preocupación de la banca por la quiebra masiva de las instalaciones fotovoltaicas españolas, que están ahora a merced de que las entidades bancarias refinancien estas operaciones".
De ancuerdo con Anpier, "rentabilidades de la magnitud a la que se refiere el presidente Rajoy están reservadas por la Ley del Sector Eléctrico, RD 54/1997, aprobada por un Gobierno del Partido Popular, y por el nuevo marco, a las tecnologías nuclear e hidráulicas, en manos de las grandes empresas del sector y causantes de déficit de tarifa, como sostiene la propia Unión Europea".
