Anpier recuerda en un comunicado que la propiedad "del enorme potencial solar fotovoltaico de España" se está debatiendo en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que en estos momentos ultima las condiciones de las futuras subastas de generación renovable, para cumplir con la senda marcada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para electrificar los consumos de energía y descarbonizar la economía.
"Si bien es cierto que los megaproyectos fotovoltaicos -de hasta 800 MW con 1.500 hectáreas de superficie- gozan de unos costes más favorables gracias a las economías de escala, no se puede obviar que su desmesura genera impactos sobre el territorio; desequilibrios en el acceso y la eficiencia de las redes de transporte y distribución, las cuales copan; menores ratios de creación de empleo y una concentración de los ingresos que, además, lejos de quedar en las economías locales, transcienden de las fronteras del Estado para nutrir a grandes fondos de inversión, ahora ahítos de liquidez", añaden desde la asociación.
A juicio del presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca “esta concentración de los ingresos del sistema energético español en manos foráneas, por desgracia, parece inevitable desde la perspectiva del libre mercado; pero habría de circunscribirse a los proyectos que vayan a mercado, y no deberían obtener un beneficio añadido de las condiciones que ofrece el Estado en las subastas de generación renovable, que aportan una garantía mínima, por exigua que sea, en los retornos de la inversión. Esta cobertura de precios debería de orientarse, fundamentalmente, hacia el tejido local de base pyme”.
En la última subasta, en 2017, el 90% de los 3.000 megavatios fotovoltaicos se repartieron entre menos de 30 empresas, y se estima que más de un tercio estaría en manos de fondos internacionales; mientras que de los más de 8.000 MW proyectados o en construcción fuera de subasta, un porcentaje superior al 60% pertenece a grandes empresas, que concentran dichos beneficios y, en muchos casos, también transmiten la propiedad a fondos internacionales.
Diez propuestas
Anpier ha elaborado unas propuestas para que en las próximas subastas de generación de energía renovable no se siga favoreciendo la concentración desmesurada de la propiedad y se aproveche la oportunidad de redistribuir, al menos en parte, la riqueza solar en nuestro país, un activo que habría de ser priorizado entre las maltrechas economías rurales.
La propuesta de la asociación para la subasta de generación renovable se basa en diez puntos fundamentales:
1) Aval reducido de 10.000 €/MW para instalaciones de menos de 5 MW.
2) Plazos diferentes en función de las tecnologías. En el caso de fotovoltaica, plazo de ejecución de 3 años, con extensión de 6 meses adicionales con penalización.
3) Reserva del 20% de la potencia subastada para proyectos de hasta 5 MW y conectados a tensión de hasta 36 kW.
4) Prioridad para los pequeños proyectos (menos de 5 MW) en el acceso a conexión a red.
5) Prioridad en la tramitación administrativa para proyectos pequeños, que habría de ser simplificada y con plazos de resolución reducidos.
6) Limitar la capacidad obtenida en una subasta a un máximo de un 15% por agente.
7) Información pública y actualizada vía web del Ministerio para la Transición Ecológica de la capacidad de las redes de distribución, información que solo conocen las distribuidoras de cada zona y que no comparten, limitando la competencia y libre concurrencia.
8) Cuando se solicite potencia eléctrica en un punto de conexión, la compañía distribuidora debería indicar la potencia que se puede admitir de la propuesta, en el caso de que la solicitud exceda la potencia disponible.
9) Protección de terrenos de uso agrícola, penalizando en la subasta proyectos de más de 5 MW que ocupen suelos de regadío, salvo que el promotor garantice la compatibilidad de ambos usos.
10) Previsibilidad en la celebración de subastas a cinco años vista, con un calendario conocido y con unas condiciones definidas con suficiente antelación.
