España sigue perdiendo laudos internacionales por los recortes a las renovables, el primero en la Corte de Arbitraje Internacional del Banco Mundial, en Washington, y el segundo en la Cámara de Comercio de Estocolmo. "El escenario es desolador, puesto que estos son tan sólo los dos primeros laudos de una treintena que faltan por resolverse. Si se perdiesen todos los laudos arbitrales, el sistema eléctrico podría llegar a incrementar sus costes en unos 7.000 Millones de Euros", señalan desde Anpier.
La asociación explica que "la reforma que elaboró el Ministro Soria, miró para otro lado a la hora de acabar con los motivos de los precios altos de la energía -peajes inexplicables y un sistema disparatado de formación de precios en el mercado mayorista- y trató de minorar donde no correspondía, lo que ha resultado contraproducente para el desarrollo de un mix energético más eficiente y barato para el ciudadano".
Una circunstancia, continua Anpier, "a la que hay que añadir: las multimillonarias indemnizaciones a los inversores extranjeros; los gastos millonarios en abogados contratados para que defiendan un marco regulatorio legalmente insostenible; el difícilmente cuantificable daño a la credibilidad de seguridad jurídica en las inversiones realizadas en los sectores regulados españoles; y, lo que es más grave, la condena a la ruina de 62.000 familias españolas, que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético en España solicitado por el propio Estado".
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Esas familias ahora ven como este Gobierno debe indemnizar a los inversores foráneos, mientras abandona a sus nacionales, que sufren quebrantos muy superiores", añaden desde la asociación. A juicio del presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, “el quebranto sufrido por las 62.000 familias españolas fotovoltaica es insoportable, tanto en lo económico como en lo moral, y resulta inaceptable que, por una misma situación, el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y abandone a sus nacionales”.
Anpier ha venido denunciando durante los últimos años el atropello sufrido por los productores fotovoltaicos, que han soportado recortes de hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca si les exigía – "como es natural", puntualiza la asociación– el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancarías.
Ante esta situación, el Presidente de Anpier exige a Mariano Rajoy “que escuche al sector y trate de articular una solución consensuada, que sea definitiva y restaure el daño causado a los inversores, especialmente a las decenas de miles de familias españolas fotovoltaicas. Le pido a Mariano Rajoy y a su Gobierno que no persevere en el error de mantener un sistema profundamente injusto”.
Advertencia del Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo ya se pronunció sobre esta situación. Después de que Anpier advirtiera a esta institución de la elevada posibilidad de que se diera esta circunstancia, tal y como ha ocurrido, el Defensor respondió: “esta Institución considera que por un principio de igualdad material, no debería hacerse a los ciudadanos españoles de peor condición que a los inversores de terceros países. (…) De lo contario, el cambio retributivo de la energía fotovoltaica únicamente comportaría un sacrificio singular sobre un colectivo determinado (en este caso, los inversores españoles) que resultarían afectados de una manera especial al no tener a su alcance los medios que el Tratado de la Carta de la Energía habilita para los inversores extranjeros y, en particular, del recurso al arbitraje internacional".
El Defensor del Pueblo considera que "se daría además la situación paradójica de que los inversores españoles se verían perjudicados comparativamente en su acceso a las pertinentes medidas compensatorias”, y solicitaba "adoptar las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su retribución, no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía”.
