En la próxima década, Europa y España abordan la transformación energética más importante de la historia de la humanidad; ya no solo por la transcendencia del reto descarbonizador, que es el objetivo primero; sino también por el drástico cambio tecnológico en la generación y en la digitalización de los procesos, el advenimiento de la generación distribuida, fundamentalmente fotovoltaica, y por la tipología de propiedad que se integra en un sector dominado por la propiedad integradora y vertical de unos pocos operadores.
En este contexto, cuya hoja de ruta viene trazada por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), ocupan un papel relevante los pequeños desarrollos fotovoltaicos que se integrarán en las redes de distribución en un rango de potencia que va desde la pequeña instalación de autoconsumo de 3 kW a los parques de 5 MW. Un ámbito que ofrece soluciones de autoconsumo y generación para comercializar, un nicho que armonizará iniciativas de familias, pymes, autónomos, parques empresariales, ayuntamientos, cooperativas, etc, con un mismo denominador común: aprovechar la generación fotovoltaica y el generoso recurso solar del que disponemos.
La sociedad tiene la posibilidad de obtener ahorros, competitividad e ingresos. Se dispone de una tecnología madura –gracias en buena medida al esfuerzo de las 65.000 familias fotovoltaicas españolas pioneras–, unas empresas instaladoras experimentadas, una financiación accesible por la predisposición de la banca y los apoyos generosos de las administraciones, y una regulación que permite avanzar en la implantación de nuevos desarrollos fotovoltaicos.
En este nuevo horizonte se atisba el autoconsumo –individual o colectivo– como vector para fomentar la competitividad y el empleo. Por su parte, las comunidades energéticas serán colectivos que aportarán impactos positivos en las economías locales de los territorios. Además, está previsto que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aporte un mínimo de 100 millones de euros para dinamizar las comunidades energéticas y las instalaciones de autoconsumo colectivo.
Queda por consolidar el acceso de pequeños proyectos sociales de generación para venta a red, una línea aún pendiente de fomentar, porque la fotovoltaica no debe servir al ciudadanos y a las Pymes para obtener ahorros –gracias a las generosas líneas de ayudas, que cubren hasta el 40% de los costes de instalación– sino que debe favorecer que esto mismo actores sociales puedan obtener ingresos, complementos de renta, facilitándoles el acceso al sistema a unas iniciativas que no precisan ni reclaman apoyos económicos, simplemente unos mecanismos, habituales en otros países, que les faciliten acceso al mercado para evitar que éste vuelva a quedar en manos de unos pocos operadores.
A pesar de que la planificación de las administraciones es firme y que los objetivos son deseables, no se pueden obviar ciertas barreras, tales como obstáculos técnicos y falta de una cultura energética en nuestra sociedad que nos haga pensar en una penetración masiva de esta tipología de proyectos. Por lo que se espera que el proceso sea progresivo y se acelere conforme se vayan consolidando las certidumbres: las tecnológicas despejan cualquier duda cuando se ven los ahorros y la fiabilidad de las instalaciones, las normativas arrastran la rémora de una década de marasmo regulatorio con el estrambote de los draconianos recortes retroactivos de los pioneros fotovoltaicos, que han marcado socialmente a esta tecnología, pero con los nuevos impulsos que desde las administraciones –singularmente desde IDEA– se está generando un nuevo clima de confianza.
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