La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) hizo ayer, en la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, Genera, "una escenificación carnavalesca que muestra la esperpéntica situación" que padecen las 62.000 familias españolas -explica Anpier- que atendieron a una llamada del Estado y luego fueron traicionadas. La historia es la siguiente: el Estado tiene que cumplir con unos ciertos compromisos internacionales en materia de cambio climático, compromisos que implican reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para reducir las emisiones de CO2, lo mejor es generar electricidad con fuentes de energía renovable, como el sol. El Estado, sin recursos, decide entonces animar a la iniciativa privada para que sean particulares quienes aborden esa inversión -en huertas solares- y esa nueva electricidad (limpia) sustituya a la electricidad sucia que sale de centrales térmicas que queman carbón, fuelóleo o gas natural, fuentes todas de emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2.
Marco regulatorio
Para animar la inversión, el Estado le asegura a los propietarios de huertas solares que los kilovatios hora que generen sus instalaciones serán retribuidos a un precio concreto durante un período concreto. A la luz de ese marco, los inversores diseñan su hoja de ruta: invierto tanto; mi instalación genera tantos kilovatios hora (kWh); el gobierno avala (lo hace en el Boletín Oficial del Estado) que el precio que yo recibiré por cada kilovatio que produzca será tanto (gracias a ese aval, por cierto, he obtenido un préstamo del banco, que me ha dicho se fía de los boletines oficiales del Estado); y, dado lo dado, puedo devolver mi crédito en tales plazos; amortizo mi inversión en tales otros; y, finalmente, obtengo la rentabilidad que persigo.
¿Y qué pasó?
Pues que el Estado cambió la legislación, recortó, recortó y recortó la retribución prometida, y ahora miles de familias se encuentran con un escenario que nada tiene que ver con el que prometió ese mismo Estado. Según algunos estudios, más del 92% de esas instalaciones han estado o están al borde del concurso de acreedores y/o se han visto obligadas a renegociar con el banco (imagine el lector la capacidad de negociación de esas familias).
Pues bien, en ese marco, Anpier escenificó ayer en Genera "el circo de la inseguridad jurídica"
Lo hizo en un stand que ha decorado como un auténtico circo en el que un director de pista invita a los visitantes: "pasen y destrocen las instalaciones fotovoltaicas familiares". El director de pista -explican desde Anpier- ofrece unas pelotas de goma con distintas inscripciones (Gobiernos, Recortes, Retroactividad, Oligopolio, Impuesto al Sol…). Con ellas, se pueden “tumbar” las pequeñas instalaciones fotovoltaicas recreadas en el fondo del stand. Según Anpier, la escenificación pretende recrear "una triste metáfora: el cómo, año tras año, a través de más de nueve medidas retroactivas, acompañadas de una campaña de estigmatización social del colectivo, haciéndoles responsables de todos los males del sistema, se está expulsando a los pequeños productores actuales y disuadiendo a otros que pudieran tener la inquietud de participar, aunque fuera de una manera muy marginal, de la generación energética".
Seguridad jurídica a la carta
El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, lo explica así: "para todos los españoles, la Seguridad Jurídica era, o pensábamos que era, una garantía constitucional incuestionable, pero ahora la contemplamos, la sufrimos, sometida a retorcimientos grotescos con los que se pretenden justificar lo injustificable, porque en este país se ha creado una Seguridad jurídica a la carta: sólida para unos, los grandes, pero volátil para otros: los ciudadanos, que han recibido con claridad un mensaje: este sector, el energético, no es para vosotros”.
Martinez-Aroca ha recordado que “cualquier actividad está sometida a riesgos, y la nuestra también, porque las instalaciones fotovoltaicas requieren una gestión, unos mantenimientos y están sometidas a contingencias, como pueden ser situaciones climatológicas adversas, robos, averías, etc. Pero nunca imaginamos esta situación de indefensión que también soportan, en otro orden de magnitud, inversores internacionales, que han colocado a España en la cúspide de ranking de países demandados por quebrantar la Carta de la Energía”.
