La asociación fotovoltaica recuerda que fruto de esa reforma un 36% de los productores soportan rentabilidades negativas, mientras que solo un 3% han llegado a obtener el 7,4% que aseguraba el Gobierno que alcanzarían todas y cada una de estas instalaciones con la reforma.
“Al cambiar drásticamente la estructura de la amortización, el 100% de las familias productoras ha tenido que refinanciar o soportar los pagos mensuales con recursos propios, lo que ha supuesto aportar garantías adicionales a los bancos, aceptando, además, tipos de interés más altos a cambio de extender los periodos de amortización, de tal manera que hiciera posible soportar los pagos mensuales”, destaca Anpier.
Además, estas 300.000 personas deben de soportar, de acuerdo con Anpier, “las reiteradas manifestaciones públicas que, de manera sesgada, culpabilizan al colectivo del déficit de tarifa y de los altos precios de la energía”. La asociación asegura que ambas son “falaces, como ha quedado acreditado desde la propia Unión Europea, que encuentra la causa de los males del sistema eléctrico español en las sobre retribuciones que ingresan las grandes empresas del sector y que bien podrían explicar que en un escenario de crisis, con precios altos de la energía y déficit del sistema, registren un volumen anual de beneficios inaudito”.
Respuesta en las urnas
Para Anpier, la insistencia del Ministro Soria en que los productores alcanzaban rentabilidades de hasta dos dígitos y que con el nuevo marco se ha garantizado el 7,4% de retorno, es “una frivolidad lacerante que será muy tenida en cuenta en las urnas”. Para expresar su rechazo, la asociación ha convocado a los productores fotovoltaicos a manifestarse frente al Ministerio de Industria el próximo mes de octubre, como ya hicieron más de 8.000 afectados el pasado 21 de junio.
Miguel Ángel Martínez-Aroca, Presidente de Anpier, concluye: "es surrealista que las condiciones que ponderó el Estado con el objeto de sacarnos el dinero de nuestros bolsillos para desarrollar la fotovoltaica ahora sean consideradas exageradas y ofrecidas a la sociedad como un abuso, es un ultraje que no vamos a consentir. Esta situación se ha dado en todos los países de la Unión Europea y en todos se ha respetado la seguridad jurídica, nosotros hemos cumplido nuestro cometido y ahora nos quieren expulsar para que nadie logre provecho de nuestro logro, ni los pequeños productores ni la sociedad, sólo las grandes empresas de siempre"
