AEF ya se ha personado ante el Tribunal Supremo. Fuentes de la asociación han explicado a Energías Renovables que “según establece el procedimiento jurídico, antes del 24 de enero, los recurrentes deben exclusivamente comunicar al Supremo que se personan ante el mismo, en relación con el Real Decreto 1565/2010. Luego se abre un periodo en el que se puede desarrollar el recurso, mediante la memoria jurídica, para lo que hay otro plazo. AEF se ha personado y manifestado su propósito de seguir el proceso. Es lo que marca la Ley”.
El recurso ante el alto tribunal tiene lugar porque, en opinión de AEF, el RD 1565/2010 aprobado el pasado mes de noviembre vulnera las reglas del juego establecidas por el gobierno y a las que se acogieron el 95% de las instalaciones fotovoltaicas que actualmente operan en España. Según estableció en su día el RD 661/2007, las plantas tenían derecho a cobrar la prima durante 25 años y a partir del vigésimo sexto percibirían un 80% durante el resto de su vida útil.
Con la norma de noviembre el Ministerio de Industria elimina las primas de todas las instalaciones más allá de los 25 años, lo que en opinión de AEF “constituye una agresión contra la estabilidad regulatoria y la confianza legítima que todo acto de gobierno debería garantizar para aquellas decisiones empresariales que se han gestado al amparo de la garantía legal del Estado”.
Asimismo estima AEF que la supresión de las tarifas reguladas “se ve agravada por otras medidas que modifican sustancialmente el régimen económico por el que, desde 2008, se vienen rigiendo las instalaciones ya existentes. Especialmente aquellas que establecen la exigencia de modificaciones técnicas en flagrante atentado contra el principio de igualdad jurídica, porque discriminan a la fotovoltaica frente a otras tecnologías, privándola de un trato de equidad en las condiciones, los plazos de ejecución o las compensaciones económicas que, en los casos de las otras fuentes de generación renovable, sí se contemplan”.
Cuatro veces en cuatro años
La Asociación Empresarial Fotovoltaica ha recordado que las normas para el sector fotovoltaico se han cambiado cuatro veces en cuatro años creando “una situación de desconcierto nacional e internacional respecto de la voluntad real del gobierno español sobre su apoyo a las energías renovables” que pone en riesgo inversiones realizadas por valor de 20.000 millones de euros.
La Junta Directiva de AEF ha manifestado que se acuerda “defender, ante cualquier situación de ilegalidad o incertidumbre jurídica o regulatoria, los intereses reconocidos de los empresarios, inversores y productores en cualquiera de las instancias nacionales o internacionales y con todos los recursos que ofrece a los ciudadanos cualquier Estado de Derecho”.
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