La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) han enviado sus propuestas al Ministerio de Industria. Falta por hacerlo la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), que aún trabaja en ello. Las propuestas de ASIF y APPA coinciden en que acabando con determinadas irregularidades se ahorrarían entre 500 y 800 millones de euros anuales. Sería la ganancia por hacer cumplir la ley.
Se refieren las dos asociaciones al hecho de que existen instalaciones fotovoltaicas que no cumplen con los requisitos exigidos para percibir la retribución que establece el Real Decreto 661/2007, una prima a la producción mucho más alta que la del actual Real Decreto 1578/2008. No tienen derecho a percibir la prima más ventajosa, la del RD 661, aquellas instalaciones que no estuvieran terminadas a finales de septiembre de 2008. En la práctica, sin embargo, esto no parece ser estar siendo así.
ASIF estima que en 2008 se importaron unos 2.000 MW de paneles y “una cantidad muy importante cruzó las fronteras y aduanas españolas en fecha incompatible con su montaje a finales de septiembre”. Podrían ser unos 600 MW los que habrían excedido el plazo límite y, en consecuencia, estarían cobrando una retribución que nos les corresponde. “Las inspecciones realizadas por la Comisión Nacional de la Energía”, afirma APPA, “concluye que existe un número relevante de instalaciones fotovoltaicas que no cumplen con los requisitos exigidos”. La solución, es la propuesta de ASIF y APPA, es corregir el régimen económico. Así el peso de la fotovoltaica en la tarifa eléctrica se reduciría entre 500 y 800 millones de euros al año, una buena cantidad sobre los 2.600 millones de euros que cobraron en 2009 los promotores fotovoltaicos.
El Ministerio de Industria mantiene silencio sobre el contenido de las propuestas. Se estudian todas las opciones, se mantiene el calendario de tener la regulación lista antes del 1 de julio, y se recuerda que faltan las aportaciones de la Asociación Empresarial Fotovoltaica. Fuentes del departamento de Sebastián consultadas por Energías Renovables han mostrado su sorpresa porque las aportaciones realizadas por el sector fotovoltaico se hayan centrado en los presuntos cobros irregulares acogidos al RD 661.
Afinar el precio de las previsiones para ahorrar 450 millones
El documento de APPA enviado a Miguel Sebastián, además de acabar con el cobro irregular de primas, pone el acento en una revisión completa del sistema eléctrico y propone dos actuaciones muy concretas. La primera es una “revisión del régimen económico de las instalaciones de Régimen Especial acogidas a retribución fija”. Para evitar una desviación sobre coste que APPA explica de la siguiente manera. Al elaborar las tarifas eléctricas de 2009 se partió de la hipótesis de que el precio medio del mercado de producción de energía eléctrica iba a ser de 58,43 €/MWh, cuando finalmente fue de 36,96 €/MWh. “El impacto de esa variación de precios en los costes se debe principalmente a las instalaciones que tienen una retribución fija independiente del precio del mercado, que en 2009 aportaron cerca de 21.000 GWh, el 37% del total de Régimen Especial”. La diferencia entre su retribución y el precio que reciben del mercado mayorista, al resultar éste menor de lo previsto, contribuyó en 2009 a la desviación por valor d450 millones de euros. La segunda modificación apela a la necesidad de legislar a favor del autoconsumo, ya que las previsiones señalan que en breve la electricidad producida con tecnología fotovoltaica alcanzará la paridad de costes con la energía red.
Reducir la especulación
La tramitación de los proyectos, explica APPA, es tan larga (dos años para cubierta y siete para suelo) que las autorizaciones se ha convertido en un bien preciado y caro. Su compra-venta (superior en algunos casos a 1 millón de euros el MW) ha encarecido las inversiones impidiendo una mayor competitividad de la energía solar fotovoltaica. Para evitar esta situación, APPA propone la simplificación de la concesión de acceso a redes en las instalaciones sobre cubierta, y una aclaración el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ya que muchos ayuntamientos computan el valor de lo instalado (los módulos solares) a la hora de cobrar impuestos y tasas. Así mismo, pide la simplificación de las licencias de obra.
