Se refiere COAG al Real Decreto-Ley 14/2010 con el que el gobierno anuncia que se reducirán las horas de producción con derecho a cobrar la llamada prima fotovoltaica durante tres años. Este supone en la práctica se cobrarán un 30% menos dependiendo de la zona climática en la que se encuentre la instalación, según los cálculos realizados por el sector fotovoltaico.
De acuerdo a los datos facilitados por COAG y ANPER (Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables) a Energías Renovables los agricultores y ganaderos han invertido y son copropietarios de una cuarta parte de las aproximadamente 52.000 instalaciones solares que existen en España. Son pequeños inversores, no propietarios únicos de las plantas, a través de fórmulas como las comunidades de bienes, las comunidades de regantes, las cooperativas, o aportaciones familiares a un proyecto.
Las comunidades más afectadas, según COAG y ANPER, son Cataluña y Murcia, son 15.000 y 10.000 perjudicados respectivamente. Los otros 25.000 agricultores se reparten fundamentalmente por las comunidades de Valencia, Andalucía, Extremadura, Navarra y País Vasco.
Adiós a la jubilación
“El impacto es muy grande” -explica a Energías Renovables Miguel Ángel Martínez-Daroca, secretario de ANPER-, “porque hubo muchas personas que creyeron en la seguridad del gobierno, de la Unión Europea y de la Constitución. Hemos estado al servicio del gobierno cuando pidió ayuda a los ciudadanos para reducir las emisiones de CO2, para cumplir con Kioto y con la Unión Europea. Ahora cuando estamos atados de pies y manos por las inversiones realizadas el gobierno baja la retribución un 30%. Es un atentado directo a la seguridad jurídica. Es un disparate retroactivo que no tiene antecedentes ni en España ni en la Unión Europea”.
Las inversiones realizadas por el sector agropecuario, afirman desde COAG, responde a la necesidad de agricultores y ganaderos de complementar la pensión agraria, que asciende a 518 euros al mes. Perder un 30% de la retribución actual significará poner en cuestión esa ayuda a la jubilación ya que muchos productores no tendrán suficiente liquidez para afrontar los préstamos que pidieron para invertir en fotovoltaica. Unos créditos que, como media, se solicitaron a un plazo de entre 10 y 15 años.
“Se trataba de mejorar los ingresos con una inversión a largo plazo basada en la seguridad del estado” -explica Miguel Ángel Martínez-Daroca. “Lo que no sabíamos es que el estado iba a ceder ante las eléctricas e iba a dejar a los pequeños inversores a los pies de los caballos”.
COAG ha anunciado que a través de ANPER acudirá a los tribunales porque ante una nueva regulación “las consecuencias no las puede pagar el pequeño productor que ha invertido en un negocio regulado, a largo plazo, con unos márgenes muy ajustados (compartidos con los bancos y Hacienda), confiando en la seguridad que ofrecía el Estado y con la esperanza de tener una jubilación digna”, ha asegurado Miguel Padilla, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG.
Más información
www.anperasociacion.es
www.coag.org
