El Real Decreto-ley 23 establece que en las subastas se pujará por el precio de la energía eléctrica, expresado en euros por megavatio hora, y se adjudicará el producto a subastar aplicando un mecanismo de pago según oferta. UNEF ve con buenos ojos la propuesta, a la que aún le falta en todo caso el correspondiente desarrollo reglamentario. “El modelo de subasta aprobado, que marca un precio por la energía generada y pay-as-bid [pago según oferta], da claridad a los participantes, evitando sobre retribuciones y ofertas predatorias, y permitirá –explican desde la asociación– poner en marcha rápidamente el sector fotovoltaico”. UNEF considera las subastas “un elemento clave para capturar el mejor precio posible para los consumidores y garantizar un desarrollo estable y ordenado del sector fotovoltaico”. La patronal FV asegura que la estabilidad y la previsibilidad en la trayectoria de desarrollo de este mercado son “indispensables” para dar una señal de largo plazo y atraer los más de 20.000 millones de euros en inversiones con capital privado necesarios para cumplir con los objetivos de nueva capacidad fotovoltaica a instalar definidos por el Gobierno de cara a 2030.
Respecto a las subastas para las Islas Canarias, UNEF valora positivamente el establecimiento de un régimen especial, al tratarse de territorios con características muy singulares. El sector fotovoltaico –señalan desde la patronal– cuenta con un tejido industrial fuerte y competitivo formado por empresas líderes a nivel internacional y, si se establece un calendario claro de subastas, las empresas con producción nacional en la cadena de valor podrán dimensionar sus instalaciones y tendrán la certidumbre suficiente para tomar decisiones, como la ampliación de su cadena de producción (con este RDL, el Gobierno se viene a comprometer a convocar las subastas periódicamente).
Además, UNEF valora positivamente la reforma que propone el RDL 23 de la regulación de Acceso y Conexión a la red, “que permitirá dar prioridad a los proyectos maduros y reales, sin perjudicar a los pequeños desarrolladores, así como las medidas de simplificación de la tramitación de los proyectos FV”. UNEF es rotunda sobre el particular: “cada día que se pierde debido a los largos plazos administrativos es un día perdido en la reducción de emisiones de gases contaminantes y en la creación de puestos de trabajo, por lo que la racionalización de estos procesos es un elemento positivo”. Asimismo, UNEF celebra que este Real Decreto-ley dé impulso a nuevos modelos de negocio regulando la figura del almacenamiento y de las comunidades energéticas y permitiendo la hibridación de los proyectos.
Los reales decretos-leyes son disposiciones legales que entran en vigor en el momento de ser aprobados por el Gobierno pero que deben ser convalidados en un plazo de 30 días por el Congreso de los Diputados para mantener su vigencia. El debate de cada uno de ellos comienza con la defensa del mismo por parte de un miembro del Gobierno y la posterior fijación de posturas de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Los grupos podrán solicitar que estos sean tramitados como proyectos de ley por la vía de urgencia, que deberá ser aprobado por el Pleno de la Cámara.
