Hace solo unas semanas celebramos el V Foro Solar, un encuentro en el que marcamos un nuevo récord de participación (más de 600 asistentes) y que estuvo marcado por el entusiasmo, un entusiasmo que lo llenó todo después del punto de inflexión que, para el desarrollo de grandes plantas, había supuesto la subasta del año pasado (de la que salieron más de 3.900 megavatios en proyectos fotovoltaicos). Y ahora nos encontramos ante un nuevo punto de inflexión: este, para los proyectos de autoconsumo, con la aprobación del Real Decreto-ley 15/2018.
La eliminación de las cargas y peajes a la energía autoconsumida, el popular impuesto al Sol; la eliminación de barreras administrativas; la reglamentación del autoconsumo colectivo; y la facturación neta alientan expectativas de crecimiento para el sector. En UNEF estamos orgullosos del papel jugado por nuestra asociación, en conjunto con las principales fuerzas sociales y políticas, en la consecución de esta regulación. Han sido años de trabajo para sentar las bases del momento actual.
Esta racionalización de la regulación del autoconsumo en un entorno de libre mercado, sin subvenciones pero también sin barreras, ni económicas ni administrativas, ha hecho que en las últimas semanas las peticiones de ofertas a las empresas de autoconsumo se incrementen un 30%.
Sin embargo, no todo el trabajo regulatorio está terminado, queda el paso, muy importante, de la aprobación del Real Decreto (RD) de Acceso y Conexión, y el RD de Autoconsumo que simplifique y clarifique la tramitación administrativa de las instalaciones evitando la situación anterior de discrecionalidad y confusión generalizada. Como dicen los anglosajones: “el diablo está en el detalle”.
Además de ello, es necesario que se aclaren las tramitaciones y características de los proyectos de autoconsumo colectivo y, en especial, la definición del concepto de “proximidad”, que abre campos de trabajo muy interesantes, y el funcionamiento de la facturación neta.
También sería muy importante avanzar en una reformulación de la factura eléctrica, que redujera la anomalía española de contar con un término fijo muy superior a la media internacional, lo que desincentiva las inversiones en eficiencia energética y autoconsumo.
Otro hito muy importante para el sector en el presente año ha sido la aprobación de la Directiva de Energías Renovables, que, entre otras muchas cosas, establece: la obligación de los estados miembro de garantizar que los ciudadanos tengan derecho a generar energía renovable para su propio consumo, puedan almacenarla y vender el exceso de producción, al menos al precio de mercado; la simplificación administrativa y el establecimiento de la seguridad jurídica y la no retroactividad para las inversiones renovables.
En las últimas semanas, otro de los hitos que se ha producido y que va a marcar la futura década de la fotovoltaica en España es el anuncio de la propuesta de Ley de Cambio Climático. Esta propuesta de Ley parte de un buen planteamiento: el incremento del objetivo español sobre el establecido por la Unión Europea a un posible 38% y el reconocimiento del papel clave que puede jugar la tecnología fotovoltaica en la transición ecológica.
A este respecto han surgido dudas sobre la factibilidad de alcanzar el objetivo de 50 nuevos gigavatios de energías renovables a instalar de aquí al año 2030. Por nuestra parte no hay dudas sobre la factibilidad del reto, pero la importancia del objetivo hace que tenga que ser visto como un “objetivo País” que cuente con el consenso de las fuerzas políticas y se alineen todos los actores que participan en el mismo.
Hay cuatro incógnitas que resolver para definir el grado de consecución que se puede alcanzar del objetivo: Industria, Financiación, Tramitaciones administrativas y redes.
Por parte de la industria hay interés y capacidad para alcanzar los 50 GW y, en el caso fotovoltaico, al menos, no existen cuellos de botella en este sentido que puedan poner en riesgo el objetivo.
La financiación de los proyectos puede ser un limitante, pero se puede resolver. Por el volumen inversor necesario parece dudoso, por límites de acumulación de riesgos, que sea posible conseguir el dinero suficiente solo con los bancos españoles. Hay bancos internacionales ya interesados en financiar, pero otros no se olvidan de la experiencia de inseguridad jurídica de los últimos años. Por ello, para facilitar la financiación necesaria para la transición ecológica, sería conveniente buscar una fórmula de cese de la incertidumbre jurídica institucionalizada tanto para los proyectos del pasado, tanto para los de prima, como para los acogidos a subasta.
Las nuevas subastas que se convoquen deberían ser homologables internacionalmente en función de un precio claro por kilovatio hora, que sería el que recibiría el promotor durante toda la vida regulatoria del proyecto. Estas subastas deberían reconocer un tratamiento especial para los pequeños proyectos y para los extrapeninsulares. En este sentido, ha sido una buena noticia el anuncio de los términos de la largamente esperada subasta fotovoltaica para Baleares.
La tramitación administrativa se puede convertir en un cuello de botella si no se revisan los procedimientos de forma que se instrumente la simplificación adecuada, se garantice la transparencia e imparcialidad y además los organismos responsables de la evaluación de los expedientes se doten de los medios y recursos suficientes para la agilización de las tramitaciones.
Las redes se convierten en el elemento clave, y quizás el más problemático, para alcanzar los objetivos. Se debe agilizar la planificación de las redes y adecuarse a las necesidades de las tecnologías renovables en tiempo y forma y respetar la transparencia en la concesión de los puntos de conexión.
No se debería perder la ocasión para que este desarrollo renovable contribuya a la consolidación de un sector industrial que, maximizando el componente local, genere riqueza para el país. Para ello, además de desarrollar un Plan Integrado de Industrialización, sería necesario como condición “sine qua non“ el trazar una senda de crecimiento anualizada que dé visibilidad de mercado a los posibles inversores industriales y en I+D.
2.018 ha sido un año de entusiasmos e ilusiones; esperamos que 2019 sea el año en el cual todas estas esperanzas se comiencen a transformar en realidades.
Nota
Esta tribuna fue escrita apenas unos días antes de que el Ministerio para la Transición Ecológica anunciara el comienzo de la tramitación del anteproyecto de ley que establece las "nuevas tasas de retribución financiera aplicables a las distintas actividades con retribución regulada del sistema eléctrico para el periodo 2020-2025". Ese anteproyecto, que aún debe convertirse en un texto regulatorio firme, propone que la tasa de rentabilidad (7,389%) que actualmente tienen reconocida las instalaciones anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013 se mantenga estable hasta el 31 de diciembre del año 2031. Sobre este anteproyecto, UNEF ha dicho lo siguiente: "con esta medida, esperamos que se ponga fin al marco cambiante y a la incertidumbre jurídica institucionalizada".
