El ayuntamiento de Madrid ha anunciado recientemente su decisión de eximir hasta de un 50% del importe del IBI y durante un máximo de tres años a todos aquellos inmuebles, residenciales o no, que instalen en sus cubiertas o fachadas sistemas de autoconsumo fotovoltaico. El límite de la exención es el 60% del coste del sistema instalado.
En numerosos artículos me he manifestado contrario a las subvenciones, porque toda subvención tiende a distorsionar el delicado equilibrio del mercado. Pero esto no es una subvención. Tiene la virtualidad de representar una ayuda económica atractiva, más simbólica que práctica (a base del 50% de tres IBI’s consecutivos difícilmente alcanzas el 60% de ninguna instalación salvo, quizás, en edificios institucionales) pero da difusión pública a las soluciones de autoconsumo, atrae la atención de los ciudadanos e instituciones, y subraya su alto valor social, al otorgársele este apoyo público.
En España, país de paradojas, tenemos un “lucro cesante” energético realmente clamoroso. Cualquiera del 1.600.000 de instalaciones fotovoltaicas domésticas de Alemania o de las 700.000 del Reino Unido, producirían en nuestro territorio, al menos un 50% más de energía debido a la elevada insolación media de nuestra península. Pese a ello, el número de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en España, dicho con cierto optimismo, no llegará a las 30.000. Aunque este dato es casi imposible conocerlo.
En esta coyuntura sería deseable la intervención de otros actores que podrían generar efectos muy positivos. Me refiero a toda la cadena de suministro del sector de la edificación y la construcción. Estudios de arquitectura y diseño de edificios que incorporen a sus proyectos desde cero soluciones de autoconsumo fotovoltaico, constructores, rehabilitadores de viviendas, ingenierías de eficiencia energética, un amplio mundo de profesionales con altísimo poder prescriptivo que pueden ser un extraordinario catalizador de un proceso de transición energética que a toda la sociedad interesa que se haga más pronto que tarde.
Un interesantísimo efecto colateral de este proceso sería el desarrollo de un sector profesional e industrial español que atendiese ese mercado fotovoltaico, llamado a ser masivo no tardando mucho. Un sector de alta tecnología y valor añadido, que precisaría perfiles laborales cualificados y que pondría su grano de arena en el tan deseado cambio de nuestro desgastado modelo productivo nacional.
Los poderes públicos siempre se han cuidado de difundir mensajes encaminados al interés general: desde consejos y normas de seguridad vial, hasta la promoción de la donación de órganos para trasplantes.
Me llama la atención que para un asunto tan sensible como este, y considerando el absurdo y contaminante mix energético de España, no se estén apresurando las instituciones públicas para animar a la ciudadanía a que quienes puedan y quieran adopten soluciones de autoconsumo en sus viviendas, comercios, talleres o cualquier tipo de instalaciones que lo puedan permitir.
España ha suscrito un compromiso de estado – no de partido ni de gobierno – y no sólo con sus socios europeos. Los ciudadanos vamos a exigir al gobierno que le toque el cumplimento de ese compromiso, no porque nos vaya mucho en ello, sino porque nos va todo. Lo nuestro, de nuestros hijos y nuestros nietos.
El gobierno del señor Sánchez parece tomarse en serio estos compromisos. Esperemos que sus responsables consideren este Real Decreto Ley 15/2018 como un mero principio, y no como tarea cumplida. Y esperemos, también, que la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático, recientemente inaugurada en Katowice (Polonia) en su 24ª edición (COP24), permita de una vez avances significativos y medidas concretas para el despliegue de los Acuerdos de París y que reúnan avances y medidas que compensen la tibieza con que este asunto ha sido tratado en el reciente G20 de Buenos Aires mientras los indicadores de cambio climático siguen empeorando.
Aún tenemos todo por hacer.
