El Consejo de la Unión Europea aprobó el pasado mes de febrero la directiva sobre el blanqueo ecológico. A partir de ahora, Europa considera fraude cualquier declaración, signo distintivo, o incluso imagen relacionada directa o indirectamente con el medio ambiente “cuando solo se refiera a un determinado aspecto del producto o a una actividad específica de la empresa”. Cuando sin mentir se engaña.
A su vez, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España presentó hace unas semanas una guía de buenas prácticas comunicativas en el ámbito del Consumo Sostenible y Greenwhasing, y anunció que daba comienzo el trámite de la consulta previa para una Ley de Consumo Sostenible.
En este contexto, Iberdrola decide denunciar a Repsol por publicidad engañosa y competencia desleal al considerar que ha incurrido en “greenwhasing”. La octava compañía más contaminante en España en 2022, según el Observatorio de Sostenibilidad, que se jacta en su página web de liderar la transición energética, acusa al número uno por eco postureo. Casi nada.
Aunque es una buena noticia que un tema así llegue a los juzgados y sea admitido a trámite, a nadie se le escapa que detrás de todo esto subyace un claro interés económico: frenar el aumento en la cuota de mercado de Repsol. Si esto se convierte en una práctica habitual, la nueva legislación será un arma empresarial, más que una herramienta de defensa de las personas consumidoras, que alimentará el bucle de confusión y escepticismo contra el que quiere luchar.
Una reflexión compartida por los ponentes del evento organizado por el Ministerio es, precisamente, que si las empresas son o dicen ser cada vez más ecológicas y sostenibles es porque la sociedad así lo exige.
Dudo de que los abultados presupuestos en comunicación y marketing consigan desligar la imagen de las grandes corporaciones de las energías contaminantes. Aunque puede que el hecho de que el Parlamento Europeo incluyera, hace poco menos de dos años, al gas y las nucleares dentro de las energías verdes, ayude un poco.
Tal vez por esto, desde hace ya algún tiempo, no basta solo con ser verdes. Además, hay que ser sociales. Patrocinios, grupos de voluntariado, acción social, becas y un largo etc. Otro lavado de cara en toda regla tal vez más difícil de detectar y controlar.
Por ejemplo: ¿puede una empresa jactarse de apoyar el talento femenino mediante patrocinios y becas cuando sus cuatro cargos más importantes dentro de un Consejo de Administración (no paritario) son copados por hombres?
Del mismo modo, ¿puede alguien hablar de justicia, impacto social e inclusión, pero amenazar con abandonar el país si tiene que pagar más impuestos, habiendo obtenido unos beneficios poco menos que obscenos? ¿Y hablar de las personas como motor del cambio y crear comunidades energéticas donde la capacidad de tomar decisiones y el control efectivo del proyecto no recae en el colectivo, sino en quien las promociona?
Hasta ahora, se ha podido. Ojalá esto cambie porque, una vez más, lleva a confusión sin mentir.
Pero no nos engañemos, ponerse el traje verde y social para confundir a las usuarias es solo la punta del iceberg. Lo que hay en el fondo es toda una estrategia para captar ayudas, subvenciones, puntos en concursos públicos, copar los espacios de quienes llevan estos conceptos en su ADN y ya de paso vaciar de contenido muchos conceptos.
Que el circo mediático que puede generar la lucha de dos titanes en los juzgados, no nos haga olvidar dónde está la verdadera batalla. Y para ganar, hace falta un marco jurídico, recursos para un control efectivo y empoderamiento ciudadano.
Que los árboles que plantan no nos impidan ver el bosque.
