A estas alturas, a nadie le sorprenderá que el sector energético sea uno de los que más reclamaciones recibe. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, en el año 2023 fue el segundo, solo por detrás de la banca. Estos datos pueden interpretarse desde dos puntos de vista distintos y no excluyentes: la mala praxis tristemente habitual y unas consumidoras cada vez más informadas sobre sus derechos.
En este último punto creo que se ha avanzado notablemente. La energía ha entrado de pleno en la agenda pública debido, entre otras cosas, a los vaivenes del mercado. Esto, junto con la aprobación de nuevas normas y la difusión de campañas de información y sensibilización, demuestra que nos “hemos puesto las pilas”.
Veamos en qué punto estamos.
El derecho más elemental que toda consumidora debe tener es conocer los productos que tiene a su disposición para poder comparar y decantarse por la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Ya lo decía aquel anuncio de los 80: “busque, compare y, si encuentra algo mejor, cómprelo”.
Que levante la mano quien haya sido capaz de comparar dos ofertas de comercializadoras y tenga la seguridad de haber acertado. No tengo la esperanza de ver muchas manos levantadas. Mi más sincera enhorabuena a quienes lo hayan hecho.
Si la energía es un básico para poder vivir, deberíamos saber interpretar una factura de la luz de igual manera que sabemos interpretar un ticket de la compra, o comparar los precios entre diferentes supermercados.
Sé que las ofertas en este sector son endiabladamente rebuscadas y que las facturas son más complejas. Pero el problema va más allá.
Pongo otro ejemplo. Que levante la mano ahora, quien sepa identificar qué potencia tiene contratada. Es bastante fácil de identificar. Así que, aquí sí, espero ver un bosque de manos alzadas. Las malas noticias es que esto, en sí mismo, no garantiza nada. Siento deciros que tal vez estéis entre ese 63% de hogares que tiene más potencia contratada de la necesaria (datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)
Un derecho que tenemos garantizado y asumido es el derecho a reclamar. Pero, ¿sabemos a quién reclamar si nos quedamos sin luz en casa por una avería? La Ley del sector eléctrico deja claro que la responsabilidad es de las distribuidoras, quienes además deben tener un servicio de atención de incidencias 24/7. Sin embargo, el Proyecto de Ley de Atención a la Clientela pretende exigir a las comercializadoras con cierto volumen de negocio la prestación de este servicio cuando, en realidad, poco pueden hacer.
Esto no solo echa por tierra la labor pedagógica que llevamos años haciendo sobre los diferentes actores y sus funciones, sino que es totalmente contraproducente. Teniendo en cuenta que muy pocas comercializadoras podrían seguir operando bajo estas reglas, se reduciría la competencia dejando a las consumidoras con menos opciones donde elegir y con empresas con más cuota de mercado y, por ende, de poder.
Por último, pero no menos importante. Proteger a las consumidoras es ir más allá de escudos sociales. Por supuesto que son necesarios, pero no dejan de tener una perspectiva meramente asistencialista. Lo verdaderamente transformador es ser radical; ir a la raíz misma de los problemas.
Empezar por señalar a los culpables de que casi 8 millones de personas no pudieran tener una temperatura adecuada en sus hogares en 2023; a asumir responsabilidades porque 7 de cada 10 personas que fueron atendidas por Cruz Roja (por poner un ejemplo) no supieran que podían acceder al bono social.
Y, sobre todo, entender que el problema no es de cada una de estas personas, sino algo sistémico. Y que al igual que una Ley necesita de recursos para ser efectiva, avanzaremos en derechos y afianzaremos todo lo que hemos conseguido hasta ahora dotándonos y dotando al sistema entero de una sólida cultura energética.
