En un encuentro mantenido ayer, la ministra Ribera consideró "importantísimo" que Galicia tenga esta plataforma experimental, donde se probarán dispositivos de aprovechamiento de las energías marinas, y aseguró conocer -informa Europa Press- que en los primeros movimientos hubo "alguna controversia" con respecto al emplazamiento concreto, por si pudiera generar algún "peligro" con respecto a la protección de aves.
La Xunta de Galicia afirma que se trata de una infraestructura singular de ensayos que, de acuerdo a las primeras estimaciones, podrá suponer una inversión de 12 millones de euros y que va a estar formada por dos o tres aerogeneradores. Estará localizada a 10 kilómetros del puerto exterior de A Coruña y va a permitir testar prototipos flotantes y hacer estudios del medio marino.
Punta Langosteira, considerado el puerto exterior de A Coruña, en el municipio de Arteijo, a 7 kilómetros al suroeste de la capital, ya cuenta actualmente con una zona experimental centrada en el desarrollo de energía undimotriz y maremotriz; por lo que la futura plataforma de eólica marina viene a complementar toda una infraestructura que sitúa a este enclave como centro de ensayos de las energías marinas.
Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: "Galicia no se entiende sin el mar, sin la potencia de su mar y sin el aprovechamiento adecuado offshore"
Las características del sector -ha añadido la ministra- hacen "necesario" estudiar los "desafíos" que puedan afrontar estos proyectos. "Y por eso, acelerar la plataforma de ensayo es fundamental".
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aprovechado por otra parte el encuentro -informa Europa Press- para solicitar del Gobierno central "más flexibilidad en la tramitación de los proyectos de energía eólica" previstos en la Comunidad, especialmente los que tienen vinculación industrial.
En ese sentido, el mandatario autonómico, que estuvo acompañado de su vicepresidente económico, Francisco Conde, ha pedido "ir de la mano" en la tramitación de las autorizaciones que permitan resolver lo que ha calificado de un asunto "clave" para el futuro industrial de Galicia.
Alfonso Rueda sostiene que Galicia "está en disposición de convertirse en un referente nacional en la eólica marina", por lo que ha pedido una "implicación más intensa" al Gobierno central.
En este sentido, la Xunta destaca, en un comunicado, que la vicepresidenta tercera del Gobierno se "comprometió a aprobar antes de que finalice este año el plan que ordenará el desarrollo de estos planes".
Ambos dirigentes abordaron también la planificación de la distribución eléctrica, algo "fundamental" para dar cobertura a la industria gallega, tanto a la que está como a la que quiere asentarse. Ribera se ha comprometido, destaca el Ejecutivo autonómico, a "estudiar una relación de necesidades prioritarias" de Galicia que le trasladará el presidente y entre las que se encuentra la muy alta tensión que necesita la planta de Stellantis en Vigo.
Rueda se interesó especialmente por el proyecto de la multinacional Altri para instalarse en Palas de Rei, que precisa de la llegada de los fondos europeos. Incidió en que se trata de una iniciativa de economía circular con una inversión de más de 800 millones de euros que permitirá la creación de 2.500 empleos y que resulta “estratégica” para Galicia. Rueda pidió garantías y financiación para esta iniciativa y agradeció que Teresa Ribera se comprometiera a estudiar en profundidad una planta de fibras textiles sostenibles que será “buena para Lugo, para Galicia y para toda España”.
Conflicto en la gestión del litoral
La gestión del litoral ha sido sin embargo uno de los puntos donde el acuerdo entre gobierno autonómico y central no fue posible. Si bien Teresa Ribera entiende la importancia de la actividad vinculada a la costa en Galicia, no ha accedido a desbloquear la transferencia de las competencias sobre el Dominio Público Marítimo-Terreste.
El presidente de la Xunta recordó que están en juego 4.000 edificaciones y un centenar de empresas, por lo que le comunicó el inicio de la tramitación de la Ley de ordenación del litoral para definir desde Galicia los usos y actividades permitidas en la costa y le pidió la retirada del Reglamento general de Costas, frente al que la Xunta ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo.
