El parque eólico, junto con la línea de evacuación prevista, de 22 km, se ubicaría "sobre una sierra que se constituye en una importante encrucijada territorial y de alimentación de un gran porcentaje de las aves necrófagas presentes en la IBA Montaña Oriental Costera, que contiene 22 territorios de alimoche y más de 150 parejas de buitre leonado", señalan desde SEO/BirdLife.
De acuerdo con la organización conservacionista, el impacto más relevante se deriva de la presencia de al menos 10 territorios de alimoche común en un radio de 5 km de los aerogeneradores además de la existencia de al menos 16 colonias de buitre leonado en un radio de 15 km, "lo que convierten a este PE en un proyecto con un impacto inasumible para aves protegidas". Un censo nacional realizado por la organización en 2018 indica que el alimoche común e tiene en este sector oriental de Cantabria, junto con la vecina provincia de Vizcaya, uno de los enclaves poblacionales más densos de toda España.
Además, a juicio de SEO/BirdLife, el promotor del PE Maya –Green Capital Power, filial de Capital Energy– ha presentado un estudio de impacto ambiental deficiente con carencias importantes respecto a su contenido, esfuerzo en el trabajo de campo y metodologías de estudio, que no refleja en ninguno de sus apartados las singularidades de esta población de alimoches presente en la zona.
Una transición energética responsable
SEO/BirdLife señala que "viene defendiendo unas renovables responsables desde 1993, cuando se construyó el primer gran parque eólico en pleno paso migratorio de aves" y "aboga por un despliegue renovable planificado". Un despliegue "que delimite claramente zonas de exclusión para preservar espacios de alto valor ecológico y asegure un modelo energético distribuido, cercano a los grandes puntos de consumo de las ciudades y que promueva la participación activa de la ciudadanía en la generación de energía, mediante fórmulas como las comunidades energéticas y el autoconsumo residencial".
La ONG urge al Gobierno de Cantabria para que disponga de una zonificación ambiental que delimite las zonas prioritarias para la implantación de renovables, y considere como prioritaria la energía fotovoltaica en zonas urbanas, industriales y terrenos degradados. Igualmente, la organización reclama que se definan con claridad zonas de exclusión a estos proyectos.
En palabras de Felipe González, delegado en Cantabria de la organización, "cuanto más incrementemos la presión sobre los ecosistemas y sobre la biodiversidad en su conjunto, menor será la capacidad de nuestro entorno para mitigar los efectos del cambio climático. La lucha contra la crisis climática debe, indiscutiblemente, contar con el patrimonio natural que sustenta nuestras vidas y economías, y la implantación de renovables debe asumir esa responsabilidad”.
