Lo contábamos hace exactamente un año: dos empresas aragonesas –Forestalia y Grupo Jorge– marcaron en esa primera subasta un antes y un después en la historia de las renovables en España, al arrasar en la puja convocada por Industria, dejando fuera de juego a las grandes eléctricas que habían acudido. Lo lograron con una estrategia desconcertante a priori: pujaron a precio cero, pese a que el Gobierno ofrecía la oportunidad de recibir prima. Es decir, tendrán que hacer las instalaciones sin ayuda alguna, vendiendo la energía producida según el precio del mercado mayorista.
Centrándonos en la eólica, el podio ganador quedó como sigue: Consorcio Aragonés de Recursos Eólicos, que obtuvo un total de 300 MW (pertenece al Grupo Forestalia, que está dirigido por el empresario Fernando Samper); Grupo Jorge, que se hizo con 102 MW (a cuyo frente se encuentra Sergio Samper, hermano del anterior, si bien ambas compañías no tienen ninguna vinculación mercantil); y EDP Renovables España (división española de la portuguesa EDPR), que consiguió 93,2 MW. A los tres les hemos preguntado en que situación de desarrollo están esos megavatios obtenidos y estas han sido respuestas.
Del laconismo de EDP a la firmeza de Forestalia
Pese a que el listado de preguntas era extenso, EDP Renováveis ha preferido reducir su respuesta a tres líneas: (la firma) “tiene previsto y planificado ejecutar los 93 MW adjudicados en la subasta del pasado año, si bien de momento no están identificados los proyectos que se van a desarrollar, con lo que de momento no podemos dar detalles sobre la fase en la que se encuentran”. Ni una palabra más fue posible arrancar al portavoz de la compañía lusa. En cuanto a la segunda subasta, por la que también le preguntamos, no parece que a EDP Renováveis le hayan quedado excesivas ganas de repetir: “en relación a la nueva subasta anunciada por el Gobierno, el modelo planteado nos parece a priori complejo pues da poca visibilidad al sistema. No obstante ello, sin duda participaremos si se adapta a los criterios de rentabilidad que tenemos en la compañía predefinidos para nuestras inversiones”.
Sin llegar a la locuacidad, las respuestas de Forestalia dejan claro al menos su inequívoca intención de sacar adelante lo conseguido.
“Todos los proyectos derivados de los 408 MW adjudicados al Grupo Forestalia en la subasta de enero de 2016 (eólica y biomasa) se encuentran en estos momentos en tramitación ante las diversas administraciones. En cuanto a los 300 MW eólicos, se dispone de todos los proyectos y de sus correspondientes estudios de impacto ambiental. En estos momentos, se encuentran en la fase de evaluación ambiental por parte de la Administración”, nos aseguró un portavoz de la compañía aragonesa.
El objetivo de Forestalia es que los primeros parques se comiencen a construir en la segunda mitad de este año 2017: “el plazo de ejecución estimado es de entre 12 y 18 meses, según los casos, así que en 2019 estarían todos operativos. Por tanto, todos ellos estarán operativos en los plazos que fijaba la subasta, del mismo modo que se han ido presentado en tiempo y forma todos los avales necesarios, tanto los que posibilitaron presentarse a la propia subasta, como los asignados como consecuencia de la adjudicación”.
Socio internacional
Al igual que hizo con sus proyectos de biomasa (108,5 MW), Forestalia se ha buscado un socio internacional con el que ir de la mano en los proyectos eólicos. “Existe ya un principio de acuerdo y se están ultimando los detalles”, nos dijeron fuentes de la empresa, si bien no quisieron adelantar su nombre hasta que esté todo cerrado. Eso sí, aseguraron que “se trata de un socio de larga trayectoria internacional industrial y tecnológica”. (En el caso de la biomasa, su socio es Guangdong Electric Power Design Institute of China Energy Engineering Group, GEDI).
El planteamiento de Forestalia es que el grupo siga manteniendo la mayoría de la división eólica y que la incorporación de este nuevo socio internacional permita afrontar los 300 MW eólicos con las máximas garantías. “Con los precios de mercado actuales, se estima una inversión necesaria de entorno al millón de euros por MW, así que la inversión rondará los 300 MW en las instalaciones de la subasta”, nos dijo el portavoz de la compañía aragonesa. Y confirmó que todos los parques que proyecta -diez en total– se situarán en Aragón; en concreto, en diferentes enclaves de la provincia de Zaragoza.
“La decisión de invertir íntegramente en Aragón los megavatios de la subasta obedece fundamentalmente a que la empresa es de raíces aragonesas, y desde su creación en 2011 viene estudiando en detalle el recurso y la redacción de los proyectos para su puesta en valor, en colaboración con entidades de investigación de referencia”, asegura el portavoz. “Estos años de preparación, junto a la madurez tecnológica, nos permitieron presentarnos a la convocatoria renunciando a las primas por instalación”.
Pero no solo Forestalia renunció a esas primas, todas las empresas que resultaron adjudicatarias siguieron la misma estrategia. Y es que Forestalia considera que el sector está lo suficiente maduro para no tener que ser subsidiado.
¿De verdad no hacen falta las primas?
Grupo Jorge no lo tiene tan claro…. O al menos no lo tenía el año pasado. En aquella ocasión, fuentes de la compañía nos explicaron que una de las consecuencias de la moratoria a las renovables es que en España hay paralizados casi 10.000 MW asignados en los distintos concursos autonómicos. Y los promotores de muchos de esos parques llevan años soportando costes hundidos (pago de avales, líneas de cimentación, máquinas en ‘stock’...), por lo que les interesaba acudir a la subasta con buenas ofertas, en un intento de sacar adelante sus megavatios “atascados”. Sobre todo si éstos están localizados en buenos emplazamientos, como el valle del Ebro, donde el recurso eólico es semejante al de Tarifa y Galicia, con rendimientos de más de 3.000 horas equivalentes de producción al año.
Esto no significa, sin embargo, que Grupo Jorge crea que la eólica y el resto de tecnologías renovables no necesiten ya ningún apoyo institucional. De hecho, esta compañía cree –según nos decía en febrero de 2016–, que los apoyos deben mantenerse por tres razones. Uno: “para dar cumplimiento a los objetivos marcados por la UE para 2020”, para que estas tecnologías puedan ir sustituyendo a otras más contaminantes y para reducir la dependencia energética del exterior que tiene España. Dos: “para que pueda obtener un precio de venta del MWh en el mercado eléctrico en igualdad de condiciones que otras tecnologías”. Y tres: “para reducir la carga fiscal que soporta la eólica, especialmente por el impuesto a la generación eléctrica del 7% y establecer unos mayores coeficientes de cobertura que eviten el retraso en los pagos”.
En cuanto a la situación en que se encuentran los 102 MW eólicos ganados por Grupo Jorge el pasado año, pese a nuestra insistencia no ha sido posible obtener respuesta. Un portavoz de la firma se limitó a contestarnos que no podía atender nuestras preguntas “por motivos personales”, así que solo podemos apuntar lo que la empresa publica en su página web: los proyectos están en promoción. Sin más explicaciones.
Llegar o no a tiempo
¿Qué ocurrirá en caso de que los promotores de los proyectos no logren tenerlos listos a tiempo (1 de enero de 2020), o decidan finalmente no desarrollarlos porque no les salgan las cuentas? Lo cierto es que la posibilidad de que parte de la capacidad adjudicada en esa primera subasta se quede por el camino es una sospecha generalizada.
En Forestalia insisten en que las cuentas si salen. Al menos, a ellos sí: “España –dice su portavoz– debe alcanzar los objetivos internacionales sobre generación eléctrica con fuentes renovables. Y no debe basar estos objetivos en un sistema subsidiado, de primas, que encarece el precio de la electricidad para el consumidor. Es factible disponer de un mix de energías renovables fiable, seguro, combinando los distintos recursos: eólico, fotovoltaico o biomasa, que además aporta la ventaja de que el recurso es continuo, fijo, y por tanto no está supeditado a las condiciones climatológicas”.
Como reflexión final, Forestalia esgrime lo siguiente: “el éxito de la subasta de enero de 2016 se basó en la visión, en la capacidad de anticipación, en los cinco años previos de estudio del recurso eólico. Seguramente los resultados sorprendieron a grandes compañías del sector, que podían tener la confianza de que todo iba a seguir en parámetros subsidiados similares a los de hasta entonces, pero los tiempos cambian y hay que evolucionar en esa dirección”.
En cuanto a la posibilidad de acudir a la nueva subata, Foresta es, de nuevo, la firma que se pronuncia con mayor claridad: “Cualquier subasta, concurso de priorización o de asignación de regímenes retributivos debe ser vista a priori con interés y como posibilidad de desarrollo de negocio por parte de cualquier empresa del sector, si bien las decisiones se tomarán cuando se conozca el detalle de las características de cada subasta o concurso”.
Errores repetidos
Para esta nueva puja, Energía mantiene el mismo modelo de retribución y se volverá a subastar un descuento sobre el coste de inversión (Capex). Pero, a diferencia de la anterior convocatoria, ahora los proyectos deben estar identificados, aunque después puedan cambiarse por otros del mismo grupo empresarial. Habrá, además, una precalificación para acreditar la solicitud del punto de conexión.
Transcurrido un año de la adjudicación, el promotor debe acreditar la autorización administrativa de la instalación y la aprobación del proyecto, a fin de garantizar que será construido. Si no se respetan estas condiciones, los adjudicatarios perderán su derecho y correrá el turno al siguiente adjudicatario. También subirán las garantías exigidas, tanto para presentarse a la subasta como para ejecutar el proyecto y así evitar que no se construyan. En la subasta de enero de 2016 lo único exigido era un aval de 20.000 euros por megavatio y el compromiso de construir el proyecto en cuatro años (a fin de que esté operativo antes del 1 de enero de 2020).
Numerosas asociaciones del sector y ONG creen, sin embargo, que esta segunda subasta repite los mismos errores de la anterior: no forma parte de una planificación ordenada que de impulso a las renovables, no emana de una clara estrategia energética para llegar a un sistema 100% limpio y sigue permitiendo que al final la retribución sea cero. Además, vuelve a premiar la capacidad instalada frente a la producción de electricidad.
Lo más novedoso de esta nueva puja a es que es neutra tecnológicamente. Y esto tampoco gusta. “Que todas las tecnologías que no son ni fotovoltaica ni eólica deban medirse sobre la base de un baremo único (una sola instalación tipo de referencia para todas de ellas) y además luego competir con tecnologías de mayor recorrido no da la posibilidad a todas las tecnologías de poder entrar en la subasta en paridad de condiciones. Para obtener la mayor eficiencia energética y económica de un sistema 100% renovable necesitamos un mix cuanto más diversificado mejor y esta subasta no lo garantiza”, explica Sara Pizzinato, responsable de la campaña de Renovables de Greenpeace, a Energías Renovables.
A la portavoz de Greenpeace tampoco le gusta que el Gobierno se reserve el derecho a organizar varias subastas parciales hasta llegar a un máximo total de 3.000 MW sin asegurar que se alcance ese cupo. “Lo que va a hacer es ir viendo según (el resultado de) las subastas parciales si seguirá o no convocando más. Lo cual no deja de resultar sorprendente ya que si el mismo Gobierno estima que se necesitan al menos 3.000MW para alcanzar los objetivos de 2020, y además los necesita con urgencia, no es razonable que tenga que ocurrir en varias subastas que retrasarían el proceso”, concluye.
Este reportaje se puede leer también en el número de febrero de 2017, ER158
