La política energética gallega -de apuesta decidida por el gas- ha sido más agresiva aún que la monclovita. El popular Alberto Núñez Feijóo llegó al gobierno antes que Rajoy a Moncloa (Feijóo lo hizo en 2009), anuló directamente el concurso eólico que su antecesor -gobierno bipartito presidido por el socialista Emilio Pérez Touriño- había resuelto (ha mantenido congelado al sector hasta hoy) y, por fin, esta semana ha anunciado que acaba de aprobar una serie de medidas para acelerar la tramitación de seiscientos megavatios eólicos gallegos que han salido de las subastas que ha convocado el PP nacional. En fin, nueve años de morriña eólica, y, ahora... 24 meses en clave road movie.
Así llegó Feijóo
Gas como energía estratégica "para conseguir la máxima competitividad de la economía", anulación del concurso eólico realizado por el ejecutivo anterior -el gobierno bipartito integrado por el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego- y apuesta por "la repotenciación de los parques actuales, priorizándola sobre la instalación de nuevos parques eólicos". Esas eran las líneas maestras del programa electoral de Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular de Galicia), ganador de las elecciones a la presidencia de la Xunta celebradas el 1 de marzo de 2009 en Galicia.
Feijóo consiguió entonces mayoría absoluta, anuló efectivamente el concurso (2.290 MW, más de 4.000 millones de euros de inversión) so pretexto de "deshacer las irregularidades cometidas por la parte nacionalista del bipartito" y se comprometió a convocar "un nuevo concurso eólico desde la transparencia y la calma política" y a que la resolución final de adjudicación sea aprobada "por el Consello da Xunta, máximo órgano colegiado del gobierno gallego" (con respecto al anterior concurso, al final ha resultado que lo irregular ha sido la anulación del mismo: los tribunales han condenado al Ejecutivo Feijóo a indemnizar a algunos de los adjudicatarios, que denunciaron esa suspensión).
De tribunales e indemnizaciones
A saber: el Tribunal Superior de Justicia de Galicia sentenció el año pasado a la Xunta a indemnizar a la empresa portuguesa EDP Renewables Europe SL, que denunció la maniobra del Ejecutivo Feijóo. La compañía lusa se había gastado un dinero en trámites para concursar, había resultado finalmente adjudicataria de cuatro parques, pero nunca los pudo poner en marcha, y el Tribunal Superior de Galicia admitió parcialmente el recurso de la empresa, y en sentencia con fecha del 16 de marzo de 2016, obliga al Ejecutivo autonómico a abonar en torno a medio millón de euros a la empresa, que reclamaba una indemnización aún mayor: 1.344.979,56 euros.
Otro fallo contra la decisión del popular Feijóo tuvo lugar en diciembre del año pasado. Cupa, otra de las adjudicatarias del concurso convocado por el bipartito antecesor de Fejióo, había denunciado también al Gobierno popular gallego y ganó su correspondiente indemnización. En marzo de este año, otra sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha estimado también parcialmente el recurso interpuesto por Ventauria Enerxía Rural y ha condenado también a la Xunta a abonarle unos 842.000 euros más intereses. Según diversas estimaciones, las indemnizaciones rondarían ya los tres millones de euros. La oposición en el Parlamento gallego pedía hace unas semanas a Feijóo que las pague de su propio bolsillo.
Y, después de la congelación del sector... a por ellos
Sea como fuere (y pague el presidente, lo que no parece probable, o el contribuyente, que así será), han pasado casi nueve años desde aquellas elecciones, y la Galicia eólica está prácticamente como estaba entonces. Feijóo agotó esa primera legislatura y revalidó su mandato en diciembre de 2012 y también en 2016, con mayoría absoluta, pero no ha habido concurso y, de los más de 3.200 megavatios eólicos que ya se encontró instalados, la repotenciación es un fenómeno anecdótico. Eso sí, ahora, casi nueve años después de aquel frenazo, el presidente de la Xunta ha anunciado que va a pisar el acelerador, para lo que ha aprobado "un nuevo procedimiento que reducirá a la mitad los tiempos de tramitación".
La Xunta subraya en su comunicado que "estos 400 megavatios nuevos se complementarán después con otros 200 megavatios más, según las estimaciones". Todos ellos deben estar conectados antes del 31 de diciembre de 2019. De los primeros 409 megavatios que se tramitarán, Gas Natural Fenosa ha solicitado a la Xunta la instalación de 186,9 megavatios, Enelgreen Power (ex Endesa) 92 Mw, Norvento ha pedido 116,2 megavatios e Inverolica de Abella, 14 MW. La mayoría de los ayuntamientos en cuyos términos municipales se instalarán los parques están ubicados en Lugo.
Ley de Implantación Empresarial
La declaración de interés especial -informa la Xunta- es una figura introducida por la Ley de Implantación Empresarial -aprobada el pasado mes de octubre- que agiliza los plazos y blinda las garantías ambientales y jurídicas. El Gobierno gallego calcula que "los nuevos proyectos suponen una inversión privada de unos 450 millones de euros y la creación de 6.000 empleos durante la construcción de los parques y de unos 80 para su explotación". El Ejecutivo estima por otro lado que los ayuntamientos de la zona "recaudarán unos 665.000 euros anuales más en concepto de canon, alcanzando así los 13,3 millones de euros en la fase de explotación".
Según el comunicado difundido ayer por la Xunta de Galicia, "el impulso que supone la Ley de Implantación Empresarial para el sector eólico no se limita a agilizar los plazos, sino que también supone una mayor transparencia gracias a la creación de un Registro eólico gallego, en el que se incluyen todas las nuevas solicitudes de parques, las que están en tramitación y los parques ya en funcionamiento". El Ejecutivo gallego explica en su comunicado que la Ley de Implantación Empresarial "redunda en una mayor seguridad para los promotores de los parques, que ahora tienen la certeza total de que la autorización de construcción estará lista en tres años y el inicio de la explotación, en un máximo de otros tres". Eso dice el Ejecutivo en este comunicado.
