El objetivo de la reunión era trasladar al comisario "el descontento del sector eólico español por las últimas medidas tomadas [por el gobierno] en materia energética". Según AEE, Oettinger, que ha solicitado al sector que le envíe "los datos sobre el impacto económico de esas medidas", ha destacado además la necesidad de que los inversores cuenten con “claridad y seguridad”. En el encuentro, que tuvo lugar el pasado jueves en Bruselas, estuvieron presentes asimismo representantes de la Asociación Europea de Energía Eólica (European Wind Energy Association, EWEA) y de la sección Eólica de la Asociación de Productores de Energías Renovables de España (APPA).
Seiscientos millones de pérdidas
Las tres asociaciones destacaron la historia de éxito de la eólica española, que se ha convertido "en un ejemplo para la Unión Europea y el resto del mundo por el modo en que una adecuada política regulatoria se ha traducido en un sector que se ha desarrollado de modo ordenado y sin burbujas, cumpliendo siempre con los objetivos del regulador y creando una potente industria en todos los eslabones de la cadena de producción". Sin embargo -explica AEE en su nota-, "las últimas medidas tomadas por el Gobierno español -el impuesto del 7% sobre la generación eléctrica y el Real Decreto-Ley 2/2013 aplicado con efectos retroactivos-, han tenido como consecuencia la pérdida de 25 empleos eólicos al día y el cierre de nueve fábricas, además de una merma de ingresos de 600 millones para el sector sólo en 2013".
Señales del mercado
Estas medidas -concluye la asociación- están poniendo "en peligro la confianza de los inversores en que España sea capaz de cumplir los objetivos europeos de consumo de energías renovables de cara a 2020". Asimismo, las asociaciones hicieron hincapié en que esta regulación, que supone la supresión del sistema de mercado más prima para la eólica, "va en dirección contraria a las políticas de la Comisión Europea en relación a que los mecanismos de apoyo a las renovables en los países miembros deben responder cada vez más a las señales de mercado para mejorar su eficacia". A juicio del sector eólico español, "el error regulatorio cometido por España podría extenderse a otros países europeos, lo que supondría inseguridad jurídica e incumplimiento de los objetivos de la UE; por ello, las empresas consideran que la Comisión debería tomar cartas en el asunto".
