"Los ingresos derivados del canon, deducidos los costes de gestión, se destinarán a la implementación de actuaciones de impulso y promoción del uso racional de la energía y de las energías renovables en nuestra región". Lo dice, literalmente, el artículo tres de la "Ley 9/2011 por la que se crean el Canon Eólico y el Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía". Eso sí –explicita la Junta de Castilla La Mancha–, "deducidos los costes de gestión".
La Sección Eólica de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) ha difundido hoy un comunicado en el que señala lo susodicho y asegura además que ese impuesto "frena el desarrollo de la tecnología eólica e introduce criterios de retroactividad al aplicarse a instalaciones en funcionamiento". APPA considera que "es un contrasentido gravar con un impuesto más a estas instalaciones a las que ya se les aplican otros impuestos, como el de sociedades, Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bices) o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)". En el caso de este último –dice APPA–, "se aplica con un criterio que obedece a un afán recaudatorio superior a ninguna otra industria, sobre una tecnología como la eólica, a la que, al igual que el resto de energías renovables, la mencionada Ley reconoce en su exposición de motivos como 'fuente de abastecimiento que respeta el medio ambiente y, al aprovechar recursos autóctonos, contribuye a la disminución de la dependencia energética'”.
APPA denuncia abusivos arrendamientos y gravosas condiciones de acceso
Para la Sección Eólica de APPA, este tratamiento fiscal, unido a las "gravosas condiciones de acceso y a los abusivos arrendamientos", propicia que las renovables en general y la eólica en particular se vean encarecidas "hasta extremos insoportables". APPA insinúa en su comunicado que el objetivo de la imputación de estas tasas no es otro que "resolver las políticas de financiación municipal y autonómica", políticas que, según la asociación, "no deberían" sustentarse sobre este soporte y que, además –sugiere– resultan contradictorias, pues están obligadas a convivir "con dificultad con una política de fomento de las renovables y la consiguiente bajada de costes con la que toda la sociedad debería estar comprometida".
La ley presenta una redacción ora críptica, ora enigmática
El parlamento castellano-manchego aprobó en sesión plenaria el pasado 21 de marzo la "Ley por la que se crean el Canon Eólico y el Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía". En la exposición de motivos de esa ley, el parlamento regional señala que las instalaciones eólicas disminuyen "las posibilidades de aprovechamiento del viento por parte de terceros, especialmente en lo que respecta a la idoneidad de ubicaciones, condiciones y características del propio recurso natural, configurándose también como factor limitante de otras actividades, principalmente económicas, en el territorio soporte de la actuación".
Por la autoctonía y la independencia
Asimismo –señala la propia exposición–, "la instalación de parques eólicos lleva aparejada una serie de cargas y transformaciones para el ámbito territorial en el que se localizan derivada, no solo del conjunto de aerogeneradores que lo integran, sino también por las infraestructuras eléctricas y de accesos que el correcto funcionamiento de dichas instalaciones requiere durante su vida útil". Estas externalidades, concluye el documento, "aconsejan el establecimiento de una compensación". Desde la propia exposición de motivos, en todo caso, el gobierno regional reconoce que "las energías renovables, entre ellas la eólica, son fuentes de abastecimiento que respetan el medio ambiente y que, al aprovechar recursos autóctonos, contribuyen a la disminución de la dependencia energética".
Impuesto de ida y vuelta, "deducidos los costes de gestión"
El caso es que, según APPA, "al ser de aplicación a instalaciones ya en marcha, la Ley, de 21 de marzo, introduce principios de retroactividad y va en línea con las normas aplicadas por el Ministerio de Industria que rompen nuestra seguridad jurídica y ponen en duda nuestra credibilidad como país". La Sección Eólica de APPA considera además un contrasentido gravar a las renovables para fomentar el desarrollo de las renovables. Y es que el artículo tres de la Ley 9/2011 dice, exactamente, lo siguiente: "los ingresos derivados del canon, deducidos los costes de gestión, se destinarán a la implementación de actuaciones de impulso y promoción del uso racional de la energía y de las energías renovables en nuestra región".
Inestabilidad regulatoria, ergo incertidumbre para el inversor
Según el presidente de la Sección Eólica de APPA, José Miguel Villarig, "la mejor manera de impulsar y promover las energías renovables es no gravarlas con más impuestos y fomentar su abaratamiento. Con ello, muy al contrario de lo que dice la Ley, no se promoverá el desarrollo tecnológico, sino que se hará cada vez más difícil atraer a la Comunidad de Castilla–La Mancha inversiones en un sector, el de las energías renovables, que atraviesa por un momento difícil, en parte debido a la falta de estabilidad de su marco regulatorio y de la que el establecimiento de un canon a instalaciones ya en funcionamiento es una prueba más de la mencionada inestabilidad regulatoria".
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