La judicialización masiva de proyectos (hasta sesenta, que suman 3.000 megavatios de potencia), proyectos que cuentan con Declaración de Impacto Ambiental favorable y en muchos casos hasta permiso de construcción, no solo estaría dejando en el aire más de 10.000 millones de euros de inversión en Galicia sino que, además, "contribuye a la pérdida de confianza y de reputación para atraer nuevas inversiones", según la Asociación Empresarial Eólica (AEE). La paralización de los 13 proyectosmencionados sería en todo caso solo un episodio más de la judicialización que afecta al sector en Galicia desde hace ya muchos meses (en el caso de los 13 proyectos, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vendría a insistir -según AEE- en lo que no es sino una desautorización de los técnicos ambientales cuando plantea que basa la suspensión cautelar de esos proyectos en la “prevalencia, prevención y precaución en materia medioambiental”).
La cronología es la siguiente
Los técnicos del órgano ambiental de la administración correspondiente evalúan (en materia de lo ambiental) los proyectos; a continuación, estos técnicos dan el sí (o dicen no) a esos proyectos en función de esa evaluación técnica; si el proyecto obtiene Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, sube al siguiente peldaño de su periplo de tramitación administrativa y obtiene (o no) permiso de construcción; en el entretanto, una entidad determinada, un colectivo de "afectados", por ejemplo (y aunque el parque en cuestión haya obtenido una DIA favorable) denuncia el proyecto ante la Justicia gallega; el TSXG decide paralizar entonces el proyecto en cuestión aunque este tenga -insiste AEE- Declaración de Impacto Ambiental favorable; el caso llega al Tribunal Supremo, que rechaza varias de las causas esgrimidas por el TSXG para paralizar los proyectos (los denunciantes consideraban por ejemplo que había habido defectos en el proceso de consulta pública, pero el TS ha resuelto que se habían tramitado correctamente); y, por fin (último episodio en la escalada judicial), el TSXG readapta sus criterios para mantener vivas las suspensiones cautelares y así lo hace: las mantiene vigentes.
"Galicia vive inmersa en una coyuntura de incertidumbre e indefensión, en cuanto al desarrollo eólico, como consecuencia -lamenta AEE- de la judicialización masiva de proyectos que cuentan con la preceptiva declaración de impacto ambiental y el correspondiente permiso de construcción".
Tras la resolución del Tribunal Supremo, que desautoria al TSXG, el tribunal gallego se basa ahora -explican desde la Asociación- en el mapa de zonificación ambiental, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como referencia al hipotético daño ambiental de los proyectos. Y aquí también hay fallas.
Según AEE, esa apelación "es cuestionada desde varios ámbitos jurídicos, porque el mapa de zonificación no tiene rango normativo propio". Es solamente una herramienta de apoyo para la tramitación de proyectos que pretende informar al promotor sobre la complejidad ambiental del desarrollo de las instalaciones en determinadas zonas.
La Asociación Empresarial Eólica sostiene que ese mapa de zonificación no es una herramienta "de prohibición ni de habilitación de espacios". Es más, reconocen que, "igual que no puede prohibir, tampoco garantiza que un proyecto que se desarrolla en una zona favorable en el mapa vaya a obtener una autorización ambiental positiva".
Asociación Empresarial Eólica
«El trámite realmente riguroso y vinculante que termina aprobando o no un proyecto, en el que los técnicos competentes de las Administraciones Públicas analizan todos los impactos ambientales de los proyectos, y que termina aprobando o denegando la autorización ambiental de los mismos -e imponiendo medidas preventivas, compensatorias o mitigadoras si proceden- es la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental»
Así las cosas, estas paralizaciones -insisten desde AEE- vuelven a poner en cuestión la aplicación que se ha venido realizando desde hace más de diez años de la ley 21/2013 de evaluación ambiental, "ya que cuestiona la autoridad, el juicio técnico y la competencia de los expertos del órgano ambiental de la Administración para otorgar la autorización a los proyectos". Pero no solo la cuestionan con relación a los parques eólicos -añaden desde la patronal-, sino que "también se puede interpretar que podría invocarse el mismo principio para cualquier tramitación ambiental de cualquier instalación industrial o infraestructura, ya no solo en Galicia, sino en España e incluso en toda Europa".
El impacto reputacional comienza a perfilarse. La situación actual, reiterada, "contribuye a la pérdida de confianza y de reputación para atraer nuevas inversiones", advierte AEE. ¿Y por qué? Pues porque los inversores de cualquier proyecto renovable en Galicia pueden considerar que no tienen ninguna "garantía jurídica" de que van a poder ejecutar sus proyectos por muy mucho que estos cuenten con una DIA favorable y hayan superado con éxito todos los trámites pertinentes regulados en la normativa en vigor.
La Asociación Empresarial Eólica cuantifica el impacto que, a su juicio, puede propiciar este statu quo
«Galicia necesitará ocho teravatios hora de electricidad adicionales para responder a la electrificación de la economía y a los 32 nuevos proyectos industriales de carácter estratégico. Supondrán 6.300 millones de euros de inversión y la creación de 14.000 empleos, entre directos e indirectos (...). Todo esto se perdería de seguir frenando la implantación de energía eólica, tan necesaria además para combatir el cambio climático. Hay unos 60 proyectos eólicos, que suponen 3.000 MW de potencia, afectados por la judicialización. Hablamos de unos 4.200 millones de euros y alrededor de 4.800 empleos durante cinco años»
AEE considera que el daño va mucho más allá de sus intereses sectoriales. "De no solventar la situación actual, la paralización de estos proyectos -sostiene- tendrá un impacto directo en la sociedad y economía gallegas, pudiendo afectar a varias generaciones durante años". La Asociación sintetiza estos impactos en cuatro
1. se está privando a las comunidades rurales de oportunidades de progreso local gracias a los ingresos de los parques eólicos;
2. se está privando a la industria de energía competitiva, limpia y asegurada durante mucho tiempo y forzando a una emigración industrial hacia otros territorios;
3. se está privando a la cadena de valor de proximidad –bienes de equipo, proveedores locales de servicios, constructores de obra civil, etcétera– de los encargos que vendrían de la mano de los parques en construcción, montaje y operación posterior;
4. se está privando a los sectores indirectos, como la hostelería y la restauración, los servicios, etcétera, de los ingresos que generaría la actividad de los parques a lo largo de su ciclo de vida.
Credenciales
AEE se define como "la voz del sector eólico en España". La Asociación cuenta con más de 350 empresas asociadas. Entre ellas hay promotores, fabricantes de aerogeneradores y componentes, asociaciones nacionales y regionales, organizaciones ligadas al sector, consultores, abogados y entidades financieras y aseguradoras. Declara como su objetivo "la representación de un sector industrial que emplea a más de 40.000 profesionales en España, cuenta con 250 centros industriales y genera el 24% de la electricidad en el país".
