La ley HB 1054, que se presenta estos días a la Asamblea General de Maryland, obligará a las compañías a adquirir la electricidad eólica marina durante 20 años. La presentación del proyecto de ley coincide con la publicación –por parte del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE)– de la "Estrategia Eólica Marina Nacional: La creación de una industria eólica marina en EEUU" (la administración Obama acaba de aprobar asimismo ayudas a la I+D eólica marina que suman 50,5 millones de dólares). Con respecto a la nueva norma, el gobierno de Maryland ha difundido un comunicado en el que señala que "la explotación del potencial eólico marino es esencial para asegurar que Maryland cumpla con su objetivo de generar un 20% de su energía eléctrica mediante fuentes renovables en 2022". Según el gobernador de Maryland, Martin O'Malley, la obligación que establece la ley contribuirá, además, a mantener a largo plazo "precios estables y previsibles".
En la misma línea argumental, el director de la Administración de Energía de Maryland, Malcolm Woolf, ha insistido en que, "si actuamos ahora, podremos asegurarnos estabilidad de precios a largo plazo y creación de empleo". En ese sentido, el gobernador O'Malley ha definido la industria eólica marina como "una industria con el potencial de crear miles de puestos de trabajo". Con respecto a ese dato, O'Malley ha aludido a un estudio, realizado por el Departamente de Energía de los Estados Unidos, que mantiene que cada megavatio marino instalado creará 20,7 empleos directos, incluyendo trabajos de fabricación, ingeniería y de instalación. Así, y según el comunicado difundido por el gobierno de Maryland, "un parque de 500 MW en las aguas de la Costa de Delmarva generaría hasta 2.000 empleos en fabricación y construcción durante los cinco años de desarrollo".
Maryland se une de ese modo a las numerosas administraciones estadounidenses que rechazan como falsa la tesis del profesor español Gabriel Calzada, que presentó un estudio en 2009 que mantenía que la eólica destruye más empleos de los que crea. El estudio—criticado en España como parte de la campaña de desprestigio desatada contra la eólica –luego extensiva a otras renovables– fue en su momento rechazado por entidades del calado del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos (NREL) "faltar tanto transparencia como estadísticas" y asimismo por varias instituciones del gobierno de España.
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