Según un comunicado de la Mesa Eólica, esta información les había sido denegada, por lo que, amparándose en la ley de libre acceso a la información en materia ambiental, iniciaron un procedimiento judicial para poder acceder a ella. En febrero de 2.001, al amparo de dicha Ley, estas asociaciones solicitaron al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos las actas de la ponencia técnica provincial de impacto ambiental, donde se decidió informar negativamente sobre la construcción de los parques eólicos de Palazuelos, Las Corzas, Villamiel y Villoruebo, en la Sierra del Mencilla, promovidos por Corporación Eólica, S.A. (CESA). Más tarde, por orden de la Consejería de Medio Ambiente, se desautoriza dicha decisión, basándose en una disculpa sin fundamento jurídico.
Estas asociaciones señalan que tuvieron constancia de que, "a pesar de la firme decisión de la ponencia técnica, las enormes presiones ejercidas por la empresa promotora y algunos ayuntamientos había impedido que se concretase dicha negativa en la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, que hubiera supuesto el punto final a los proyectos".
En un principio, la respuesta de la Consejería de Medio Ambiente a la petición de las actas es el silencio administrativo, consciente, a juicio de estas asociaciones, de que la información contenida en las actas suponía una prueba evidente de irregularidad. El grupo naturalista CIE interpuso entonces un recurso contra el silencio administrativo y, mientras tanto, se autorizan dichos proyectos, por lo que se interpone un nuevo recurso.
La Consejería de Medio Ambiente sigue sin responder por lo que CIE y la Mesa Eólica interponen el pasado19 de septiembre un recurso contencioso administrativo en el que se reclama el expediente de estas cuatro centrales eólicas, y se solicita también la adopción de la medida cautelar consistente en declarar la suspensión de la construcción. En esta ocasión el juez exige a la Consejería de Medio Ambiente en Valladolid que remita a estas asociaciones toda la información solicitada.
El grupo CIE y la Mesa Eólica han mostrado su satisfacción porque se han reconocido sus derechos, "aunque lamentablemente ha tenido que ser a través de la vía judicial, lo que supone una dejación de las obligaciones que tienen la Junta de Castilla y León con los ciudadanos; nos hemos sentido indefensos en todo este largo procedimiento administrativo".
Nuevos contenciosos
Vistas las actas, la Mesa Eólica, asegura que ha encontrado "suficientes irregularidades y actuaciones no ajustadas a Derecho que van a servir, en próximas fechas, para interponer un nuevo contencioso. Ahora comprendemos el por qué de la negación de dicha información. Existen serias posibilidades de anulabilidad en otros proyectos distintos que se han resuelto en las mismas circunstancias, lo que supondría la revisión de centrales eólicas que ya están construidas, con lo que la Junta se verá inmersa en un procedimiento judicial de grandes repercusiones".
La Mesa añade que presentarán otro recurso sobre la legalidad de la declaración de impacto ambiental de otros parques –Palazuelos, Las Corzas, Villamiel y Villaruebo– "ante la enorme presión ejercida por la empresa promotora de las instalaciones, Corporación Eólica, SA, y algunos ayuntamientos para que la declaración resultase favorable a la creación de los parques".
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