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Lluvia de millones para los concellos gallegos gracias a una sentencia del Tribunal Supremo

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El Boletín Oficial del Estado ha publicado una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce que los parques eólicos, como cualquier otra infraestructura energética, tienen que ser catastrados y valorados como Bienes Inmuebles de Características Especiales, por lo que deberán pagar impuestos como tales.

Los parques, informa El Faro de Vigo en su edición de hoy, tributaban a través del IBI, a un tipo que rondaba el 0,4%, y que se incrementa con la resolución judicial hasta el 1,3. Ello supone que las arcas municipales comenzarán a recibir unos 50 millones de euros más cada año, según los cálculos que maneja la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Detrás de la decisión del Supremo, añade el rotativo gallego, está el recurso presentado por la Fegamp en junio de 2006 contra el Real Decreto 417/2006, que excluía la opción de que los parques eólicos pagasen impuestos en calidad de bienes inmuebles de naturaleza especial. "Estábamos solos entonces", recuerda Xosé Crespo, ex presidente del organismo e impulsor de la demanda. "Y ahora se van a beneficiar todos los ayuntamientos que tengan instalaciones en España".

Por eso, Crespo dice que el día de ayer es histórico. "La sentencia supondrá que la mayoría de concellos, los más pequeños de Galicia, tengan hasta un 50% más de fondos en sus presupuestos. Hay justicia", afirma.

"Lo que pedimos los ayuntamientos son migallas"
La resolución, según El Faro, no tiene carácter retroactivo, con lo que los ayuntamientos no podrán reclamar el incremento correspondiente al nuevo tipo impositivo de ejercicios pasados. Pero su ejecución sí será inmediata. Crespo asegura que se ha encargado personalmente de pedirle a la ejecutiva y al secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) que exijan ya al Catastro la nueva catalogación de las instalaciones.

El objetivo es que a principios del próximo año esté todo preparado para empezar a cobrar. "Al fin y al cabo lo que pedimos los ayuntamientos son migallas", dice Xosé Crespo. "Las empresas -añade- tardan en amortizar entre cinco y seis años el coste de un parque, y tienen concesiones de hasta 30 años, con lo que son altamente rentables".

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