El pasado 27 de julio, Lisboa acogió la Cumbre para las Interconexiones Energéticas. Allí estuvieron los presidentes de Francia, España y Portugal. Y allí anunció la Comisión Europea (CE) "la mayor inversión del Mecanismo Conectar Europa jamás destinada a un proyecto de infraestructura energética". ¿Cuál? El cable eléctrico submarino que va a recorrer el Golfo de Vizcaya para conectar la península con el continente. 578 millones de euros en forma de subvención del Banco Europeo de Inversiones (para una obra presupuestada en 1.900). Según el comunicado hecho público aquel día por la CE, "esta interconexión de electricidad, cuya longitud es de 280 kilómetros, duplicará de aquí a 2025 la capacidad de intercambio entre España y Francia y permitirá que España esté más cerca de cumplir el objetivo de interconexión del 15% previsto por la Unión de la Energía".
Un discurso formalmente impecable
El discurso de la Comisión es sin mácula: "la Unión Europea tiene por objetivo acabar con el aislamiento energético de esta parte de Europa apoyando la construcción de las infraestructuras necesarias, mejorando la seguridad energética, ofreciendo a los consumidores más posibilidades de elección y estimulando el crecimiento económico y el empleo. Estas interconexiones son también esenciales para que las fuentes de energía renovables puedan prosperar y convertir a Europa en líder mundial en energías renovables". Dicho todo lo cual, el pasado 27 de julio, una vez explicitados todos esos apriorismos, los tres mandatarios firmaron la Declaración de Lisboa sobre interconexiones.
Acelerar la búsqueda de fuentes de financiación
Además, el trío presidencial y el comisario de Acción por el Clima y Energía, el español Miguel Arias Cañete -firmantes los cuatro de la Declaración- "manifiestan, asimismo, su pleno apoyo a la aceleración de los trabajos de preparación e identificación de fuentes de financiación en el marco europeo para la evaluación y la implementación de nuevos proyectos de interconexión eléctrica entre Francia y España". Los firmantes reconocen que las nuevas interconexiones requerirán de un refuerzo de las redes actualmente existentes para aprovechar su capacidad. "Estos refuerzos deberían ser identificados por vía urgente y tomados en cuenta en las evaluaciones".
No todos los actores del sector comparten esa precipitación, ni todos coinciden con ese diagnóstico
La diputada de Equo Rosa Martínez -integrada en el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos- reclamaba hace unos días la paralización de las grandes infraestructuras energéticas proyectadas "hasta que se demuestre su necesidad en el nuevo escenario de transición energética”, un escenario en el que el ahorro y la eficiencia, la digitalización, las redes inteligentes, la generación distribuida y el autoconsumo están llamados a desempeñar un rol cada vez más relevante.
Martínez se ha mostrado particularmente preocupada por un proyecto, el de la interconexión (por cable submarino) Euskadi-Francia: "según lo presupuestado -ha explicado la diputada-, el proyecto costará 1.870 millones de euros, a los que han de sumarse los sobrecostes, altamente probables, dada la complejidad de una obra sin precedentes, que va a requerir cruzar un cable por el Cañón de Capbretón a una zona de profundidad máxima de 1.500 metros".
Pues bien, sobre el particular la diputada alerta: "que nadie se llame a engaño. Estos sobrecostes, según el acuerdo de reparto, correrán a cargo de las personas y empresas consumidoras de electricidad de forma mayoritaria vía factura de la luz”. En ese sentido, Martínez, que fue elegida diputada precisamente en la circunscripción de Vizcaya, alerta sobre el riesgo que corre la ciudadanía española de enfrentarse -si finalmente el proyecto es tecnológica o energéticamente fallido- a otro caso Castor.
Por ello, la congresista de Unidos Podemos insiste en que se demuestre la necesidad de estas infraestructuras y ha recordado que hasta el Comité de Expertos sobre la Transición Energética que convocó el Gobierno hace unos meses ha puesto en entredicho estos proyectos de interconexiones (efectivamente, varios de los expertos integrantes de ese Comité expresan -en el informe que han elaborado- dudas sobre la contribución de estas infraestructuras a la reducción de emisiones).
"un resultado que se desprende directamente de las simulaciones eléctricas" -dice la página 522 de ese informe- es que "el aumento de la capacidad de interconexión no facilita la consecución de los objetivos ambientales, ya que por un lado aumentan las emisiones, y por otro se mantiene o se reduce el porcentaje de energías renovables estimado en energía final. Además, un incremento de las interconexiones se traduce en un aumento del coste marginal de la energía (el que determina el mercado), que se añade al aumento de los costes de inversión en red de transporte"
La tabla que aparece a continuación ha sido extraida del último informe anual sobre eólica publicado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Según ese documento, "una serie de países, como Uruguay, también presentan elevados grados de penetración de energía eólica, pero no están entre los líderes en potencia instalada y, por ello, no han sido incluidos en esta tabla".
La compañía uruguaya SEG Ingeniería, a la luz de la información difundida por el Departamento de Energía de los Estados Unidos y de los registros del sistema eléctrico nacional uruguayo, coloca a Uruguay en el segundo puesto de la clasificación mundial, "con un 40,1% de generación eólica, habiendo registrado el pasado mes de setiembre el récord histórico de participación mensual de la energía eólica sobre el total generado, con un 48,94%". Uruguay ha pasado de tener instalados en su territorio solo 14,6 megavatios de potencia eólica en 2008 a contar con un parque eólico nacional que supera los 1.500 megas acumulados en 2018, con más de 600 aerogeneradores distribuídos en todo el país.
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