Esta potencia instalada está 2.000 MW por debajo de los 24.988 MW previstos por el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020, aprobado en Consejo de Ministros el 11 de noviembre de 2011 para cumplir con la Directiva europea 28/2009 de renovables. El informe del pasado 17 de diciembre de la CNMC sobre el borrador de Real Decreto sobre renovables, cogeneración y residuos señala que “determinadas tecnologías han superado con creces los objetivos”, uno de los motivos por el que justifica que se reduzca aún más la retribución de las instalaciones existentes. “Claramente, este no es el caso de la eólica”, apunta AEE.
Los 175 MW instalados el pasado año corresponden a los últimos coletazos del Registro de Preasignación, el cupo establecido en 2009 por el Gobierno para que sólo los nuevos parques inscritos entonces pudiesen percibir la retribución prevista en el Real Decreto 661/2007. No obstante, las empresas titulares de 928 MW de los inscritos en este Registro han renunciado a instalar esta potencia ya que, con la nueva regulación pendiente de aprobación en la reforma energética, no sólo no salen los números, sino que se genera una importante inseguridad jurídica.
Tras estas renuncias, quedan 177 MW no instalados inscritos en el Registro de Preasignación que no han renunciado expresamente a la construcción. “Las compañías tomarán una decisión una vez se conozca el detalle de la nueva normativa en trámite”.
Aunque este Registro, que se creó a través del Real Decreto-Ley 6/2009, garantizaba el derecho de los parques inscritos a cobrar una determinada retribución durante 20 años, “las tornas han cambiado” –explica AEE–. La reforma energética dictada por el Gobierno elimina los derechos adquiridos por las instalaciones existentes y les impone un nuevo sistema retributivo”.
De momento, es imposible prever el impacto económico que la reforma tendrá en el sector, a falta de la Orden Ministerial que establecerá los parámetros en base a los que se fijarán las nuevas condiciones económicas. No obstante, los cambios introducidos ya en el Real Decreto-Ley 9/2013, la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico (ya en vigor) y el borrador de Real Decreto sobre renovables (en tramitación), sumados al impacto económico de otras normas no referidas a la eólica pero que le causarán un perjuicio económico (como la Orden sobre Interrumpibilidad y el borrador de real decreto sobre pagos por capacidad), “se estima que el impacto será desproporcionado y tendrá efectos devastadores para el sector. De ahí la renuncia a instalar nuevos parques aunque estén registrados y las empresas hayan invertido ya dinero en ellos”.
Balance por autonomías
Según los datos recabados por AEE, que hace un seguimiento de todas las empresas del sector en España y utiliza el criterio de acta de puesta en servicio definitiva para realizar los cálculos, la comunidad autónoma dónde más megavatios se instalaron en 2013 fue Andalucía (ver tabla). La compañía promotora de parques que más potencia instaló en 2013 fue Enel Green Power (con 88,27 MW), seguida por Acciona Energía, EDPR y Gamesa.
A pesar de este “insignificante aumento de potencia” en 2013, la eólica se situó, por primera vez en la historia, como primera fuente de electricidad de los españoles en un año completo, al cubrir el 20,9% de la demanda, según datos de Red Eléctrica de España (REE).
Se trata del primer país del mundo en que esto ocurre. Sin embargo, según las estimaciones de AEE basadas en los datos disponibles de la CNMC y de REE, los incentivos a la eólica han representado tan solo un 11,4% de los costes regulados totales del sistema eléctrico en 2013 y han percibido el 25% de los incentivos al Régimen Especial.
“Estos datos reflejan la seriedad y rigor con la que el sector eólico se ha desarrollado en España –siempre de acuerdo a los objetivos del regulador– hasta convertirse en la primera tecnología del sistema, con un coste siempre controlado y eficiente”. Por ese motivo, AEE considera “incomprensible el maltrato regulatorio al sector en el contexto de la reforma energética y no se cansa de tenderle la mano al Gobierno para darle la vuelta a la situación y trabajar en pos de una normativa que garantice la supervivencia de un sector industrial clave para España y admirado en todo el mundo”.
