La potencia total eólica adjudicada en esta subasta ha sido de 2.258 MW, a un precio medio de 30,18 €/MWh; unos megavatios que se suman a los 998 MW asignados en la subasta de enero de 2021. Todos ellos deberán ser puestos en operación antes de octubre de 2024 y suponen un precio medio ponderado de la electricidad de 28,67 €/MWh.
Según los cálculos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), los proyectos adjudicados a la eólica supondrán una inversión superior a 2.500 millones de euros, ayudando a mantener los más de 30.000 puestos de empleo en el sector. La asociación considera, asimismo, que el resultado de la subasta "es un paso importante para el avance hacia el cumplimiento del PNIEC". Pero añade que el resultado de la puja "ha estado influenciado por ciertos aspectos y no está exento de retos".
Por un lado, destaca que "la coyuntura actual regulatoria en el sector, junto con la situación preocupante en la tramitación administrativa de los proyectos y la exigencia de unos plazos menores para la puesta en marcha, han condicionado la toma de decisión por parte de las empresas, exigiendo análisis de riesgo/oportunidad complejos". Por otro lado, "la situación de mayores precios en las materias primas y la logística también han influido suponiendo un impacto directo en las ofertas y, por tanto, en el precio final. Todo ello ha tenido que ser considerado en las diferentes estrategias empresariales".
Esta subasta es la segunda un conjunto de seis subastas ya planificadas y aprobadas por el Gobierno hasta 2025, con unos cupos mínimos anuales por tecnología. AEE considera que, adicionalmente a las subastas, "para poder cumplir con el ritmo anual de incorporación de 2,2 GW de potencia eólica establecido en el PNIEC, se deben potenciar otros esquemas de inversión como PPA o directamente merchant con coberturas, garantizando entornos de confianza y estabilidad para los inversores".
Diseño de las próximas subastas
Considera, asimismo, que el diseño de las subastas debe evolucionar, "aprendiendo de las experiencias pasadas, lo que debe garantizar un mecanismo robusto y fiable, que sea exigente en el cumplimiento de plazos y la solvencia de los actores adjudicatarios, y que sea capaz de soportar las diferentes estrategias de las empresas sin perder por ello eficacia. Sin duda, ese aprendizaje continuo es uno de los retos".
Para el sector eólico, "hay que conseguir enfocar las subastas a maximizar el valor y no a minimizar el precio, de manera que se maximicen las aportaciones que cada tecnología realiza a la economía, la generación de empleo, los ahorros para el ciudadano, la cadena de suministro existente en nuestro país, el beneficio a las comunidades locales, la eficiencia del uso de las infraestructuras y la reducción de emisiones". También es importante, continua, "avanzar en esquemas de subastas que permitan un grado de gestionabilidad de la energía, con la hibridación y el almacenamiento, para maximizar la integración de las renovables en el sistema".
Agilizar la tramitación administrativa
Un aspecto clave que de acuerdo con la AEE condiciona claramente las subastas es el avance en la tramitación administrativa de los proyectos. "Viendo el ritmo de avance actual en el desarrollo de los proyectos, el objetivo de alcanzar 40 GW de eólica para 2025 está en riesgo si no se simplifica, agiliza y fortalece la capacidad de tramitación administrativa por parte las administraciones", afirma.
Según datos de la patronal eólica, esta industria cuenta en España con el 100% de la cadena de valor, desarrollada en más de 250 centros industriales repartidos en todas las comunidades autónomas. "Dicha cadena de suministro se encuentra en la actualidad sometida a tensiones económicas en un mercado global en el que opera, por lo que disponer de un mercado local, de una dimensión comparable a la capacidad industrial eólica de nuestro país, que cuente con mecanismos que ayuden a ganar estabilidad y confortabilidad industrial, es también una prioridad", asegura.
Los 2.258 MW adjudicados equivalen a aproximadamente 450 aerogeneradores, lo que implica una carga de trabajo inferior a la capacidad de la industria eólica en España, que está cercana a los 4.500 MW/año. "De ahí la importancia de seguir apostando por esquemas complementarios como los PPAs y merchant, que garanticen un ritmo de encargos a las fábricas durante 2022 y 2023 como periodos críticos", aclara.
Marco regulatorio estable
La asociación también aduce que para cumplir con los objetivos establecidos en el PNIEC de contar en 2030 con 50.333 MW eólicos (ahora hay 27.400 MW) "se necesita un marco regulatorio estable que genere confianza en los inversores, una política industrial que apoye el progreso de la cadena de valor de la industria eólica en España, y poner las bases regulatorias para el despliegue de la eólica marina (que puede ser un elemento tractor de primer orden para la economía española, tanto energético como industrial), entre otros".
Con respecto al precio de la electricidad, recuerda que esta tecnología disminuye la importación de combustibles fósiles, causa de la actual escalada de precios, "aportando la mayor cantidad de energía limpia por MW instalado y generando el mayor ahorro para los consumidores".
Teniendo en cuenta los actuales contratos de futuros de OMIP, AEE calcula que gracias a toda la nueva potencia eólica subastada en 2021 (3.256 MW), para finales de 2024 los consumidores eléctricos españoles tendrán un 8,2% más de electricidad renovable a un precio medio ponderado de 28,67 €/MWh, lo que significará un ahorro del 44% respecto al precio del mercado previsto para 2025. En términos monetarios, esto significa un ahorro total para los consumidores de más de 435 millones de euros.
La AEE destca, por último, que en los últimos 10 años la eólica ha evitado la generación con combustibles fósiles equivalente a dos años del consumo de electricidad de España, evitando la importación de esos combustibles por un valor de 18.717 millones de euros. La eólica es también una herramienta primordial para la lucha contra el cambio climático. Si una hectárea de bosque absorbe entre 10 y 20 toneladas de CO2, la eólica española es el equivalente a entre 1,4 y 2,8 millones de hectáreas de bosque en efecto reductor de emisiones (entre 2 y 4 veces el tamaño de la superficie de la Comunidad de Madrid).
