El objetivo que persigue el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima francés es generar al menos un 33% de la energía que demande el país en 2030 a partir de fuentes renovables, lo que se traduce en un 40% en el sector eléctrico. Y, según la asociación de la industria eólica europea, WindEurope, el viento podría aportar la mitad de esos cuarenta puntos en esa fecha. Los números eólicos que el Gobierno francés ha presentado en su Plan son muy concretos: 34.700 megavatios de potencia terrestre en 2028 (a finales de 2019 WindEurope tenía registrados 16.644 megas en Francia) y entre 5.200 y 6.200 megavatios en el mar en el mismo horizonte 28 (ahora mismo hay dos, según los registros de WindEurope).
La asociación considera que los objetivos eólicos franceses son “ambiciosos pero realistas”. Eso sí, WindEurope avisa: la clave de la materialización de esos objetivos es la adecuada implementación de un marco regulatorio propicio. Y ahí la administración es la que tiene la responsabilidad. Porque el sector -viene a decir la asociación- ha hecho sus deberes: ha alumbrado precios competitivos en la licitación offshore de Dunquerque 2019 (44 euros el megavatio hora) y está trabajando con ahínco además en la reducción del coste de generación de la eólica flotante. La Administración lo sabe y por eso, probablemente, ha programado una primera gran subasta eólica marina (flotante) en 2021 y otras varias para el año siguiente, 2022.
WindEurope ve con buenos ojos esas iniciativas y así mismo que la Administración gala haya expresado su intención de establecer un marco legal estable y simplificado que facilite tanto el desarrollo de proyectos nuevos como las repotenciaciones (la Asociación considera en todo caso que estas últimas deben ser priorizadas). Pero WindEurope insiste: la implementación es la clave. “Cumplir con el calendario de subastas previsto, en el marco de la desescalada del Covid-19, es el primer paso para desplegar la potencia eólica que va a ser necesaria para que Francia pueda materializar sus objetivos”. La simplificación administrativa de los procedimientos y la remoción de las barreras que constriñen el despliegue de nuevos proyectos y repotenciaciones deben ser asuntos así mismo priorizados por el legislador, según WindEurope.
