La nueva normativa, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, del partido Republicano, entrará en vigor el 1 de julio, deroga los programas que fomentan las energías renovables y también suprime los requisitos de que las agencias estatales utilicen productos respetuosos con el clima y adquieran vehículos de bajo consumo. Por el contrario, impulsa el consumo de gas natural y el desarrollo de pequeñas céntrales nucleares.
Según ha publicado DeSantis en la red social X, la nueva legislación “mantendrá los molinos de viento fuera de nuestras playas, el gas en nuestros tanques y China fuera de nuestro estado”. “Estamos restaurando la cordura en nuestro enfoque de la energía y rechazando la agenda de los fanáticos verdes radicales”, añadió el gobernador, que suspendió su campaña presidencial en enero y ahora apoya fervientemente a Donald Trump.
La reacciones de ONGs ambientalistas y organizaciones ecologistas no se han hecho esperar. Todas consideran que con esta normativa, DeSantis ignora la realidad de Florida, uno de los estados más vulnerables a los costosos y mortales efectos del cambio climático. En este sentido, recuerdan que múltiples estudios científicos han demostrado que el aumento en la atmósfera de gases de efecto invernadero está detrás de la subida del nivel del mar, de que haya más inundaciones en las ciudades costeras del Estado y de un el clima cada vez más extremo.
Precisamente debido a ello las principales aseguradoras se están retirando del Estado, lo cual está haciendo muy difícil a los propietarios en Florida encontrar cobertura para sus bienes y, cuando lo consiguen, se ven obligados a pagar algunas de las primas de seguro más altas del país. Según publica el New York Times, “miles de personas se han inscrito en el fondo estatal de seguros de alto riesgo de último recurso”, un fondo que, DeSantis califica de "insolvente". La inestabilidad en el mercado de seguros amenaza el sector inmobiliario de Florida y, por extensión, la economía del estado, advierten los expertos.
DeSantis está atacando las políticas climáticas del gobierno federal de Biden desde hace tiempo. En un debate presidencial el otoño pasado, prometió que “va a tomar todas las regulaciones de Biden, el Green New Deal, arrancarlo y tirarlo a la papelera, donde pertenece”. En esta línea, el año pasado, rechazó $346 millones que estaban disponibles en fondos federales para ayudar a los residentes de Florida a hacer sus hogares más eficientes energéticamente, a pesar de una solicitud de la Legislatura del Estado de que Florida aceptara el dinero.
