Los miembros de las mesas de Energía de la Universidad de La Laguna (ULL) y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) son partidarios de una menor intervención de los gobiernos y de que las administraciones públicas se limiten a señalar dónde no quieren que se coloquen aerogeneradores, principalmente en espacios protegidos, según expusieron en un reciente encuentro celebrado en ambas sedes académicas bajo el título “El futuro de la energía eólica en Canarias”, informa Efe.
Para los especialistas tampoco tiene sentido que el precio de referencia para la retribución de la electricidad generada por fuentes renovables en Canarias sea el obtenido en el mercado mayorista peninsular, ya que son sistemas totalmente independientes.
“A estas alturas aún no se sabe lo que cuesta producir un kilovatio/hora", señaló José María Fernández-Palacios, director del máster en Biodiversidad Terrestre y Conservación en Islas. “Es mejor apostar por un sistema en el que se sepa cuánto cuesta producir electricidad de origen eólico, distribuirla y conocer cuál es el margen de las eléctricas”, agregó el profesor.
Además, debido a la reciente anulación de la adjudicación del concurso eólico de 2007 por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, los expertos consideran recomendable incluso anular este concurso, para permitir "una realista activación del sector eólico en Canarias mediante otros procedimientos" y que éstos permitan que la mayor parte de la riqueza generada se quede en las islas. "incluso a costa de un desarrollo más lento del sector, de forma que el capital a invertir proceda de Canarias y sea lo más repartido posible", puntualizan.
En su opinión, la sociedad canaria puede estar dispuesta incluso a introducir aerogeneradores en algunos de sus espacios protegidos, pero siempre que se evidencie que los beneficios repercuten directamente en Canarias, remarcaron.
Una política “muy defectuosa”
Los expertos del Aula de Energía consideran que la política intervencionista en el sector de las energías renovables realizada por los gobiernos, tanto central como autonómico, "ha sido muy defectuosa" y ha provocado que el desarrollo "de la eólica permanezca plano desde el año 2000 en las islas.
A ello hay que añadir que la reforma del sistema eléctrico promovida por el Ministerio de Industria acaba con el régimen de protección que tenían los 45 parques eólicos instalados con anterioridad a 2005 en las Islas. Así, a partir de este momento, cada megavatio hora que generen se retribuirá según el precio de mercado peninsular, lo que provocará un descenso de ingresos cercano al 50% y abocará a varios de ellos a "la quiebra", según ha advertido el presidente de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican), Ernesto Pérez Reyes.
