«Finalmente se ha impuesto el sentido común. El pasado 22 de marzo, el Parlament de Catalunya aprobó la Ley de Presupuestos para 2017 sin incluir las enmiendas de los grupos parlamentarios de las CUP y Catalunya Si Que Es Pot en las que incluían un canon para la energía eólica.
La falta de lógica deriva de la disfunción entre los objetivos del Govern de la Generalitat de alcanzar el 50% de generación renovable en Catalunya para el año 2030 y la baja penetración de esta en el mix energético catalán actual. Estamos ante un escenario que requiere la toma de medidas urgentes para impulsar la implantación de las energías renovables y no para frenarlas.
Cataluña necesita construir 3.600 megavatios (MW) de nueva capacidad de generación eólica en 13 años para alcanzar los objetivos marcados, a los que sería necesario añadir otros 3.600 MW de origen fotovoltaico. El actual marco normativo y administrativo que regula la energía eólica es responsable de que, desde 2013, no se haya instalado ningún parque en todo el territorio catalán.
Implantar 3.600 MW nuevos de generación eólica en este corto periodo requiere, además de un marco normativo y reglamentario favorable, la atracción de inversores capaces de abordar los más de 4.200 millones de inversión necesarios. Ante propuestas como las de un canon eólico se pierde competitividad y la inversión prefiere proyectos en otras comunidades o en el extranjero. Algunas de las comunidades que ya han implantado un canon se están planteado su eliminación para ganar en competitividad.
Para los impulsores del canon eólico, la progresividad de este tributo en función de la potencia instalada permite el desarrollo de pequeños parques favoreciendo proyectos comunitarios y municipales de generación. Este tipo de proyectos son muy interesantes, pero tienen dos problemas: por un lado son tan escasos que resultan insuficientes para contribuir mínimamente a superar el déficit de generación eólica y, por otro, están sometidos a unas economías de escala tan reducidas que los convierte en poco competitivos, a nivel de costes. No hace falta decir que a partir de este tipo de proyectos resultaría prácticamente imposible sumar la inversión necesaria. No obstante en EolicCat creemos que el desarrollo de propuestas de este tipo contribuye al desarrollo de nuestro modelo de generación renovable y a la consolidación de una industria eólica sólida.
El sector eólico ha dado repetidas muestras de sensibilidad con el territorio en que se implanta y tenemos plena consciencia de que el recurso eólico es limitado y que sólo es viable con una cantidad y calidad de viento muy concretas. Los promotores de parques eólicos, en su implantación, se han mostrado favorables a suscribir convenios con los municipios. Estos acuerdos, aunque bilaterales, son de obligado cumplimiento para las empresas promotoras o gestoras del parque.
Otro dato a tener en cuenta es el impacto fiscal de la energía eólica. Siguiendo el modelo de aportaciones actual y, según el objetivo previsto por el Govern de la Generalitat para 2030, se alcanzaría una potencia eólica instalada de 4,9 gigavatios (GW) y una producción de 13,7 teravatios hora al año, que, traducidos en aportación de recursos, supondrían:
− 74,3 millones de euros anuales a la Hacienda estatal en concepto del Impuesto sobre el Valor de la Energía Eléctrica, un 324,6% más que los 17,5 millones de 2015.
− 44,2 millones de euros anuales a las haciendas locales en impuestos y convenios, un 291,2% más respecto a los 11,3 millones aportados en 2015.
− 17,4 millones de euros anuales que se quedan en el territorio derivados de las rentas por alquiler de los terrenos, un 286,7% más que los 4,5 millones aportados en 2015.
En EolicCat entendemos la necesidad de encontrar mecanismos que compensen a los territorios que concentran la generación eólica, pero creemos que hay que hacerlo a partir de transferencias de recursos desde los territorios que más se benefician, es decir, las zonas metropolitanas que concentran la demanda energética y que más consumen.
Resulta paradójico el hecho de que el objetivo finalista del canon eólico es evitar el impacto que la energía eólica tiene en el territorio donde se instala, un impacto medioambiental, según los municipios que lo promueven, y que los recursos que se generarían a partir de este impuesto se destinaría a iniciativas orientadas a frenar la despoblación de estos municipios. Curiosamente, las inversiones en energía eólica han contribuido a consolidar la población en estos territorios, a través de la creación de empleo y la aportación de riqueza.
Otra de las grandes contradicciones de esta figura fiscal es que los dos grupos parlamentarios que han propuesto la imposición de un canon eólico se han manifestado en múltiples ocasiones a favor del cierre de las tres centrales nucleares catalanas. Hoy en día, el recurso nuclear aporta el 54% de la generación eléctrica de Catalunya. Sin un decidido impulso a la generación eólica será imprescindible la ampliación de la vida útil de los reactores nucleares hasta los 60 años para garantizar el suministro eléctrico en Catalunya, con los costes y los riesgos que esto supone.
Para terminar, quiero señalar que la imposición de un canon eólico es algo inédito en los países líderes en energías renovables, y más cuando la urgencia es favorecer a su crecimiento. Por ello apostamos por la participación del sector, los municipios y los territorios en la búsqueda de propuestas de colaboración económica y de participación en los proyectos eólicos para que beneficien e impacten aun más positivamente en los territorios donde se implanten los parques. Es necesario aprender de estas experiencias de éxito».
Víctor Cusí, presidente de EolicCat
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