La Asociación Empresarial Eólica (AEE) celebró ayer, ante más de doscientos profesionales, una nueva edición de su ya tradicional jornada Eólica y Mercado. Ha abierto el evento el presidente de AEE, Juan Diego Díaz Vega, que ha identificado la electrificación como uno de los mayores retos a los que se enfrenta actualmente el sector de las energías renovables en general, y el de la eólica en particular. “El sistema eléctrico es un entorno de equilibrios inestables, donde la oferta debe estar equilibrada con la demanda, debiendo avanzar de la forma más acoplada posible. Si la demanda eléctrica no se incrementa, la generación eléctrica renovable no podrá disponer de contraparte compradora y podría enfrentarse a escenarios de pérdidas de rentabilidad. Trabajar en políticas de electrificación, que tengan efecto en el corto-medio plazo en los consumidores –tanto domésticos como industriales– es una de las tareas más importantes a las que nos enfrentamos como sector”.
Son todas ellas palabras de Juan Diego Díaz Vega, presidente de la Asociación Empresarial Eólica, que ha enunciado en la apertura de la jornada de hoy un mensaje muy concreto: “este [por la electrificación] es el reto principal de este periodo: electrificar de forma eficiente, para los consumidores y para el sistema”.
El presidente de la patronal del sector eólico nacional ha repasado, al comienzo de su intervención, algunos de los números del sector: la eólica, que aporta un 24% de la generación en España, es ya la primera tecnología -ha dicho- de la matriz eléctrica. El sector emplea actualmente -ha añadido- a unos 40.000 profesionales, mientras que las exportaciones superan los 2.500 millones de euros anuales, lo que sitúa a España en el quinto puesto del escalafón mundial. Por todo ello, y porque es un yacimiento de "empleo cualificado" y una solución para el cambio climático, "velar por nuestra industria eólica -ha incidido Vega- es una prioridad".
El presidente de la AEE ha explicado durante su intervención que el divorcio generación-demanda (cada vez hay más potencia de generación, pero la demanda no crece ni mucho menos al mismo ritmo) no solo está llamado a impactar sobre el ritmo de instalación de nueva potencia renovable, "sino que puede condicionar también el desarrollo de otros vectores, como el almacenamiento, que es otro de los retos a los que el sector eólico se enfrenta". Es por eso necesario profundizar -ha venido a decir Díaz Vega- en los escenarios para el despliegue del almacenamiento "y extraer los mayores beneficios de estas inversiones muy intensivas en CapEx".
Redes
Otras de las reivindicaciones que ha hecho AEE por boca de su presidente ha apelado a las redes. "El avance en el despliegue de las redes es prioritario". Hace falta -ha dicho- un desarrollo "dinámico, ágil y adaptable a los diferentes escenarios, evitando congestiones estructurales que condicionen el desarrollo renovable y garantizando los estándares de calidad y seguridad de la operación del sistema".
La presidenta del operador del mercado ibérico de la electricidad (OMIE), Carmen Becerril, ha intervenido a continuación. Becerril ha analizado la reciente reforma del mercado eléctrico y el papel de la eólica. Para empezar, ha destacado el hecho de que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) plantea duplicar la potencia eólica actual: ahora mismo hay poco más de 30.000 megavatios eólicos operativos y el objetivo 2030 que ha fijado el Gobierno en ese Plan es 62.044 MW.
A continuación, Becerril ha comparado lo que significa esa ambición (duplicar la potencia del parque eólico nacional de generación en apenas seis años) con la situación de la demanda de electricidad, que lleva ya dos décadas prácticamente congelada. La demanda en 2023 ha sido -ha recordado Becerril- prácticamente la misma que la registrada 20 años atrás. "Debemos ser más ambiciosos -ha dicho- y pensar en la electrificación de muchos sectores y de consumidores domésticos, y debemos trabajar por la electrificación de nuestra economía. Necesitamos demanda eléctrica y almacenamiento, y llegar a un nivel de concreción al que aún no se ha llegado".
Becerril ha querido en todo caso concluir con un mensaje optimista: "hay un futuro brillante con más de 20.000 megavatios que ya tienen Autorización Ambiental aprobada", ha dicho.
En línea con ella se ha manifestado el director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de AEE, Heikki Willstedt, que ha introducido la primera de las mesas de la jornada. Lo ha hecho de la mano de una presentación en la que ha ido repasando una serie de datos muy concretos sobre el "Estado general de tramitación de parques eólicos en España" (véase tabla bajo estas líneas).
Willstedt ha ido trufando su presentación con mensajes muy contundentes. "El sector no está alejado de la posibilidad de cumplir con esos objetivos", ha dicho en alusión a los 62.044 megas que plantea el Gobierno en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. "23.000 megavatios podrían construirse en los próximos tres o cuatro años", ha adelantado a continuación.
Eso sí, "añadir más fiscalidad aún a los proyectos eólicos evidentemente va a tener consecuencias", ha advertido en alusión a los cánones eólicos y otros impuestos que diversas autonomías están anunciando o aprobando. "Las administraciones -ha señalado- tienen que asumir su responsabilidad: si quieren que se hagan los proyectos o no quieren que se hagan".
Tras su introducción han intervenido Laura Rol, directora de Regulación de Mercados Eléctricos de Repsol; Silvia Encinas, directora de Crecimiento Estratégico y Regulación de EDPR; Ángeles Mora, responsable de Regulación y Mercados de SSE Renewables; Javier Rodríguez, del área de Regulación y Desarrollo de Energías Renovables de Endesa; y José Luis Adanero, director de Regulación y Mercados de Iberdrola, empresas todas socias de AEE.
Los mensajes han sintonizado con el discurso de Willstedt. Rol (Repsol) se ha quejado de la moratoria eólica de La Rioja y del canon de Aragón y, "aunque estoy en contra del proteccionismo", ha dicho, "si Estados Unidos está protegiendo a su industria, nosotros tendríamos que hacer lo mismo".
Mora (SSE Renewables) ha dicho por su parte que "los objetivos [del Pniec] no son imposibles", pero ha querido ir más allá del año 2030. Tendríamos que estar pensando ya en 2032, 2034, ha advertido. "2030 es un mero entrenamiento para lo que nos queda", ha dicho, literalmente. Además, ha pedido "que haya más de una subasta anual".
Encinas ha explicado que "el desafío de cumplir con los objetivos Pniec es bastante relevante", y ha añadido que para materializarlo es fundamental dotar a las administraciones de más funcionarios y con la formación adecuada, al objeto de agilizar las tramitaciones, para las que ha pedido "más transparencia en los procesos" y una mayor digitalización "que permita una mayor trazabilidad".
Rodríguez, de Endesa, ha coincidido grosso modo con las anteriores y ha incidido en el almacenamiento: "vamos a tener que hacer un esfuerzo en almacenamiento porque hemos hecho un mix intensivo en fotovoltaica" (y el problema es que la fotovoltaica genera toda ella a la vez y no siempre a esas horas hay demanda suficiente, por lo que el operador del sistema se ve obligado a mandar parar la producción, con el consiguiente perjuicio para el productor. ¿Conclusión? Si hay almacenamiento, esa producción potencial sí se podría aprovechar).
El responsable de Regulación de Endesa también ha aludido a las redes, otro de los desafíos a los que se enfrenta el sector. "Hacemos kilómetros y kilómetros de líneas -ha dicho- que solo utilizan los generadores (...). Habrá que ver si desde esas líneas se pueden atender demandas".
De las redes también ha hablado Encinas, que ha lamentado la falta de accesos a las mismas. "Desde que se articuló un mecanismo de concurso de acceso y conexión a finales de 2020 no se ha celebrado ni un solo concurso".
Adanero (Iberdrola) y Rodríguez (Endesa) han coincidido en una valoración: los números no salen. El responsable de Regulación de Iberdrola se refería a la repotenciación. Su homólogo en Endesa se ha referido en esos mismos términos al almacenamiento. ¿Solución? Ayudas desde la Administración, han sido las propuestas.
Tramitación
La tramitación ha sido otro de los asuntos más recurrentes durante la jornada Eólica y Mercado. Y ahí el discurso de AEE ha sido monolítico: acelerar la tramitación administrativa es "crítico para nuestra resiliencia energética, económica, industrial y climática".
Para empezar, AEE ha instado hoy a las administraciones, por boca de varios de los ponentes, a que tramiten más rápido y cumplan los plazos establecidos en la normativa europea "con rigor, con criterios homogéneos y coordinación estrecha entre las Administraciones".
Para ello, el sector no ha dudado en pedir más recursos materiales y herramientas, personas y la formación necesaria en las Administraciones, personal que debe trabajar -se ha reivindicado- "con directrices únicas y claras, con estructuras organizativas realmente operativas, y con enfoques modernos y procesos eficientes".
Por su parte, el sector -han apuntado desde AEE- debe contribuir "con responsabilidad y rigor, priorizando aquellos proyectos más maduros y enfocando los esfuerzos en aquellas iniciativas que tienen menos riesgo".
La situación a día de hoy
Para alcanzar en 2030 el objetivo eólico de 62 GW contemplado en la propuesta de Pniec remitida a la Comisión Europea para su aprobación, habría que incorporar más de 4 GW al año. Actualmente, en España hay más de 20 GW de proyectos eólicos con Autorización Ambiental aprobada, de los cuales 11 GW deben obtener la Autorización de Construcción antes de julio de este año. El RDL 8/23 de diciembre del año pasado estableció una extensión de plazos, tanto para obtener la Autorización de Construcción como para la Autorización de Explotación, pudiendo extender la puesta en marcha de los proyectos hasta el año 2028.
Pues bien, según AEE, "es primordial disponer de seguridad jurídica, que impida que proyectos que han obtenido todas las autorizaciones técnicas y ambientales y tras años de exhaustivo trabajo puedan ser paralizados posteriormente por criterios judiciales que modifican la interpretación de una norma que ha venido siendo utilizada hasta la fecha de forma satisfactoria".
Paralizar instalaciones o proyectos en construcción tiene implicaciones graves en el empleo del sector, pero también en el empleo industrial que será consumidor de la energía generada por los mismos.
El presidente de AEE ha mostrado preocupación por "la judicialización de la tramitación de proyectos eólicos que se han venido desarrollando recientemente en algunos territorios, con aplicación de medidas cautelares de paralización de proyectos que ya cuentan con la autorización ambiental y de construcción. Afortunadamente -ha matizado-, estas paralizaciones cautelares se están anulando por parte del Tribunal Supremo y esperamos que en breve se recupere la normalidad".
Juan Diego Díaz Vega, presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE): “estas medidas han supuesto un tsunami para las inversiones, para la creación de empleo de valor añadido, para los pedidos a la industria y para la atracción de consumo industrial al territorio (...). El daño generado es difícil de valorar, no sólo en lo económico, sino en ámbitos intangibles como la reputación, la aceptación social, la imagen de país o el coste para las generaciones futuras”
Otro de los temas que Díaz Vega ha destacado como "prioritario" es la aceptación social de los proyectos en los territorios, y ahí ha reconocido que "la primera responsabilidad recae en el sector, el cual debe trabajar con sensibilidad y rigor, de forma anticipada en los territorios y siendo conscientes de las realidades locales, aportando información temprana sobre los proyectos para garantizar una tramitación saludable para todos los actores involucrados. Tenemos que seguir haciendo mucha pedagogía -ha añadido- sobre la realidad de los beneficios que los parques eólicos trasladan al territorio, a su socioeconomía local y al cuidado del medioambiente. Los ingresos de los parques eólicos en los municipios suponen ya más del 10%".
El despliegue de nueva potencia eólica constituye además -ha apuntado- toda una oportunidad industrial para España, porque somos -ha dicho- todo "un referente internacional. España es uno de los pocos países con el 100% de la cadena de valor de la eólica, y quinto país en el mundo con mayor exportación de aerogeneradores".
La ralentización del ritmo de instalación vivida por el sector desde 2020 está impactando de manera negativa, sin embargo. "La cadena de suministro del sector ha vivido años difíciles desde 2020 y debemos seguir avanzando de forma que velemos por toda la cadena de valor. La regulación, la planificación, los procedimientos y, en definitiva, el enfoque de las actuaciones encaminadas a avanzar en la transición energética debe tener en consideración la autonomía industrial y tecnológica como uno de sus pilares fundamentales".
Díaz Vega ha vuelto a insistir en ese sentido en "la amenaza desde terceros mercados, principalmente China".
La solución podría estar en camino, sin embargo. El presidente de la asociación ha recordado en ese sentido que la Comisión Europea ha comunicado recientemente, en octubre del año pasado, el Plan de Acción de la Industria Eólica (Wind Power Action Plan), un "mecanismo de emergencia para velar por la cadena de valor eólica europea".
El Plan -ha explicado- constituye un "importante respaldo e impulso" al sector eólico. El objetivo de ese Plan es garantizar la competitividad de la eólica europea y cumplir con los objetivos de desarrollo de eólica en España y los objetivos de la Unión Europea en materia de clima y energía para 2030, "y llega -ha dicho- en un momento clave en el que la industria eólica en España y en la Unión Europea sufre una extrema vulnerabilidad financiera, con limitaciones para poder invertir en ampliar sus capacidades de producción y en desarrollar nuevos productos, justo en el momento de mayor expectativa de crecimiento del mercado eólico europeo y cuando la industria asiática tiene la estrategia comercial de exportación eólica más agresiva de su historia".
El Plan de Acción consta de 15 acciones divididas en 6 temáticas, entre las que se recogen aspectos como la aceleración de la concesión de permisos para los nuevos parques eólicos, la mejora de los diseños de subastas en la Unión Europea para que capturen el mayor valor de las tecnologías y no sólo el menor coste, favoreciendo a los actores europeos frente al resto.
El Wind Power Action Plan también plantea mejorar y adaptar los instrumentos de apoyo financiero existentes para dar una mayor confortabilidad a los actores industriales europeos. "Todas las acciones -ha señalado Díaz Vega- están encaminadas a dar estabilidad a las cadenas de suministro y a garantizar un terreno de juego justo entre los diferentes mercados a nivel global".
Este Plan se selló el pasado 19 de diciembre, durante el último Consejo de Ministros de Energía dentro de la Presidencia española de la UE, con la firma de la Car“European Wind Charter” apoyado por 26 de los 27 Estados Miembros y por más de 300 empresas del sector eólico europeo.
Ahora cada país tiene que desarrollar la regulación necesaria para cumplir los acuerdos del “charter”, a la espera de la llegada del Net Zero Industrial Act (NZIA), que concreta de manera jurídica y vinculante muchos de los compromisos que se han hecho para la UE y los Estados Miembros. Estamos, ante un periodo de necesaria defensa industrial y tecnológica en Europa, y con estas medidas se está velando por la seguridad energética nacional e internacional, así como que los beneficios socioeconómicos que supone el sector eólico (inversiones, empleo, fábricas, etc.) se queden en Europa.
Por fin, el presidente de la AEE ha hablado de la asignatura pendiente: el despegue de la eólica marina en España. "Nuestro sector tiene una clara apuesta por el desarrollo de esta tecnología en nuestras costas, por su integración con las actividades prexistentes y por sus beneficios para las comunidades locales costeras".
El sector se encuentra ahora mismo a la espera de la publicación por parte del Gobierno de la consulta pública sobre el paquete regulatorio, "que entendemos debe ser una prioridad, porque los inversores, la industria y, en general, toda la cadena de valor necesita visibilidad y seguridad en el potencial desarrollo de la eólica marina".
El Pniec identifica como retos específicos la instalación de al menos 3 GW de eólica marina en 2030 y, según AEE, "para conseguirlo debemos disponer de la primera subasta a lo largo de 2024".
