Ahora mismo hay unos 31 gigavatios (GW) eólicos instalados y el PNIEC aprobado por el Gobierno quiere que para el año 2030 haya 62 GW de eólica instalados, con 3 GW correspondientes a eólica marina (ahora mismo no hay ninguno). Este preámbulo sirve para entender que, básicamente, el Gobierno quiere doblar la potencia eólica en España, un objetivo que, según el sector eólico "está en peligro" a la luz del proyecto de Real Decreto.
La eólica representa hoy cerca del 25% de la generación eléctrica en España, "y lo hace ocupando solo el 0,017% del territorio con sus infraestructuras", explica la AEE. En comparación, otras infraestructuras como las carreteras "ocupan el 0,4% de la superficie española, por la que se mueven 33 millones de vehículos (según la DGT) que generan una mucho mayor amenaza para las aves". Sin embargo, es a la eólica a la que se pretende imponer "una norma mal definida, que pone en jaque tanto el presente como el futuro de una fuente de energía limpia, económica y necesaria", denuncia el sector eólico.
"A día de hoy, no existe una situación que justifique una normativa tan restrictiva". Así comienza el comunicado que ha difundido la AEE, asociación que argumenta que "las principales especies protegidas muestran una evolución favorable según los estudios de referencia como el Libro Rojo de las Aves". Sin embargo, la propuesta legislativa plantea una serie de medidas que, a su parecer, "penalizan de forma injustificada tanto a los parques existentes como a los futuros".
Medidas propuestas por el proyecto de Real Decreto
Entre las obligaciones contempladas por el Real Decreto sobre avifauna, figura "la parada automática de los aerogeneradores ante el paso de cualquier ave, esté protegida o no incluida en el LESRPE (303 especies)". Desde el sector eólico señalan que "esta medida ignora los estudios de impacto previamente realizados —y aprobados por las autoridades competentes— y genera una enorme incertidumbre técnica y financiera", ya que "si no se puede prever cuántas horas funcionará un parque, es imposible garantizar su viabilidad económica, tanto de los existentes como de los futuros", por lo que se pone en peligro "las inversiones en nuevos proyectos y el cumplimiento de los objetivos Españoles de renovables y cambio climático para 2030".
Para la AEE es "aún más grave" el planteamiento de que si en cinco años se registran más de tres colisiones anuales, podría ordenarse el desmantelamiento del parque eólico. Aplicar esta regla, sin tener en cuenta factores como la localización, la especie o las condiciones específicas del entorno, "puede suponer la paralización de proyectos estratégicos y sostenibles", advierten.
Además, el sector eólico sostiene que este enfoque tiene consecuencias "alarmantes", ya que estiman "un coste superior a los 22 millones de euros por accidente con un ave, siendo un 70% de este coste soportado por la sociedad en forma de electricidad renovable no generada sustituida con combustibles fósiles importados". Por ello, denuncian el planteamiento de una norma que contempla unas sanciones "desproporcionadas", que a su parecer son "más severas que las aplicadas a otros sectores con mayor impacto sobre la avifauna como puede ser la caza ilegal".
Energía y conservación
La AEE asegura compartir "el compromiso con la protección de la biodiversidad", ya que sus instalaciones "cumplen rigurosamente con las evaluaciones de impacto ambiental, que incluyen análisis exhaustivos sobre avifauna, y siempre hemos colaborado activamente para mejorar la necesaria compatibilidad entre energía y conservación". Por ello, reclaman una solución "equilibrada" que permita conocer "qué especies están verdaderamente en riesgo, en qué zonas, y con qué medidas eficaces y proporcionadas puede actuarse".
"España no puede permitirse dar pasos atrás en su compromiso climático y energético. Necesitamos marcos regulatorios coherentes, con seguridad jurídica, y que respondan a los intereses ambientales, pero también energéticos y sociales del país", concluyen desde la AEE.
