El informe de Hacienda detalla siete operaciones en las que las eléctricas terminan pagando a empresarios locales o altos cargos directamente o mediante la transmisión de acciones en sociedades creadas para la explotación de los parques y sin que se produzca ninguna contraprestación o actuación concreta, señala El País.
La conclusión es que las eléctricas transfirieron las acciones de las sociedad creadas de tal forma que “se multiplica por cientos de veces, incluso miles, el capital inicialmente aportado, sin que en la mayoría de los casos hayan llegado a instalarse los aerogeneradores para la producción de energía”.
Entre los beneficiados por la trama figuran el entonces viceconsejero de la Junta de CyL, Rafael Delgado Núñez, el responsable de la Consejería de Economía, Tomás Villanueva (considerado la mano derecha del presidente regional, José Vicente Herrera, del PP) y Alberto Esgueva, que fue hasta 2006 consejero delegado de Excal, empresa pública de la Junta dedicada a fomentar exportaciones y encargada de las autorizaciones.
En cuanto a las eléctricas que querían instalar parques eólicos, el informe de la Agencia Tributaria indica que el “sistema” de funcionamiento consistía en formar empresas mixtas vehículo junto con cargos de la consejería o empresarios locales “relacionados con el poder autonómico”. Una vez conseguida la autorización para instalar el parque, las eléctricas recompraban las acciones a su socio local por un precio que multiplicaba el capital que estos habían desembolsado.
La mayor operación eólica bajo la lupa de Hacienda, siempre según la misma fuente, es una realizada entre Iberdrola Renovables en Castilla y León, Ibercyl, y la empresa San Cayetano Wind, propiedad de Alberto Esgueva. Este fue consejero delegado de la empresa pública Excal SA, dependiente de la Consejería de Economía, hasta 2006.
Castilla y León es la comunidad con más megavatios eólicos instalados, 5.560, un 25% del total de España.
