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El nuevo decreto eólico fija en 1.028 MW la potencia a instalar en Canarias

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El nuevo decreto aprobado por el Ejecutivo regional sitúa en 1.028 la potencia eólica máxima que podrá estar instalada y conectada a la red en el archipiélago en el año 2015. Esta cifra incluye la nueva potencia que sale a concurso, la ya existente y las instalaciones destinadas a I+D. En el anterior decreto, la potencia autorizada era de 344 MW. El decreto eólico fue publicado el martes pasado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) tras obtener el dictamen preceptivo al Consejo Consultivo de Canarias. Precisamente la carencia del dictamen de este órgano motivó la anulación del primer decreto (de mayo de 2003) y la posterior cancelación del concurso.

El reparto de la potencia asignada por islas queda como sigue: 411 MW para Gran Canaria; 402 MW en Tenerife; 162 MW entre Lanzarote y Fuerteventura; 28 MW en La Palma; 14 MW en El Hierro; y 8 MW en La Gomera. En total, 1.025 MW.

El decreto establece que sólo podrá concederse autorización administrativa para la instalación o ampliación de parques eólicos a quienes hayan obtenido previamente en concurso público convocado al efecto la potencia eólica correspondiente.

Las instalaciones eólicas destinadas a la investigación, así como la repotenciación de los parques existentes queda fuera de esta obligación. Estas últimas quedan recogidas bajo otro artículo, el 7, en el cual se establece, entre otros aspectos, que se podrá aumentar la potencia del parque hasta un límite del 50% de la potencia total de los aerogeneradores sustituidos.

El decreto también establece dos modalidades en los concursos para la asignación de potencia: la modalidad para la instalación o ampliación de parques eólicos con consumos asociados y la modalidad para la instalación de nuevos parques eólicos destinados a verter toda la energía a la red eléctrica insular correspondiente.

Además, se fijan tres tipos de fianzas: presentación al concurso de asignación de potencias, 10.000 euros/MW solicitado; en concepto de aseguramiento de la realización de las inversiones previstas por los adjudicatarios de potencia en el concurso, 50.000 euros/MW adjudicado; y aseguramiento de un plan de desmantelamiento, 10.000 euros/MW instalado.

Por otra parte, la Consejería de Industria sigue sin decidir si se debe indemnizar o no a las empresas que se presentaron al primer concurso eólico y que pagaron por ello unos 60.00 euros de media.

Más información:
http://www.gobcan.es/boc/2006/061/002.html
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