El Ejecutivo quiere enjuagar la errónea planificación estratégica de las grandes compañías gaseras -Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa- con impuestos a la eólica. Ese sería, grosso modo, el discurso ideológico que sostiene algunos de los reales decretos que forman parte del paquete legislativo que ultima el gobierno. La historia podría resumirse tal y como sigue: en la década de los noventa, las grandes compañías del gas empiezan a proyectar centrales de ciclo combinado porque consideran que el crecimiento de la demanda de electricidad va a ser poco menos que indefinido. Se genera así la mayor burbuja eléctrica de España y, en apenas diez años, aparecen en el horizonte eléctrico nacional 25.000 megavatios. Los señores del gas no tienen sin embargo en cuenta dos factores. Uno: las energías renovables están empezando a experimentar un desarrollo formidable. Y dos: el legislador da prioridad de acceso a estas porque no emiten CO2, el humo desencadenante del cambio climático.
Error de prospección
Los señores del gas insisten sin embargo en un cierto discurso: la demanda crece y hay que atenderla. ¿Qué ocurre? Que el disparo del gas es de una entidad tal que, en 2003, y según la Comisión Nacional de Energía (CNE), el escenario eléctrico nacional vislumbra ya el umbral de saturación: "la incorporación de nuevos ciclos combinados ha permitido que progresivamente el índice de cobertura de la demanda eléctrica en la península pasara de ser inferior a la unidad en 2001, a conseguir un 10% de reserva de capacidad a partir de 2003 (índice de cobertura de 1,1), nivel que el Operador del Sistema [Red Eléctrica de España, REE] considera necesario para garantizar la seguridad del sistema". O sea, que, en 2003, la seguridad del sistema ya está garantizada. Ya no habría pues necesidad de seguir instalando centrales térmicas de gas como respaldo para ese sistema, pues (se supone que esta tecnología, que es gestionable, a diferencia de la eólica o la solar, sirve para garantizar que, en caso de cero sol y cero viento, no nos quedemos sin suministro eléctrico).
Subvenciones multimillonarias
Pues bien, a pesar de la nitidez con que se expresa la Comisión Nacional de Energía (CNE), a pesar de que la seguridad ya está garantizada (año 2003) y a pesar, por otra parte, de que las energías renovables ya están disparadas y tienen encima prioridad de acceso a red (por su condición de limpias), los señores del gas siguen proyectando centrales de ciclo combinado, fuertemente subvencionadas además por el Ejecutivo, que les asigna el denominado incentivo a la inversión (subvenciones con las que Endesa, Iberdrola o Gas Natural Fenosa llegan a financiar hasta el 40% de sus centrales, según denunciara hace un par de meses, en entrevista concedida a esta cabecera, el presidente de la Asociación Empresarial de Energías Renovables, José Miguel Villarig). Así las cosas -cuenta la CNE en su Informe 26/2011-, y "de acuerdo con las estimaciones del Operador del Sistema, desde 2008, la reserva de capacidad ha superado el 20% (valor del índice de cobertura superior a 1,2)".
¿Conclusión?
El caso es que, aunque la seguridad del sistema ya es en 2003 y anda sobrada en 2008, los señores del gas deciden seguir hinchando su burbuja (entre otras cosas, gracias a las subvenciones). Así -también lo cuenta la CNE-, "la incorporación de nuevos ciclos ha continuado progresivamente, instalándose en 2010 cuatro ciclos combinados más, sumando una potencia en ese año de 2.170 MW, con lo que la potencia total es de 25.270 MW" (todavía en 2012, había 2.000 MW de gas en desarrollo en España). Si a ese escenario le añadimos dos factores coyunturales -enquistamiento de la crisis económica, que se traduce en descenso de la demanda, y creciente peso de la potencia renovable, que tiene prioridad-, nos encontramos con que el índice de utilización medio de los ciclos combinados durante los 6 primeros meses de 2013 se ha quedado en el 11% (dato Sedigas). ¿Solución a la insensatez estratégica de Gas Natural Fenosa y compañía? Hibernamos las centrales de gas y que pague la eólica, tecnología a la que la reforma eléctrica que ultima el gobierno imputa además otros cargos. Veamos, por partes.
Interrumpibilidad
El ministro de Industria, Energía y Turismo, el canario José Manuel Soria, definió interrumpibilidad, en Televisión Española, hace unos meses, como un concepto que está dentro de los costes del sistema "por el que a las grandes empresas que utilizan de manera intensiva la electricidad, de tal forma que, en su estructura de costes, la energía eléctrica puede suponer un 45, un 50% –estamos hablando de las que producen aluminio, las acerías, el cinc, etcétera–, como quiera que se les pide que estén dispuestas a interrumpir su suministro de electricidad en el caso de que se produzca un problema en el sistema... esa disposición a interrumpir, interrumpibilidad, tiene un precio". Pues bien, a lo largo de los últimos años, y como consecuencia del doble fenómeno antes descrito -incremento continuado de la potencia y continuo descenso de la demanda-, la interrumpibilidad no ha sido requerida por el Operador del Sistema en ninguna ocasión, por lo que han sido innumerables las voces, dentro del sector, que han clamado por su eliminación como coste del sistema.
La ley y las trampas
Sin embargo, y muy antes al contrario, el Ministerio de Industria no ha cesado de reafirmar ese coste, pese a que su discurso oficial es "la lucha contra el déficit de tarifa". Y lo ha hecho, además, "encapuchado" (para no ser reconocido). Así, y según denunciara recientemente la Unión Española Fotovoltaica, mientras que, por una parte, el Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo, estableció un recorte a la interrumpibilidad de 60 millones sólo durante 2012; por otra, la Orden IET 221/2013, de 14 de febrero, "fija un aumento de 265 millones para esa misma partida" (véase página 7 del Informe Anual 2013). En esa línea, ayer, la AEE se quejó, por boca de su presidente, José López-Tafall, de que "el borrador de real decreto sobre interrumpibilidad establece que el coste de este servicio recaería en gran parte sobre las empresas eólicas, algo tremendamente injusto si consideramos que, como la CNE revela año tras año, nos encontramos ante un servicio que es innecesario, pues no se utiliza ni se utilizará”. El coste de la inerrumpibilidad ha oscilado, a lo largo de estos últimos años, entre los 500 y los 750 millones de euros por ejercicio.
Capacidad
Otro proyecto de real decreto incluido en el paquete de la reforma, el referido a los pagos por capacidad y mecanismos de hibernación, también fue objeto ayer de queja por parte del presidente de AEE. Según Tafall, el Ejecutivo planea también obligar a la eólica a financiar estos costes regulados. En 2012, los pagos por capacidad supusieron un gasto para el sistema de 850 millones de euros (para saber más sobre este coste, véase). Tanto la interrumpibilidad como los pagos por capacidad (la hibernación es un concepto nuevo) eran costeados antes por todos los consumidores, mientras que, si entran en vigor los dos RDs proyectados por el gobierno, empezarían a costearlos los parques eólicos, según denunciara ayer la AEE. En el primer caso, el 50% del coste empezaría a pagarlo el sector eólico; en el segundo, aproximadamente lo mismo. Las empresas beneficiarias del primero de los pagos son multinacionales como Arcelor Mittal o Alcoa. Las beneficiarias del segundo son fundamentalmente Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa.
De reactiva y retroactiva
AEE se queja también de la eliminación del complemento por energía reactiva (que produce el campo magnético necesario para la producción eléctrica y cuya gestión resulta difícil y cara). Según la asociación, solo desde el pasado catorce de julio, día en que entró en vigor el Real Decreto-Ley 9/2013 (única norma de la reforma que ya es firme), la eólica ha dejado de ingresar 4,5 millones de euros. AEE estima que la merma alcanzará los 140 millones de euros en 2014. Por otro lado, el presidente de la patronal eólica, López-Tafall, afirmó ayer que el Real Decreto-Ley 9/2013 -que ya está en vigor- “sume al sector en la más absoluta inseguridad jurídica” (ese RD elimina las primas y las sustituye por un concepto nuevo -el de la rentabilidad razonable (RR)- que la patronal se queja de que aún nadie sabe en qué consiste exactamente). Tafall criticó también la retroactividad de la norma: el concepto de RR supone revisar la rentabilidad de cada instalación renovable y ajustarla a un máximo del 7,5%; para ello, el Ejecutivo estudiará la vida de cada instalación y, si esa instalación ayer obtuvo una R de más del 7,5%, mañana habrá de obtener una R por debajo de ese guarismo hasta alcanzar la media (7,5) para toda la vida útil, lo cual es denunciado por la patronal eólica como retroactivo. En ese sentido, Tafall se refirió a la advertencia que hizo sobre el particular el Consejo de Estado, en su informe sobre la reforma energética, documento en el que expresa el “enorme” riesgo que supone fijar retribuciones futuras sobre la base de hechos pasados.
