EGA recurre las concesiones eólicas ante el Tribunal Superior de Galicia

Dichas concesiones obligan a los productores a ceder un 10% de la potencia total asignada al Instituto Enerxético de Galicia (Inega), organismo que depende de la Conselleria de Industria.

EGA argumenta que la participación pública no forma parte de la regulación vigente, en vigor desde el decreto eólico de 2001. Además, la Xunta había convocado a concurso 750 MW, potencia que fue superada por los solicitantes, pero solo adjudico 511 MW sin justificar la rebaja.

La Consellería de Industria afirma, por su parte, que el negocio eólico explota un recurso común de toda la sociedad gallega y que toda esta sociedad debería beneficiarse de su implantación.

La Consellería está redactando actualmente una nueva ley específica para el sector eólico en Galicia que incorpora la participación pública como requisito para la adjudicación de futuras concesiones, con vistas a convocar 2.500 MW más hasta 2012. No obstante, el decreto vigente es el de 2001, y la EGA mantiene que las nuevas condiciones, ya aplicadas a la concesión de enero, lo vulnera sin justificación.

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