La jornada "La eólica en Canarias" -informa AEE- analizará "si es suficiente la nueva regulación para impulsar el desarrollo de la eólica en las islas". Según AEE, la reforma energética ejecutada por el Partido Popular ha situado a Canarias "en el centro neurálgico del negocio eólico español en los próximos años, pero, la gran pregunta es "si las nuevas reglas del juego serán suficientes para garantizar el desarrollo de nueva potencia en las islas". La directora general de Energía, María Antonia Cerón, será la encargada de ofrecer la visión del Gobierno canario sobre la nueva situación.
AEE contextualiza
«El Gobierno español publicó a la vuelta del verano una Orden Ministerial para incentivar nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos extrapeninsulares con el fin de que “la sustitución de generación convencional por generación renovable suponga reducciones del extracoste de generación […] y favorezca el equilibrio entre los ingresos y costes del sistema eléctrico”, según reza en el preámbulo de la norma. “El extracoste de generación en los sistemas no peninsulares se ha incrementado un 38% desde el año 2009”, indica la propuesta de orden, ya que “la demanda eléctrica se cubre mayoritariamente con tecnologías térmicas de origen fósil”. En 2013, antes de la Reforma Energética, producir un MWh eólico en Canarias costaba 81,25 euros frente a los 186 euros que cuesta con combustibles fósiles.
La nueva orden establece un régimen retributivo específico para los sistemas extrapeninsulares que se otorgará mediante subastas. Y hace una excepción para un cupo de 450 MW eólicos (correspondientes a los proyectos con tramitación más avanzada) para Canarias cuya retribución a la inversión no será otorgada mediante subasta sino de forma directa, como hasta la fecha. Al valor de la retribución a la inversión se le añadirá un incentivo por reducción de costes de generación. Existe un problema: la nueva regulación estatal sobre renovables (la Reforma Energética) establece que cada tres años se revisará la retribución a la inversión en base a los precios del mercado y cada seis años se podrán revisar todos los parámetros retributivos, incluyendo la supuesta rentabilidad razonable. Es decir, que los inversores no tienen garantías para toda la vida regulatoria de los proyectos, que es de 20 años. Ni en Canarias ni en la Península».
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