Indígenas del Istmo de Tehuantepec llevan un año de movilizaciones contra el proyecto eólico San Dionisio del Mar, que promueve la compañía mexicana Mareña Renovables. El proyecto, que conlleva una inversión de 10.000 millones de dólares, consiste en la instalación de 132 aerogeneradores Vestas en el istmo, región con uno de los mayores potenciales eólicos del mundo: 4.000 horas al año, según los expertos.
El parque tiene una potencia proyectada de 396 MW, lo que lo convierte en el mayor de Latinoamérica. Pero comunidades indígenas de la zona se oponen al proyecto. Alegan que afectará a la pesca y la ecología de este frágil territorio y que mancillará lugares sagrados. Aseguran, además, que fueron engañados por las compañías que promueven este y otros parques en el istmo y que éstos solo beneficiarán a los caciques locales (que, según su denuncia, acapararon todos los beneficios de los acuerdos de usufructo o renta de las tierras) y a las autoridades de Oaxaca.
Los activistas aseguran que llevan meses sufriendo hostigamientos y, algunos de ellos, amenazas de muerte. Una denuncia que se ha tomado muy en serio Aministía Internacional. Tanto es así que la organización internacional de derechos humanos ha hecho un llamamiento a las autoridades de Oaxaca para que garanticen la seguridad de Filiberto Vicente Aquino, activista y presentador de radio que recibió una amenaza de muerte el 20 de marzo tras cubrir una conferencia de prensa sobre la oposición a la construcción de los parques eólicos proyectados en la región.
AI asegura que otras personas contrarias al desarrollo eólico en Tehuantepec también han sufrido hostigamientos y detenciones temporales ilegales. Es el caso de otros cinco periodistas y de uno de los líderes de la comunidad de San Mateo, que no fue liberado hasta que intervino la policía estatal. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha solicitado medidas de protección para varios de los activistas.
"Todo es transparente y legal"
Mareña Renovables se ha deslindado de cualquier acto de violencia e insiste en que todos los contratos y licencias para la construcción del parque de San Dionisio del Mar se firmaron en presencia de los pobladores y de las autoridades, de manera transparente, después de largos periodos de negociación e infinidad de contactos en asambleas públicas. La empresa asegura que cuenta con el apoyo de la mayoría de comunidades para realizar su proyecto y que éste respeta tanto la vida marina de la zona como los lugares sagrados.
Con el parque eólico en San Dionisio del Mar “no vamos a mancillar los lugares sagrados, no vamos a afectar la pesca, no vamos a contaminar la laguna”, declaraba recientemente a los periodistas Jonathan Davis Arzac, presidente del Consejo de Administración de la empresa. El director general, Andrew Chapman, afirmaba además, que el proyecto supondrá grandes ganancias para toda la región ya que las localidades afectadas recibirán 29 millones de pesos al año (1,7 millones de euros).
No obstante, Mareña Renovables reconoce en su página web que “se ha equivocado en la forma de ofrecer la información a los indígenas sobre la operación de un parque eólico en su territorio y los beneficios para la población”. Para subsanar esa “deficiencia”, Mareña Renovables va a iniciar una nueva campaña informativa. Porque, como firma Davis Arzac, “el proyecto si no tiene el respaldo de la población no va a tener éxito”.
Gabino Cue Monteagudo, gobernador del estado de Oaxaca, cree que la oposición al proyecto “quizá obedezca a la actuación de algunos actores políticos que desean jugar un papel protagónico”. Cue ha informado de que su gobierno acompañará a Mareña Renovables en el proceso de sensibilización del parque para que su construcción pueda comenzar cuanto antes.
Gas Natural Fenosa acaba de iniciar en la misma zona la construcción de un parque eólico con una potencia de 234 megavatios, igualmente cuestionado por colectivos indígenas.. Otro parque operativo en el istmo, Bii Nee Stipa II (74 MW), de Gamesa, ha sido también denunciado por indígenas de Tehuantepec ante las autoridades de la Unión Europea.
