La Asociación Empresarial Eólica (AEE) considera que esta situación genera inseguridad jurídica para el sector y pone en riesgo importantes inversiones. “Dado que los denunciantes no pueden alegar incumplimiento de las normas ambientales ni de la DIA —documento realizado por la Consejería de Medioambiente que detalla todas las restricciones que cada proyecto debe cumplir para preservar el entorno— ni presentar pruebas concluyentes, las denuncias se refugian en defectos de forma cuando pretenden paralizar la construcción o funcionamiento de un parque, lo que genera inseguridad jurídica en el sector”, señala AEE en un comunicado.
Ante esta situación, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) llama la atención sobre los perjuicios que puede ocasionar no sólo para el sector eólico, sino también para la sociedad, esta falta de seguridad jurídica. “Entre otras cosas, se ponen en riesgo, innecesariamente, inversiones importantes, así como los beneficios medioambientales (producción de energía limpia, sin emisiones de CO2, entre otros) y socioeconómicos (generación de riqueza y empleo para las comunidades) que éstas implican”, destaca.
“Una anulación de la validez jurídica de las DIAs abriría la puerta a una total indefensión ante la ley de todas las empresas que han desarrollado obras o instalaciones en base a estas autorizaciones. Acabaría afectando a obras pasadas, en ejecución y futuras, con una grave afección sobre la economía y el empleo”, afirma Heikki Willstedt, director de Políticas Energéticas de AEE.
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