Estudiante en los Maristas de Chamberí (Madrid), ingeniero por la Pontificia de Comillas, Juan Diego Díaz Vega, que está a punto de cumplir diez años como director de Márketing de Gamesa, acaba de cerrar su primer bienio al frente de la poderosa Asociación Empresarial Eólica (AEE). Energías Renovables ha querido entrevistarle en un momento clave para el sector: Momento Subastas. Queríamos conocer de primera mano qué balance hace la AEE de los cinco años de Gobierno Rajoy, cómo ha ido el recién clausurado III Congreso Eólico Español y qué opinan –en la Asociación– de esas subastas que le han insuflado algo de aire a un sector que sigue siendo la mejor versión de la Marca España.
¿Qué balance hace la AEE del III Congreso Eólico Español?
Pues la verdad es que nos ha ido realmente bien. Se nota el apoyo del Gobierno, cuya presencia ha sido muy relevante, con el secretario de estado de Energía, la secretaria de Estado de Comercio. Por otra parte, el hecho de que Argentina haya sido el País Invitado este año creo que ha sido un éxito. Ha atraído a mucha gente que tenía mucho interés por saber más sobre aquel mercado. Y, por fin, la Conferencia Técnica también ha sido todo un éxito. En realidad, un éxito garantizado, porque la parte técnica es siempre muy potente en estos congresos; el público que acude a ella es el más fiel que tenemos. En fin, balance técnico y político muy positivo.
Vamos más atrás. ¿Qué balance hace la AEE de estos cinco años de Gobierno Rajoy?
Desde luego ha habido luces y sombras. La ley de 2013 fue un varapalo tremendo para el sector. No dudamos que fuera necesario hacer algo, porque teníamos el déficit disparado, pero lo que no ha tenido ningún sentido es que el sector eólico haya sido uno de los principales perjudicados desde el punto de vista de la reducción de ingresos. La parte de luces es que España se ha enganchado al carro de las subastas. La primera de ellas [enero de 2016] arrojó un resultado sorprendente. En la segunda… digamos que… en parte… también han entrado en liza nuevos actores. Y la tercera, la de julio… creo que es una buena noticia para las renovables en general.
En la subasta de mayo, la eólica se ha adjudicado 2.979 de los 3.000 megavatios ofertados. En la de julio, las reglas son las mismas: las empresas que quieran pujar deberán ir rebajando la cuantía del incentivo que ha establecido el Gobierno (quien más rebaja ese incentivo, se lleva el megavatio de potencia). La rebaja tiene un límite, grosso modo para evitar bajas temerarias y que luego no se instale lo comprometido. Lo que ocurre es que ese límite que ha establecido el Gobierno –ese suelo– está ahora un 20% por debajo del que marcó el Ejecutivo en la subasta de mayo. ¿Qué espera el sector eólico de esta tercera subasta?
La reducción… No sé si el Gobierno… Creo que en el Gobierno son conscientes, porque saben hacer los números… pero es que una reducción del 20% en el suelo de ingresos es una barbaridad. Es cierto que otros lugares del mundo están marcando precios en torno a los treinta dólares el megavatio hora. Pero son lugares con un recurso eólico que no tenemos aquí, en España. A la solar le está pasando lo mismo, que está obteniendo unos valores próximos a los… digamos… treinta dólares el megavatio hora, pero nuestro recurso solar es menor comparado con el de otras regiones delmundo. Así que habrá que ver... Lo que se puede decir de esta subasta es que… es muy exigente.
¿Será capaz el sector de instalar –en los próximos 30 meses– los varios miles de megavatios que ya se ha adjudicado?
Ojalá fueran 30 meses. Nosotros estimamos que serán menos de 14. El sector ya ha instalado en España casi 3.000 megavatios en un año, por lo que eso no es ningún problema. Lo que sí va a suceder es que la falta de previsión del Gobierno a la hora de planificar las subastas va a encarecerlo todo… Nosotros llevamos avisando de que esto iba a pasar desde el año 2013. Ya dijimos entonces que llegaría el año 2016, el año 2017, nos daríamos cuenta de que no somos capaces de cumplir y habría que lanzar a toda prisa las subastas. Y así ha pasado exactamente. Y eso es negativo, desde el punto de vista de los costes. Porque se va a juntar un requerimiento muy elevado de grúas, de compañías de obra civil, de empresas de montajes eléctricos; va a haber una grandísima concentración y, cuando hay mucha demanda, pues lógicamente suben los precios. ¿Conclusión? Mayores costes, en general, para todos.
El presidente Díaz Vega acaba de decir en el Congreso Eólico Español que la AEE considera necesaria una Planificación Energética que vaya más allá de los Objetivos Europeos 2020, una planificación que debe incluir los Objetivos de 2030 y el cumplimiento del Acuerdo de París a 2050. La AEE pide “un calendario de subastas que dé visibilidad a largo plazo a las empresas”. ¿Eso cómo se hace?
Lo que le proponemos al Gobierno es que planifique, sí. Que piense qué mix energético queremos en 2030, y qué tenemos que hacer para llegar a ese mix. Incluso, que vaya pensando en una planificación con vistas a 2050. Hay que pensar qué queremos hacer con el carbón, y qué queremos hacer con las nucleares, y qué queremos hacer con los ciclos combinados. Hay que pensar qué queremos hacer con las renovables, cuántas renovables queremos tener. Por eso consideramos que hay que hacer ese calendario de subastas, un calendario que sirva para incorporar los megavatios que se estimen convenientes de las tecnologías que se estimen convenientes.
Pues la AEE habla concretamente de 15.000 megavatios eólicos de aquí a 2030.
Es una primera propuesta para empezar a debatir. Insisto: yo creo que es necesario, como han hecho la mayoría de los países, que el Gobierno elabore una planificación energética, un Libro Blanco en el cual explique cuáles son sus objetivos. Eso es necesario… como es necesario también darle voz a todos los actores del sector para que expresen sus dudas, para que planteen sus propuestas… La idea es que, al final, una vez hayan sido recogidos los pareceres de todos los que estamos en el sector, el Gobierno presente una planificación. Pero eso, posiblemente, sea una tarea de dos o tres años. Eso no se improvisa de un día para otro.
El Partido Popular de Rajoy ganó sus primeras elecciones hace ya más de un quinquenio, en noviembre del año 2011. Con mayoría absoluta. La más grande (186 diputados) jamás lograda por el PP. Ni siquiera Aznar fue capaz de lograr tantos escaños. Días después de aquella victoria aplastante, el Gobierno Rajoy emprende su reforma energética, que lo ha tocado (o trastocado) prácticamente todo. Sin embargo, estos cinco años parece que no han sido suficientes como para que prepare esa planificación que quiere la AEE. ¿Cinco años perdidos?
Nosotros llevamos muchos años exigiendo esa planificación. Y así lo hemos manifestado en todos los foros en los que hemos participado. Y lo cierto es que todos los partidos políticos, desde los que están más a la izquierda hasta los que están más a la derecha, están de acuerdo. Pero no es sencillo. También es cierto que la prioridad, en aquel momento, probablemente, era controlar un déficit que estaba totalmente desbocado. Yo entiendo que esa era la prioridad. Que el Gobierno haya preferido atajar el déficit y que haya pospuesto la planificación puede gustarme más o menos (y a mí me gusta menos), pero no dejo de entenderlo.
El sector termosolar considera que el Gobierno debería reservar una potencia a subastar (un cupo específico) para tecnologías que puedan respaldar al sistema, como la solar termoeléctrica. ¿Qué opina la AEE?
Nosotros no opinamos sobre determinadas tecnologías. Cada tecnología renovable tiene ventajas e inconvenientes. Dentro de una planificación energética caben muchas cosas. Y caben también megavatios de termosolar siempre y cuando lleguen a un nivel de competitividad determinado. Imagino que el Gobierno, cuando vaya a hacer esa planificación, velará por lo que siempre ha velado: porque los consumidores paguemos lo mínimo, especialmente los grandes consumidores, que son los que sostienen la industria, o una parte de la industria española.
El Gobierno organizó a finales de mayo unas jornadas de debate –«España: juntos por el clima»– en las que han participado todos los agentes sociales y todos los partidos políticos que están trabajando a día de hoy en materia de cambio climático. Las jornadas tenían un objetivo muy concreto, según el Gobierno: compartir propuestas (y debatirlas) “para la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética”. Para sorpresa de muchos, en esas jornadas, todas las fuerzas políticas han coincidido en un extremo: el horizonte energético de esa Ley debe ser el 100% renovable. ¿Cuánta potencia renovable de respaldo le bastaría al sistema eléctrico nacional para alcanzar ese horizonte 100% REN al que se han comprometido ya todos los partidos?
Va a depender muchísimo de la evolución tecnológica. El mundo de la digitalización está llevando a que las previsiones de la eólica sean tremendamente precisas. Es cierto que, aunque son tremendamente precisas, vamos a necesitar una potencia de respaldo, pero, con una geografía como la española, que va desde Galicia hasta Levante, y teniendo en cuenta que las borrascas normalmente se desplazan de oeste a este, tenemos un grado de cobertura bastante razonable. Si a esto le añadimos otras tecnologías renovables, como la fotovoltaica, la hidráulica, la biomasa, la termosolar… Con un mix adecuado, la potencia de respaldo puede ser baja. Supongo que lo óptimo sería que toda la potencia de respaldo fuera hidráulica. Y lo que no pudiera ser hidráulica, pues que fuéramos a sistemas de almacenamiento eficientes. Yo creo que el 100% renovable pasa por el almacenamiento, bien sea hidráulico, o bien sea distribuido en vehículos eléctricos o sistemas domésticos, o bien… almacenamiento… digamos… de más alto nivel, a nivel de subestaciones o a nivel de centros de distribución, almacenamientos normalmente químicos, que están bajando costes rápidamente, igual que les ha pasado a las energías renovables.
España contra el Resto del Mundo. ¿Cuál es el tipo de subasta más frecuente? Porque muchos actores del sector han dicho que la española no tiene parangón…
Las subastas españolas son realmente diferentes. En la mayoría de las subastas, en las que mejor han funcionado y funcionan en todo el mundo, lo primero que te piden es que pre–registres tu proyecto, es decir, que tienes que declarar qué proyecto quieres presentar a la subasta… aquí tengo mi declaración de impacto ambiental, aquí tengo mi autorización administrativa, aquí tengo mi punto de conexión, aquí tengo el contrato con red eléctrica para construir la subestación, etcétera, etc. Todo eso le garantiza al Gobierno que el adjudicatario tiene una alta probabilidad de conseguir lo que está poniendo sobre la mesa. Eso, por el lado técnico. Y, por el lado económico, prácticamente todas las subastas optan por el modelo PPA [Power Purchase Agreement, contrato de compra–venta de electricidad], que no solo es el modelo más común, sino que, además, ha demostrado que es imbatible a la hora de conseguir los precios más ajustados: hay un techo; hay un suelo, normalmente; y cada uno oferta en esa franja tantos euros por megavatio hora. Los PPAs son contratos a veinte años vista, lo cual da una gran visibilidad. Así funciona en países como México, Marruecos, Chile. Allí, el promotor tiene como digo una gran visibilidad, porque tiene un PPA perfectamente definido, sin riesgos, lo que le lleva a hacer unas ofertas tremendamente competitivas. Por eso hemos visto precios de treinta euros por megavatio hora, precios que hace años eran impensables incluso con las tecnologías convencionales.
En fin, nada que ver con las subastas españolas. Porque aquí una empresa puede adjudicarse 600 megavatios sin necesidad de haber pre–registrado nada, o sea, sin necesidad de tener sobre la mesa la autorización administrativa, ni el punto de conexión, ni nada de nada… ¿No corremos entonces el riesgo de que finalmente no se ejecuten esos proyectos “fantasma”?
Para intentar evitar eso, lo que ha hecho el Gobierno ha sido imponer unos avales muy elevados [avales por megavatio de potencia adjudicado –60.000 euros por mega– que se quedaría el Gobierno si el adjudicatario finalmente no ejecutase su proyecto].
La piedra angular de la reforma energética que emprendió en 2012 el Gobierno Rajoy es la “rentabilidad razonable”. A saber: el Ejecutivo, al menos presuntamente, ha estudiado cuánto ha costado montar cada instalación –los parques eólicos, las huertas fotovoltaicas, las centrales de biomasa– y cuánto cuesta su operación y mantenimiento, y, a partir de esos números, ha decidido aplicar una tasa de rentabilidad que considera “razonable”: el 7,398%. Además, el Ejecutivo se ha reservado el derecho a modificar esa rentabilidad cada seis años. El primer sexenio concluye el 31 de diciembre de 2019. Ahora mismo, ya son muchos los actores del sector que sospechan que el Gobierno va a modificar esa rentabilidad a la baja, o sea, que va a rebajar la retribución del kilovatio hora eólico. Y digo yo: si el Gobierno puede bajarle discrecionalmente el precio al kilovatio hora eólico dentro de un par de años, ¿qué seguridad puede tener el sector de que serán realmente rentables todos esos miles de megavatios que va a instalar en los próximos meses?
El Gobierno nos ha transmitido efectivamente que eso es lo que pretende hacer. Nosotros consideramos que debe haber un acuerdo entre los partidos políticos para promulgar una ley que es necesaria para hacer ese cambio de rentabilidad razonable. Sin embargo, por lo que nos ha dicho el Gobierno, esa no es su interpretación. Así que me temo que esto llevará a una nueva judicialización, porque lógicamente habrá promotores que pensarán que la rentabilidad razonable no se puede modificar mediante un real decreto, sino que es necesario aprobar una nueva ley.
Insisto, ¿qué seguridad tiene el sector de que los parques que se ha adjudicado van a ser realmente rentables?
No se tiene ninguna seguridad.
De acuerdo. Vuelvo atrás entonces. Valoremos la subasta más frecuente en todo el mundo, la que es convocada en Modo Pre–registro y PPA. De cero a cien, ¿cuál es la seguridad?
El 100%.
¿Y en el caso de la subasta española?
Podría ser un 5%.
¿Y eso no es algo arriesgado?
Si lo que pretende el Gobierno es dar confianza y seguridad jurídica para atraer inversores… pues creo que esta no es la mejor manera. De hecho, va a ser difícil que se atraiga a inversores muy fiables, inversores que apuesten por estar mucho tiempo explotando sus parques. Es una inversión de mucho riesgo, sí.
¿Cuántos megavatios estima AEE que se van a instalar, pues: el 100% de los adjudicados; el 50; el 30; el 16%?
Nosotros no podemos hacer ningún tipo de… Nuestro deseo es que se instale el 100%, porque eso será bueno para el sector y será bueno para España. Es verdad que hay determinados elementos de incertidumbre. Hay muchos megavatios que todavía están pendientes de determinados trámites administrativos y que tendrán que avanzar rápidamente. Ya lo dije en el Congreso Eólico: todos tendremos que poner de nuestra parte: las administraciones, agilizando los trámites; Red Eléctrica de España, construyendo todas las subestaciones que hacen falta para poder evacuar; los fabricantes, produciendo esas máquinas, y luego instalándolas; los constructores… En fin, todos. Todos tendremos que hacer un esfuerzo porque es un plazo muy breve.
Las subastas, en el resto del mundo, funcionan en Modo Pre–registro y PPA. Y, así, atraen a inversores internacionales, que eligen Chile, México o Marruecos (y no España) porque en aquellos países el riesgo es menor. Aquí, sin embargo, las empresas que participan en las subastas, y las adjudicatarias, son fundamentalmente españolas. ¿Por qué? ¿No hacen la misma lectura que los inversores forasteros?
Es muy difícil para un actor global… primero… entender la subasta: simplemente entender la subasta ya es algo extraordinariamente complejo. Además, hacer una previsión del precio del mercado a largo plazo es algo también tremendamente complejo. Y luego, desde el punto de vista operativo, hay una serie de complejidades del sector que lo hacen muy complicado para inversores extranjeros. Aquí los inversores extranjeros, antes que participar en subastas, prefieren adquirir parques que ya están construidos. Lo que ha sucedido es que, como consecuencia de la reforma, ha habido pequeños promotores que no han podido soportar la reducción de las retribuciones, no han podido renegociar adecuadamente la deuda y han tenido que vender a determinados fondos. Ha habido varios cientos de millones de euros en transacciones en el último año en este sentido, pero siempre –insisto– en proyectos construidos.
Diez preguntas impertinentes
Fecha de nacimiento
18 de julio del 67.
¿Qué quería ser de mayor el niño Juan Diego?
Ingeniero aeronáutico; pero acabé siendo ingeniero electromecánico energético.
¿Cuándo decide Díaz Vega que lo suyo es el viento?
La vida me llevó al viento. No lo busqué yo.
¿De verdad puede llamarse “tecnológicamente neutra” una subasta en la que gana la eólica por... 2.979 a 1?
La subasta era tecnológicamente neutral, pero tenía una regla de desempate que no era tecnológicamente neutral.
¿Cuál es el modelo de subasta de AEE?
Precalificación más PPA. Es, con gran diferencia, el que mejor se financia y el que más bajos precios ha demostrado conseguir.
¿Puede una asociación en la que están las cinco grandes de Unesa defender como es debido los intereses de la eólica?
Si ellos, que tienen más del 50% de la eólica de España, no estuvieran… Ellos son los principales valedores.
¿Una definición de viento?
Es el petróleo de España.
¿Cuándo será toda la electricidad española 100% renovable?
Muy pronto, y antes de lo que nos imaginamos. Pero no por vocación, sino por dinero.
¿Se equivocaron los señores del gas, esos que montaron 25.000 megavatios mientras la eólica montaba 20.000?
Que se equivocaron es bastante obvio. Pero eso lo vemos ahora. Porque en 2005, 2006, 2007… no era fácil ver lo que se nos venía encima.
¿Cuál ha sido la pregunta más impertinente?
Quizá… qué quería ser de mayor.
