Filomena ha vuelto a poner en el disparadero a las renovables. Que a pesar de haber aportado el 50% de la electricidad en los días críticos, han aparecido como las culpables en muchos medios de comunicación. ¿Qué está fallando?
La borrasca Filomena ha vuelto poner en evidencia algo que sucede a lo largo de todo el año, y es que no existe una transparencia nítida en la fijación de precios dentro del mercado eléctrico. El sistema marginalista no es eficiente en un mix eléctrico con un porcentaje elevado de renovables, es decir, no es consecuente con un mix futuro 100% renovable. No es lógico que la última oferta y la más cara sea la que adjudique el precio de venta a todas las ofertas previas, más baratas e incluso cercanas a coste cero (como es en el caso de las renovables). Evidencia la necesidad de reformar el funcionamiento del mercado eléctrico.
¿Qué podrían hacer en este sentido las personas que apoyan el desarrollo de las renovables?
Lo primero es que hagan un uso responsable de la energía, a través de buenas prácticas y todas las medidas de ahorro y eficiencia que puedan hacer. Y lo segundo, que contraten una energía 100% renovable para sus hogares. Luego ya depende del poder adquisitivo de cada uno, pero mi recomendación sería electrificar toda la demanda de su casa y poner una instalación de autoconsumo.
¿Cuál es la receta de la Fundación Renovables para evitar subidas descomunales de la luz cómo la que se ha producido con Filomena?
Los ingredientes son tan variados como complejos de llevar a cabo. La estructura actual de la tarifa eléctrica es lo primero que hay que abordar. En la Fundación Renovables proponemos una tarifa monómica progresiva, que todos los costes fijos sean variables en función de la electricidad que se consume. Es decir, un “pago por uso” que corresponda con el servicio que se presta y no como sucede actualmente, que es una herramienta de posicionamientos políticos y de rentabilidad de activos. También, habría que reformular impositivos fiscales, como reducir el IVA, y la eliminación del 7% del impuesto medioambiental de generación a la producción de electricidad con fuentes renovables. La electricidad es un bien de primera necesidad, su acceso debe ser universal y tiene que ser considerada como un servicio público.
Acaba de cumplir 10 años y la Fundación Renovables parece haber tomado un nuevo impulso. ¿En qué dirección? ¿Con qué objetivos?
La dirección es la misma, acelerar la transición energética, pero el contexto es otro: las renovables son ya una realidad. Día a día observamos cómo diferentes actores públicos, privados y sociales se están posicionando ante la reconversión del sistema socioeconómico y energético que estamos viviendo. Nuestro principal objetivo es convertir en realidad todos los planes estratégicos y objetivos, ayudando y trabajando para que la descarbonización sea factible cuanto antes y, sobre todo, tenga a la ciudadanía en el centro y el consumidor activo sea el eje de la transición energética; algo ineludible.
¿Qué ha aportado la Fundación Renovables al cambio de modelo energético en estos 10 años?
Creo que, más allá de todos nuestros informes repletos de medidas técnicas, regulatorias y económicas para la transición energética, hemos iniciado un debate abierto y transparente, con diferentes partidos políticos, asociaciones y actores del sector dónde la vocación de diálogo, reflexión y la búsqueda de acuerdos para favorecer el cambio de modelo energético ha sido una constante. Complementariamente, hemos procurado hacer partícipes del debate y dotar de herramientas y propuestas a las diferentes administraciones locales y a la propia ciudadanía, ya que creemos son el motor de la transición energética, en un marco que muchas veces es ajeno y lejano a la política energética nacional.
En diciembre se sumaron a la campaña de “los sin cromos” para reclamar una mayor participación de la ciudadanía en la transición energética. ¿Por qué? ¿Quién está haciendo esa transición? ¿Quién debería hacerla?
No solo nos sumamos, fuimos uno de sus principales impulsores junto con Greenpeace; y es que hay motivos de sobra. Los recientes avances normativos, legislativos y estratégicos del 2020 han puesto en evidencia que el engranaje de puertas giratorias sigue funcionando y que la política pública no está cumpliendo su finalidad, trabajar por el interés colectivo y no hacer comparsa de intereses económicos del sector que convenga.
¿Cree que la ciudadanía, la gente de a pie, sabe lo que es la transición energética? ¿Y los políticos? ¿Y los empresarios? ¿Cómo ha cambiado la percepción de la energía y de los efectos derivados de su producción y consumo en estos 10 años?
Se ha visto un avance en la ciudadanía, gracias al periodismo y los grandes medios de comunicación, también causado porque los efectos del cambio climático son más evidentes. La declaración de emergencia climática y una vicepresidencia para la transición ecológica han ayudado a incluir este tema en la agenda política. El sector privado, apoyado por la estabilidad regulatoria, encabeza esta transición. Las renovables, la eficiencia y la tecnología sin emisiones es uno de los principales nichos de mercado a nivel global. Incluso la banca y los grandes fondos han mostrado la intención de redirigir sus inversiones hacia activos respetuosas con el medio ambiente.
¿Cuáles son las claves para avanzar en esa transición energética a una adecuada velocidad de crucero?
Ambición, ambición y más ambición. Los objetivos deben mejorar para que las inversiones se aceleren y generen empleo de calidad, investigación e implantación de las diferentes energías renovables. La electrificación de la demanda debe ser el objetivo principal ya que es el vector energético del futuro.
Si los proyectos renovables que están solicitando acceso y conexión a la red son casi 10 veces más que lo que se prevé instalar de aquí a 2030, ¿puede decirse que hay especulación en el sector de las renovables? ¿quién la provoca? ¿cómo se podría evitar?
Es un problema que hay que atajar cuanto antes. Los especuladores han solicitado todos los puntos de acceso y conexión que han podido porque saben que es un bien escaso ante la gran cantidad de potencia a instalar, haciendo de un proceso administrativo un vector de transacción para obtener rentabilidad, cuando, en muchos casos, no hay un proyecto real detrás. Nos parece importante desligar la potencia autorizada de la potencia evacuable, norma que permitirá optimizar la capacidad de evacuación de nuestras redes. Echamos en falta el establecimiento de medidas específicas que dificulten los procesos especulativos generados por la disponibilidad de un permiso de conexión, introduciendo limitaciones a su transaccionalidad.
¿Qué relación mantienen con las asociaciones empresariales de renovables?
Siempre ha sido muy buena. De hecho, colaboramos en alianzas y asociaciones. En cierto modo compartimos los mismos objetivos e idearios de descarbonización, la simbiosis y el apoyo mutuo es la mejor vía para alcanzar dichos objetivos, contribuyendo a incentivar también una industria de las renovables fuerte a nivel nacional.
¿Si tuviera que quedarse con dos decisiones positivas tomadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia energética, y otras dos medidas, llamémosle decepcionantes, cuáles serían?
Hay que tener en cuenta que la batería normativa para favorecer y acompasar la transición energética por parte del Gobierno ha sido asombrosa, incluso con el confinamiento y las restricciones a causa de la Covid 19. La aportación ha sido positiva, pero si especificamos, la creación del Anteproyecto de Ley del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) supone un acto de justicia con los consumidores eléctricos y un avance hacia la transparencia en la fijación de costes. Además, la planificación de nuevas subastas de renovables, abandonado el marginalismo y la no fijación de un precio suelo y apostar por la madurez tecnológica para los proyectos, supuso un gran avance por parte del Miteco.
Por el contrario, no hablaría de políticas decepcionantes, sino más bien de ausencias y contenidos ambiguos. La ausencia de desarrollo del muy bien intencionado pero estancado Real Decreto 244/2019, para el avance del autoconsumo compartido y los coeficientes dinámicos. En cuanto a la ambigüedad, los diferentes objetivos contenidos en el PNIEC y en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (CCyTE), que si ya son bajos per se, son desiguales, con un 23% y un 20% respectivamente.
¿Qué diría a quienes critican que el FNSSE es un instrumento para pagar “la fiesta de las renovables”?
Están negando un acto de justicia y de corresponsabilidad entre vectores energéticos que se debería haber llevado a cabo hace 10 años. Ahora llega tarde, aunque por lo menos tenemos el Anteproyecto de Ley. La fiesta, por desgracia, sigue siendo de los combustibles fósiles, siendo muy necesario que el FNSSE se mejore y se apruebe, como proponemos en nuestro nuevo informe, además de avanzar en la fiscalidad verde y activa en los Presupuestos Generales del Estado y en la Ley de CCyTE.
¿Grandes proyectos o generación distribuida y autoconsumo?
Son complementarios entre sí. El modelo de transición energética descentralizado y distribuido es el que más beneficios aporta, acercando la generación al consumo y aumentando la gestión de la demanda, demanda energética tan elevada que los grandes proyectos son necesarios para cubrirla. Ahora bien, los megaproyectos han de respetar un bien limitado, como es el suelo fértil, más teniendo en cuenta que la agricultura y la ganadería son un sector que componen el 2,8% del PIB nacional y el gran número de familias que dependen de un producto básico de suministro como es la alimentación. Con la gran superficie de tejados disponibles en nuestras ciudades, la generación en el punto de consumo supone una oportunidad que hay que impulsar a través de los planes estratégicos nacionales, con objetivos sobre la demanda final, favoreciendo y agilizando la batería de trámites administrativos.
• Esta entrevista se ha publicado en el número de febrero de Energías Renovables en papel. Aquí puedes descargar gratis la revista en PDF.
