Nacida en 2010, Anpier, que cuenta con más de 5.000 socios (personas físicas y jurídicas de todas las comunidades autónomas del Estado), acaba de reelegir como presidente a Miguel Ángel Martínez-Aroca (segunda reelección, tercer período al frente de esta asociación histórica). Pues bien, de esa renovación de confianza en su persona, de los volantazos regulatorios que tanto perjuicio económico han causado a los pequeños productores españoles de energía fotovoltaica, de la quinta edición del Camino del Sol (emblemática acción-movilización reivindicativa con la que Anpier lleva años defendiendo los derechos de sus asociados) y del presente y futuro más inmediatos (de la situación actual y de las perspectivas de los pequeños y medianos productores fotovoltaicos) nos habla, en primera persona, Martínez Aroca.
¿Por qué ha querido volver a presidir la asociación de los pequeños productores fotovoltaicos? ¿Qué le motiva?
Es un verdadero honor que una masa social tan amplia como la que asocia Anpier, 5.000 productores fotovoltaicos de toda España, renueve su confianza en mi persona, y que, además, lo haga por aclamación es una satisfacción enorme; pero esto supone también una gran responsabilidad y una importante carga, que asumo con el ánimo del primer día, convencido de que nuestra causa es justa y de que los pioneros de la fotovoltaica en España merecen un reconocimiento por el esfuerzo personal que llevan más de 12 años realizando, y una compensación por todo el quebranto económico sufrido en la última década.
Con respecto a las motivaciones, son muchas y han ido variando a lo largo de los años. En un principio me movió el compromiso con todos los paisanos de mi región, con esas familias de agricultores y ganaderos de Murcia que habían puesto todos sus ahorros en el desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica, que fueron llamados por el Estado para hacer una contribución decisiva pare evitar el cambio climático, a través de una inversión ética que, en la inmensa mayoría de los casos, era la única y más importante inversión que habían podido hacer y en la que depositaban la esperanza de una jubilación digna.
Ese impulso permanece inalterado, defendiendo a las familias pioneras de todo el Estado español que sufren recortes retroactivos salvajes. Luego vas conociendo los motivos, falaces, que motivaron los recortes que sufrimos, puesto que nos atribuían el déficit de tarifa y los altos precios de la energía, algo que en los últimos meses se ha demostrado que era radicalmente falso y que obedece a las deficiencias del mercado mayorista, y constatas las injusticias que dominan un sector, como es el eléctrico, dominado por unos pocos operadores.
Cuando estás conectado con todas estas dinámicas y sientes que dejar esta responsabilidad es debilitar las posibilidades de lograr una compensación para este gran colectivo, cuando ves a tus asociados trasladándote agradecimiento y felicitación por el esfuerzo, si se conservan energías para seguir en la brecha, y yo las conservo, es inevitable mantenerse en la vanguardia de esta batalla contra la mayor injusticia que se ha visto en una democracia real: un Estado que burla a sus ciudadanos y trata de confundir a la sociedad para legitimar una injusticia que los tribunales internacionales no aceptan. Por eso, los inversores extranjeros sí están logrando la justicia que a nosotros nos niega nuestro propio país.
Hágame un balance breve de los últimos cinco años.
Ha sido un periodo de sobresaltos y de lucha intensa. Hemos consolidado un modelo de asociación que ofrece servicios muy profesionales a sus asociados en todas sus áreas. Tenemos un equipo muy experto, yo diría que la referencia en las cuestiones de gestión de instalaciones de generación renovable, con asistencia técnica, jurídica y fiscal. Somos una entidad que aporta alegaciones de interés general a todas las disposiciones del sector eléctrico en desarrollo, porque somos productores y, también, ciudadanos, y esa doble visión nos aporta un criterio muy equilibrado. En lo que se refiere a la representación y defensa de los intereses del productor pequeño, puedo decir que logramos tener representado a nuestro colectivo en los más importantes foros sectoriales y administrativos. Hemos logrado avances importantes, como la fijación del 7,39% por doce años, evitando un recorte adicional, que hubiera sido ya el golpe definido; pero esto nos parece absolutamente insuficiente, son pequeños avances, la reparación no se ha alcanzado y, aunque ésta sea parcial, es necesaria.
¿Se ha reparado de algún modo el acoso y derribo que sufrieron las 65.000 familias que atendieron las sugerencias del Gobierno de España y decidieron hace 15 años invertir sus ahorros en la fotovoltaica?
Como decía, tan solo se ha evitado un recorte adicional, con el anclaje de esos 12 años de la rentabilidad del 7,39%. Estaba prevista una demolición de nuestro sector de generación pionero y social; eso se evitó y ahora tenemos una precaria estabilidad, las mermas son brutales, con recortes de hasta el 40% de los ingresos que estaban previstos y que motivaron nuestro esfuerzo inversor. Tenemos un compromiso expreso del Gobierno, recogido en el propio programa firmado por PSOE y Unidas Podemos. Esperamos que este compromiso se materialice y que no seamos víctimas de una nueva burla. El colectivo espera que esa medida se conozca pronto y se pueda hacer efectiva. Estamos en manos del Ministerio para la Transición Ecológica, que es quien debe articular una medida, la medida que nos han prometido de forma reiterada y que se plasma en el Programa.
Vemos que los fondos internacionales obtienen laudos favorables, uno tras otro, que les otorgan rentabilidades por encima del 12%, cuando las nuestras están entre el 4% y el 6,5%, recordemos que no es una inversión financiera, que el “principal”, la planta, se extingue al final de la vida regulatoria y, por tanto, no se recupera y, por otra parte, es una actividad que tiene muchos gastos en operación, mantenimiento y gestión en general, por no hablar de los imprevistos en forma de averías por inclemencias climatológicas o robos. Esto no es dejar un dinero en el banco y luego obtener el principal más los intereses sin ningún tipo de molestia. Nuestra actividad es productiva, son fábricas de energía.
¿Qué falta por hacer? ¿Estamos más cerca de esa reparación?
Hay que reconocer el esfuerzo de este colectivo, hace falta una reparación moral, explicar a la sociedad que hemos sido los que dieron el primer paso en la transformación ecológica, con sus ahorros, hipotecando sus propios hogares para madurar la tecnología clave, la fotovoltaica, un compromiso aceptado y cumplido. La fotovoltaica es energía autóctona, limpia y barata. Por otro lado, es precisa esa medida de reparación económica, comedida, modesta, pero que debe hacerse efectiva. Los fondos están logrando reparaciones económicas importantes, nosotros merecemos una compensación, por modesta que esta pueda ser. Es de justicia. No habrá transición justa en España sin esta reparación moral y económica.
Vemos cómo muchas inversiones que nunca fueron pedidas por el Estado y que no aportan valor social ni tecnológico son, para nuestra sorpresa, rescatadas por el Estado, hablamos de infraestructuras que fueron innecesarias o del rescate de la banca. Nuestras inversiones fueron pedidas por el Estado, eran necesarias para emprender la transición ecológica, están en funcionamiento y abaratan la energía. Sin embargo, con nosotros han hecho a la inversa, no han cumplido con el compromiso adquirido y nos han destrozado.
La seguridad jurídica se ha verificado siempre en los sectores regulados, en el energético hemos asistido a disparates regulatorios que han sido tremendamente gravosos para los consumidores; pero se han aceptado en nombre de la estabilidad regulatoria. Sin embargo, cuando se ha tratado de nosotros, a pesar de que todo lo que hicimos entraba en una lógica que se ha cumplido en el resto de Europa, han arrasado con nuestros activos. No nos hemos cruzado de brazos ni lo vamos a hacer, podemos ser pacientes; pero no consentiremos que se nos engañe por enésima vez: hay un compromiso justo de reparación contemplado en el programa de Gobierno y estamos esperando a que se cumpla.
Usted ha defendido siempre que la transición energética tiene que ser social, abierta a los ciudadanos, los pequeños inversores. ¿Lo está siendo?
Se ha establecido una intuitiva asociación: el autoconsumo es la clave de bóveda para verificar esta socialización de la energía. Sin embargo, esta visión no es, a mi juicio, completa. Siendo el autoconsumo una solución óptima y deseable, no aprovecharemos todo el potencial que nos ofrece la fotovoltaica para socializar la transición energética. Dar acceso a nuestras pymes para implantar pequeños parques que puedan vender su producción a través de las redes de distribución debe impulsarse regulatoriamente para fijar riqueza en nuestros territorios. El autoconsumo es ahorro y la generación eléctrica para venta son ingresos. No debe priorizarse lo uno y negarse la otra. No es coherente ofrecer líneas de ayuda para el autoconsumo y no facilitar a nuestras pymes la posibilidad de comercializar producción de electricidad, negocio que se está entregando a los grandes desarrollos de multinacionales con capital foráneo, entre otras cosas porque el autoconsumo es y será una pequeña parte delconsumo eléctrico, mientras que el suministro a través de las redes es y será la parte fundamental del mercado eléctrico.
Regalar la generación a grandes operadores e inversores es una deslealtad con los ciudadanos, con los administrados. Nuestro patrimonio, nuestro sol, nuestra tierra y nuestras redes deben beneficiar a los españoles y no a un selecto grupo de inversores, en muchos casos foráneos. Se le dice al ciudadano que es más barata la energía de grandes plantas, y esto es cierto: los beneficios de estas instalaciones son mayores por economía de escala, pero eso no quiere decir que nos suministren energía más barata. Esto no se verifica ni se verificará en la práctica. Se está burlando con este argumento al ciudadano, porque, si aplicamos ese criterio a cualquier ámbito productivo, se podría favorecer que se instale una ferretería por cada ciudad o una lavandería por cada 100.000 habitantes; pero aquí no entran, son sectores que no interesan a los grandes fondos, da la sensación de que los sectores esenciales para el ciudadano y, por tanto, más robustos en lo que a su viabilidad se refiere, terminan siendo “sectores regulados”, en ocasiones pienso que en todas partes hay oligarcas que gozan de sectores “regalados” que se disfrazan con el eufemismo de “regulados”.
¿Por qué cree que ha surgido un movimiento en contra de las renovables que, sobre todo, denuncia su impacto ambiental? ¿No le resulta paradójico?
En parte es normal que esté ocurriendo. La transición energética es fundamental y, por lo tanto, es preciso sustituir las instalaciones de generación contaminantes por plantas fotovoltaicas y aerogeneradores, fundamentalmente. El problema está en el modelo de propiedad. Las instalaciones de los años 2007-2009 no supusieron ningún movimiento social en contra. La sociedad es sabia y entendía que esos parques eran el futuro; pero su impacto ambiental y paisajístico era limitado y, además, en muchos casos, estaban participadas por sus vecinos. Ahora se encuentran con megainstalaciones de hasta mil hectáreas que transforman el paisaje sin que perciban ninguna aportación para el territorio ni para sus paisanos, así que se generan estos movimientos. Si los parques fueran pequeños y pertenecieran a sus vecinos, no se producirían estas protestas.
Admitimos que es preciso que tengamos instalaciones más grandes de lo que nos gustaría, pero las ubicaciones deberían ser determinadas por un criterio de ordenación del territorio y de armonía con paisajes y entornos. Esto es posible si las administraciones lo regulan. Al no hacerlo, los promotores prefieren ubicaciones más cómodas para la construcción y la operación y, por lo tanto, más económicas para el proyecto, junto con que tener la planta cerca de la evacuación evita infraestructuras adicionales que, igualmente, penalizan un poco las rentabilidades. Por lo tanto, si se hubiera promovido una política que fomentara inversiones locales y en formato pequeño de generación distribuida, tendríamos un modelo más equilibrado en lo ambiental, paisajístico y social.
Pero se ha optado por un modelo a medida de la especulación de aquellos grupos de inversión intensivos en capital que procura maximizar sus beneficios y, en torno a ellos, ha brotado un torrente de movimientos especulativos desordenados que tiene la evacuación bloqueada con una cartera de megavatios que triplica los que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 tiene previstos. La planificación de objetivos para el año 2050 se ve bien definida. Tenemos el ¿qué queremos? Pero nos hemos olvidado del ¿cómo lo queremos los ciudadanos? Y lo que los ciudadanos no queremos es lo que vemos: desmesura, especulación, anarquía y unos criterios que no socializan los beneficios de la generación de la energía. Nos quieren hacer creer que socializar la energía es autoconsumo y comunidades energéticas. El ánimo de lucro en la generación de energía parece que es pecado cuando se trata de pymes y ciudadanos.
La tercera subasta de renovables del Gobierno de Pedro Sánchez, prevista en principio para el 6 de abril, se está retrasando. ¿Sabe para cuándo está prevista? Esa subasta pretende reservar 140 MW a instalaciones fotovoltaicas de hasta 5 MW y que tengan un carácter local. Pero ese epígrafe quedó prácticamente desierto en la subasta anterior. Primero: ¿por qué? Y segundo: ¿qué pasará en esta ocasión?
Realmente no lo sé. Si es sincero el deseo de que entren instalaciones de pequeña potencia, se adecuará en precio de corte. Si no es sincero, se fijará un precio de corte megavatio hora que dejará fuera todas las iniciativas pequeñas, que deben hacer números para que les deje alguna rentabilidad el proyecto, como es lógico. Con el precio de corte de la anterior subasta no salían los números para instalaciones de hasta 5 MW. Por eso quedaron todos estos proyectos fuera. Porque los números no salen. Insisto, si es sincero el interés por dar entrada a estos parques pequeños y sociales, el precio de corte se adecuará a sus realidades; si no lo es, se planteará un precio de corte inasumible y volverá a quedar desierto. Será una burla.
¿Qué le pasa por la cabeza cuando ve las noticias que llegan de Ucrania? ¿Piensa que las renovables pondrán más difíciles guerras como la de Putin?
Cada instalación fotovoltaica es un paso más en independencia energética. Esto lo venimos diciendo desde hace años: la soberanía energética es esencial para la competitividad y el bienestar de los españoles, y la mayor firmeza se logra en generación distribuida, porque se reparten los ingresos del sistema entre pymes y comarcas, por una parte, y porque se garantiza un suministro eficiente y de calidad, por otra. En nuestras manos está, España es un territorio privilegiado para la generación fotovoltaica y eólica. Ahora queda avanzar en esta dirección y que los ciudadanos sean protagonistas y beneficiarios reales de esta gran transformación, para no quedar a merced de tiranos externos, ni internos.
Entrevista exclusiva publicada en la edición de mayo de 2022 de Energías Renovables (ER 211)
