– ¿Qué han venido a denunciar?
La denuncia que presentamos, realizada como abogados voluntarios para la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, pretende solicitar a la Comisión Europea que incoe un nuevo procedimiento contra España, porque consideramos que la legislación española en materia de renovables, en concreto el RD 413/2014 y la orden ministerial IET/1045/2014, choca frontalmente con el Derecho Europeo en algunos aspectos.
– ¿Por ejemplo?
Uno de los más evidentes es el principio europeo de confianza legítima. Según este principio, que es diferente del principio nacional de confianza legítima, el derecho no puede quebrantar las expectativas concretas conferidas a los administrados mediante normas posteriores e imprevisibles que se apliquen a situaciones existentes antes de la publicación de la norma. Es decir, que España no puede garantizar, Boletín Oficial del Estado mediante, que ofrecerá una retribución concreta a los productores de renovables durante un periodo determinado, y de un día para otro, decidir que ya no será así, y empezar a reducir la retribución mediante todo tipo de triquiñuelas, como limitar el máximo de horas retribuidas, imponer un impuesto del 7%, dejar de actualizar la retribución según el IPC y, finalmente, cambiar totalmente el sistema.
– ¿Por qué presentan esta denuncia en Bruselas, en lugar de hacerlo en España?
También lo hacemos en España. No son vías opuestas sino complementarias. En España, lo hemos denunciado y lo seguiremos denunciando en nombre de los cientos de productores a los que representamos, y allí pediremos una cuestión prejudicial, para que el Tribunal Europeo se pronuncie sobre si los recortes a las renovables en España respetan el Derecho Europeo. Es esencial compaginar estas dos vías, porque la Comisión no actuará si primero no se intenta pelear el caso a nivel nacional, y los tribunales nacionales presentarán más fácilmente una cuestión prejudicial si la Comisión Europea también está investigando el asunto.
– Últimamente se acumulan las denuncias contra España en arbitrajes internacionales. ¿También utilizarán esta vía?
Por el momento no. Respetamos plenamente los arbitrajes y celebramos que los inversores internacionales los utilicen, pero nuestra tarea es encontrar también vías para los productores nacionales. Y es aquí donde entra en juego el Derecho Europeo. Nos permite salirnos del derecho nacional, pero sin que los sujetos que lo invocan tengan que ser extranjeros.
– ¿Qué esperan de la Comisión Europea al presentar esta denuncia?
Nuestro objetivo es que inicie un procedimiento contra España, primero informativo y luego de incumplimiento. De momento ya hemos logrado que se abran dos procedimientos informativos contra España por el impuesto eléctrico del 7%, y ahora esperamos que también los recortes a la retribución generen nuevos procedimientos. Para nosotros es muy importante que la Comisión Europea tenga dudas sobre la conformidad de la normativa española con la europea, porque así los tribunales nacionales no podrán negarse a presentar una cuestión prejudicial.
– ¿Creen que se pueden llegar a anular normas nacionales con rango de Ley mediante una cuestión prejudicial?
Por supuesto que se puede. No hay que olvidar que el Derecho Europeo tiene primacía sobre el nacional, y esto quiere decir que cuando hay una incompatibilidad normativa entre una norma española y una norma europea, la europea prevalece. La cuestión prejudicial es uno de los mecanismos para apreciar esa incompatibilidad y el único tribunal competente para pronunciarse es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo.
– ¿Hay algún precedente de este tipo?
Sí, muchos. Es muy frecuente que España sea declarada incumplidora en Luxemburgo. Por citar algunos ejemplos más mediáticos, tenemos los casos del canon digital, del céntimo sanitario o de la Ley Hipotecaria, en los que España tuvo que modificar su normativa a incluso devolver miles de millones de euros por incumplir el Derecho Europeo.
– Mañana hay convocada precisamente una manifestación en Madrid para defender las renovables y la seguridad jurídica.
Así es. Y nos gustaría animar a todos los lectores de Energías Renovables a acudir a esa manifestación convocada por Anpier y apoyada por numerosas asociaciones y partidos políticos en favor de las energías renovables, la seguridad jurídica y la honestidad.