Pese a que la naturaleza, la escala y el impacto de los avances relacionados con la energía renovable marina pueden variar de manera significativa, todos ellos requieren de una aprobación que depende de si el entorno receptor puede verse alterado de manera significativa. El modo de dirimir esta cuestión se basa en investigaciones y análisis de parámetros ambientales específicos con el fin de garantizar que se cumplan las normativas generales en materia de medio ambiente.
El coste y el tiempo que requieren estas evaluaciones de impacto ambiental –junto con la incertidumbre que rodea a los posibles efectos para el medio ambiente derivados de las tecnologías que se precisan– siguen representando escollos fundamentales para el desarrollo de este sector. Esto implica que el potencial de la energía eólica, undimotriz y mareomotriz de Europa no se está aprovechando completamente, según los investigadores.
El proyecto Ricore (Risk-based Consenting for Offshore Renewables), en el que han participado investigadores de Irlanda, España, Portugal, Francia y Escocia, y del que informa el portal Cordis, ha permitido desarrollar soluciones prácticas ideadas para favorecer la puesta en marcha de estas instalaciones.
"Nos dedicamos a desarrollar un novedoso método de evaluación basado en los riesgos para obtener la autorización necesaria, ideado con el fin de reducir los costes y el tiempo requeridos", explica David Gray, coordinador del proyecto y profesor de la Universidad Robert Gordon de Aberdeen (Reino Unido). "Descubrimos que si se utilizan perfiles de riesgo, científicos y legisladores necesitarán una menor cantidad de datos de prospección para determinar la viabilidad de instalar tecnologías ya conocidas en áreas de baja sensibilidad ambiental".
Proceso de aprobación
Para alcanzar sus objetivos, el proyecto procedió a caracterizar los procesos de aprobación de los Estados miembros, analizando el modo en que se abordan los riesgos en dichos procesos y cómo se ajustan a los requisitos jurídicos de la UE.
"Nos encontramos con que no existía ningún proceso de aprobación específico para la energía renovable marina. La falta de claridad y de directrices concretas y la existencia de múltiples autoridades competentes son factores que pueden dificultar sobremanera la aprobación de un proyecto", afirma Gray. "Lo deseable sería disponer de pautas que permitan explicar los métodos de evaluación basados en los riesgos a los legisladores y desarrolladores, entre otros colectivos que se benefician del mar".
Con este fin, el proyecto cimentó su trabajo en un conjunto de directrices ya existente denominado política de “análisis, implantación y seguimiento”(SDM, Survey, Deploy and Monitor) para incorporar al sector de la energía renovable marina todas las tecnologías relevantes y para garantizar que las pautas de SDM puedan aplicarse conforme a un método de caracterización de riesgos. El equipo elaboró una serie de recomendaciones, entre ellas establecer criterios comunes para valorar la sensibilidad ambiental en cada lugar concreto, así como actualizar y revisar las evaluaciones del impacto ambiental previsto en el caso de cada tecnología.
Implantación del nuevo método
De cara a extrapolar al ámbito práctico este tipo de métodos, el proyecto diseñó directrices para la realización de estudios previos a la aprobación en los Estados miembros que tienen en consideración el conocimiento generado en análisis anteriores.
También se compiló información sobre prácticas de seguimiento previas a la aprobación y relativas a diversos aspectos ambientales, como pueda ser el impacto posible para las aves y los mamíferos marinos, los peces y los crustáceos. "Un análisis destinado a valorar la información disponible puede ayudar a identificar datos concretos que resultan necesarios para los legisladores", comenta Gray.
Por último, el proyecto puso sus miras en determinar buenas prácticas a adoptar en las estrategias de seguimiento tras la aprobación y la construcción de las instalaciones. "En la actualidad, los Estados miembros no disponen de estrategias coordinadas para llevar a cabo un seguimiento operativo", expone Gray. "Resulta necesario adoptar un enfoque centrado en problemas específicos y que las autoridades competentes se impliquen en ellos en mayor medida a fin de garantizar que las labores de seguimiento estén encaminadas a dar respuesta a las cuestiones adecuadas. A este respecto, los legisladores deben aplicar métodos basados en los riesgos".
