El estudio ayer presentado por la asociación ACA ha seguido la propuesta metodológica del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV), que plantea la utilización de cuatro indicadores principales: dos de ellos proceden de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV); mientras que los otros dos salen de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). En el año 2016, de acuerdo con el enfoque de percepciones y declaraciones del hogar (Encuesta de Condiciones de Vida, ECV), un total de 6,8 millones de personas, cantidad equivalente al 15% de la población residente en España, estaría sufriendo temperaturas inadecuadas en la vivienda o retraso en el pago de recibos, o ambos.
De ese colectivo, destacan los 2,8 millones de personas que declararon tener dos o más retrasos en el pago de recibos en los últimos 12 meses (el 6% de la población). Aunque las cifras se encuentran ligeramente por debajo de los máximos alcanzados en 2014, el estudio de ACA revela que la media del país continúa estando por encima de la media de la UE en ambos indicadores, “una tendencia observada por primera vez en el año 2014 pero que ha continuado en los dos siguientes años”.
El año 2016 también ha sido el primero en el que ACA ha podido evaluar cuántos de los hogares que se declararon incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada se vieron obligados a dejar de disponer de algunas de sus fuentes habituales de energía. La Asociación ha revelado así que “el 2% de la población, cerca de 900.000 personas residentes en España, sufrió en 2016 algún tipo de desconexión de suministro energético en su hogar”. Se trataría, por tanto, de un sector de población con un alto nivel de vulnerabilidad.
El estudio también ha utilizado otros dos indicadores, procedentes de los datos de la EPF (Encuesta de Presupuestos Familiares), que permiten –explican desde ACA- observar dos tipologías de situaciones analizando la relación de gastos e ingresos: por un lado estarían aquellos hogares con una carga energética (porcentaje del gasto en energía sobre ingresos) mayor que el doble de la mediana del país, es decir, aquellos hogares que realizan un sobreesfuerzo para disponer de la energía doméstica necesaria.
El estudio suma un cuarto indicador principal para detectar hogares que pueden estar sufriendo lo que se denomina como “pobreza energética escondida”. La Asociación se refiere como tales a aquellos hogares que están gastando una cantidad inusualmente baja, en concreto, aquellos que gastan menos del gasto mediano del país. De este modo, en 2016 un 29% de la población del país (13,2 millones de personas) estaría en dificultades de acuerdo con alguno de los dos indicadores del enfoque de gastos e ingresos del hogar.
Diferentes estrategias para diferentes grados de vulnerabilidad ante un problema multipolar
Según el estudio hoy presentado, la pobreza energética puede mostrarse en los hogares de formas muy diferentes y cada uno de los 4 indicadores escogidos muestra diferentes consecuencias que vive un hogar en esta situación. El cruce entre los diferentes indicadores permite identificar grupos con diferentes grados de vulnerabilidad frente a la pobreza energética, y por tanto que requieren diferentes soluciones.
El análisis indica que hasta 1,5 millones de personas en España tenían un gasto excesivo en energía y aun así se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno. El solape de estos dos indicadores estaría identificando un grupo de población en el que deberían priorizarse las medidas de mejora de la eficiencia energética de su vivienda; por el contrario, el grupo formado por aquellos hogares con bajo gasto y retrasos en los recibos, formado por 700.000 personas, dibuja un colectivo más vulnerable en el que las medidas estructurales deben acompañarse con un apoyo al pago de las facturas.
Desigualdad: población con bajo nivel de formación, desempleados, viudas…
Algunas características determinan grados de vulnerabilidad diferentes y permiten detectar colectivos a los que habrá que prestar especial atención. La presencia de menores en la vivienda, el bajo nivel formativo, el desempleo o la existencia de prestaciones como fuente de ingresos principal, la temporalidad de los contratos, las familias monomarentales o aquellas en las que la persona principal es viuda son algunas de las características que muestran tasas más altas de incidencia de la pobreza energética. También influye, según el Estudio, la presencia de personas en el hogar que declaren tener mala salud o algún problema crónico, así como el régimen de tenencia, siendo más vulnerables los hogares en régimen de alquiler.
De igual modo, los diferentes niveles de renta o las diferencias entre las distintas comunidades autónomas reflejan gradientes claros de desigualdad energética entre diferentes grupos poblacionales. A pesar de la leve reducción de los indicadores principales en los últimos años –apunta ACA-, “dicha mejora no ha llegado a los hogares con menos ingresos, que siguen teniendo índices de pobreza energética mucho más elevados en 2014 y 2017, con respecto a 2007”.
El nuevo estudio recoge un conjunto de propuestas y recomendaciones
Finalmente, el estudio aborda una completa batería de medidas y recomendaciones que ACA propone frente a la pobreza energética, con el foco puesto en la priorización de las medidas de tipo estructural en combinación con medidas paliativas, fomentando medidas como la rehabilitación energética de los edificios, la información, formación y empoderamiento de la ciudadanía, la necesidad de mejorar las fuentes de datos para la medición o de ahondar en la relación dual que existe entre la salud y la pobreza energética.
El I Encuentro Estatal sobre Pobreza Energética ha sido desarrollado gracias al apoyo de la Fundación la Casa que Ahorra, Endesa, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), Gas Natural Fenosa y el Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV). Además, el conjunto del proyecto ha sido posible gracias al apoyo de otras entidades; ISTA, WWF, Fundación Conama, Cruz Roja Española y Ecooo y de muchas personas que desinteresadamente han apoyado el proyecto.
Este informe ha recibido financiación de la Unión Europea por medio del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 bajo el acuerdo de subvención Marie Sklodowska- Curie número 752870.
Nota
Los gráficos con los resultados para la electricidad doméstica indican que si bien a principios del periodo de análisis (2008) los precios en España eran prácticamente iguales a los de la UE, posteriormente ha habido un incremento de precios muy superior al del promedio de la UE, que aún se mantiene. Como consecuencia, España era en 2016 el cuarto país con la electricidad más cara después de Portugal, Alemania y Rumanía si nos fijamos en los precios con todos los impuestos incluidos; en el caso de los precios antes de impuestos España era el Estado Miembro con la electricidad más costosa seguido de Polonia. Además, España fue el país donde el precio de la electricidad libre de impuestos más aumentó (un 65%) entre 2008 y 2016. Si miramos precios con impuestos, España fue el tercer país donde más aumentó el coste unitario de la electricidad para el consumidor doméstico después de Letonia y Grecia.
